17 de junio de 2014 18:17 hs

Pese al alerta de inversores de la gravedad que supone colocar topes de precio al 25% de las viviendas de interés social, el gobierno defendió el decreto al decir que existe espacio para realizar este cambio en la reglamentación y que la decisión llegó luego de un largo análisis.

El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, dijo a El Observador que la variante “obedece a un análisis de hace un buen tiempo, cuando se habían comercializado las primeras 1.000 viviendas de interés social y reafirmamos, al tener datos de 1.500 viviendas, que había habido una dispersión de valores respecto a estas viviendas”. “Queremos que se llegue a sectores a medios y altos, y no solamente a sectores altos”.

El jerarca cree que hay “espacio” para instrumentar estos cambios. “Ha habido distintos inversores que plantearon programas con más de 100 viviendas. En todos los casos le propusimos un 25% con un precio topeado, y los inversos aprobaron esa propuesta. Lo que pasa es que cuando uno se acostumbra a algo es difícil revertir”. Con el decreto, ya no será necesaria la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas cuando un proyecto supera las 100 viviendas. Ahora, se tendrán en cuenta “consideraciones urbanísticas”, dijo Beltrame.

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El titular de Vivienda comentó que el decreto apunta, especialmente, a Montevideo. “Tenemos dos realidades. En el interior del país los precios ya están topeados; no pasaba lo mismo en Montevideo, donde los precios se habían disparado”.

Por su parte, inversores y constructores rechazan este cambio en la ley de vivienda social. Pablo Campiglia, contador de la empresa constructora Campiglia que el próximo 3 de julio entregará el primer apartamento amparado en la mencionada ley, estableció que se transformará en riesgoso invertir en un proyecto cuyos precios se topean. “Cualquier tipo de tope atenta gravemente con la posibilidad de llevar adelante el proyecto. Sin tope ya es difícil la cosa”, estableció el profesional.

Sebastián Sommer, un constructor que mayoritariamente trabaja con vivienda de interés social en el interior en donde ya existen topes, señaló que el resultado será “menos oferta”. Explicó que los precios están altos porque los costos lo están y que resulta inconveniente “topear el precio”. “Si no tenés un control del costo, esto va a generar menos oferta”, dijo y agregó: “Cambia el criterio para evaluar el negocio en el que uno decide entrar. La tendencia va a ser construir unidades chiquitas, más incómodas, perdés servicio para el cliente y comodidad. Cada uno va a evaluar si se mete o no se mete por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)”.

La vivienda social es un instrumento que administra la ANV y por el cual se pretende favorecer el acceso a la vivienda y la inversión. Entre sus condiciones se encuentra la obligación de construir lejos de la costa y en zonas que en el pasado estaban olvidadas. La construcción se trasladó en Montevideo a barrios como Cordón, Centro, Barrio Sur, Ciudad Vieja y Palermo.

Con el nuevo decreto, las nuevas construcciones que se atengan a la ley, y que recibirán los beneficios fiscales por esto, en Montevideo deberán en un 25% de sus unidades, cobrar como máximo US$ 91.700 para unidades de un dormitorio, US$ 121.700 para unidades de dos dormitorios y US$ 151.100 para unidades de tres. Para el resto del país: un dormitorio US$ 82.300; de dos US$ 109.200; y las de tres cuartos US$ 135.600.

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