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Gobierno demora pedido de renuncia de los ediles en Salto Grande mientras blancos discuten cómo ejecutarlo
Las consecuencias de la interpelación del martes por las denuncias de clientelismo en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande tiene por estas horas una dimensión nacional que no termina de cuajar en la lógica departamental.
El gobierno y los delegados políticos uruguayos ponen paños fríos a la situación al menos hasta la reunión del próximo miércoles 11 con la contraparte argentina, aseguraron fuentes del oficialismo a El Observador.
Pese al pedido unánime de la Cámara de Diputados –tras arduas negociaciones en la coalición– para que Salto Grande "promueva en forma inmediata el cese de todos los contratos" por designaciones directas "en forma discrecional", y "en particular" la de los ediles de la 404 del Partido Nacional en Salto, el gobierno aguantará al menos hasta la semana que viene el pedido de renuncia, mientras el líder blanco en el norte, Carlos Albisu –que debió renunciar a la presidencia de la delegación tras las denuncias del Frente Amplio– intenta alinear a los dirigentes implicados, según reconstruyó El Observador.
"El presidente dijo el otro día muy claro, en Colonia Lavalleja (Salto), que iba a analizar una vez que viniera el oficio del Parlamento. Creo que llegó ayer en la tarde", dijo el viernes el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, al ser consultado por el periodista Leonardo Sarro. Lacalle Pou había afirmado que "no hay ilegalidad, ni corrupción", pero "sí un abuso indiscriminado de un mecanismo de ingreso" que tras la interpelación llevaba a "actuar en consecuencia".
El nuevo presidente de la delegación uruguaya, Martín Burutarán (secretario de Albisu, en su momento), presentará el próximo miércoles a su homónimo argentino Luis Benedetto las instrucciones enviadas por el canciller Francisco Bustillo el mismo día de la interpelación. El documento de tres páginas, al que accedió El Observador, instruye a "proceder" a "la presentación de propuestas dentro del organismo binacional" para modificar el controversial Estatuto de Personal.
El miembro interpelante, Nicolás Viera (MPP), había cuestionado el martes que los anuncios del Poder Ejecutivo para revertir la situación eran "sin hablar con la República Argentina, contraparte y actor clave", y en efecto, los delegados uruguayos apuestan a lograr dichos cambios en las próximas semanas, aseguró a El Observador un jerarca en Salto Grande.
La propuesta del gobierno busca reescribir el artículo 4.01 parra que la selección de personal a la hora de llenar vacantes sea "como regla general" mediante concurso. El canciller también arremetió contra la disposición –acordada en junio de este año– que establece que la única forma de cesar funcionarios sea por sumario, lo que por la vía de los hechos permite que alguien nombrado políticamente quede a planta permanente.
"El alcance de esta condición resulta no adecuado en el marco de la gestión (...) Entendemos que dicho articulo debe ser derogado. Los procedimientos de investigación administrativa y sumario pueden ser mecanismos adecuados para la determinación de un despido con justa causa, pero no para ser aplicados en todas las situaciones que el devenir institucional puede colocar a la entidad en la necesidad de terminar un vínculo laboral", instruyó Cancillería.
Entre otras modificaciones sugeridas, el gobierno encomienda a derogar el artículo que referido a las compensaciones por retiro incentivado, que permiten cobrar un porcentaje de entre el 70% y el 80% del sueldo durante cinco años sin trabajar y antes de alcanzar la edad de retiro. "Si el empleado desea retirarse puede hacerlo pero no tiene derecho al cobro de compensación alguna. Si se reintegra lo hará en su cargo puesto de trabajo y categoría".
"Se deberá recategorizar la relación laboral de los 22 ingresos directos como empleados y los 10 contratos ingresados luego como empleados. Todas estas personas deberán pasar a la condición de contratados", indicó la Cancillería, lo que implica que caduquen al final del período. "Los contratos serán por periodos de un año renovables sin límites de renovación y estos funcionarios no pasarán a la situación de empleados", añadió.
En otro punto, Relaciones Exteriores estableció que "ningún nuevo cargo o puesto de trabajo" puede crearse "sin poner en conocimiento a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto".
Cualquiera de estas medidas precisarán el aval de Argentina para aprobarse.
Reuniones en lo de Albisu y el dilema blanco
En paralelo, Albisu recibió este jueves de noche en su casa a otros referentes de la 404, según supo El Observador. Los dirigentes de la 404 discuten por estas horas que si alguien pone la renuncia sobre la mesa, deben hacerlo en bloque. "Y si renunciamos todos, ¿quién asume? ¿Quién gestiona Salto Grande? ¿El Frente Amplio? Hay un gobierno de coalición electo", graficó un jerarca en Salto Grande al tanto de esas conversaciones.
"El FA viene, nos pega tres gritos, ¿y hay que salir a renunciar? Yo no voy a renunciar, nosotros no vamos a renunciar", había dicho dos semanas antes de la interpelación la edila Florencia Supparo, jefa de Unidad de Soporte de Gestión de Materiales en Salto Grande, entrevistada por el Canal 4 de Salto. La dirigente, cuyo caso tomó relevancia porque el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) la cesó por desempeñarse al mismo tiempo en el organismo binacional, añadió que a su entender Albisu no debería haber renunciado, y así se lo dijo.
Entre las posibilidades intercambiadas en el Partido Nacional en Salto estuvo la posibilidad de renunciar para descomprimir la situación y asumir nuevamente con contrato a término con el nuevo estatuto solicitado por Cancillería, en la eventualidad de que Argentina haya accedido.
Un frecuente comentario informal entre dirigentes y periodistas salteños, recogidos por El Observador durante una recorrida en el departamento semanas atrás, es que la gestión de Albisu puede haber abusado con las contrataciones –en especial a la hora de contentar solo a los suyos y no a otros correligionarios–, pero que tampoco llegó a apartarse tanto de una tradición histórica con la represa.
Tanto es así que el otorrinolaringólogo se mantiene como el líder indiscutido de los blancos en el departamento y es de estrecha confianza del presidente, con quien se saludó este miércoles durante su visita a Colonia Lavalleja.
El actual presidente uruguayo en la CTM, Burutarán, explora mientras tanto un camino en que los nueve ediles implicados renuncien de forma voluntaria, en tanto no puede cesarlos sin que haya sumario. Si lo hace, el tema pasaría a un Tribunal Arbitral que junto a la parte argentina funciona en Buenos Aires, advirtieron fuentes al tanto a El Observador.
Desde Cancillería advierten en tanto que el tema "es delicado" al no haber habido ilegalidades, al mismo tiempo que el sindicato de trabajadores en Salto Grande comienza a organizar asambleas y arremete contra cualquier cese en la delegación uruguaya.
En la reuniones presididas por Albisu también aparece, según relataron a El Observador, la "prudencia" sobre cómo mantener la estructura que en mayo de 2025 buscará competir por la Intendencia de Salto.
