"Argentina va hacia un proceso donde el Estado intervendrá cada vez más en el comercio de granos, como un garante para el almacenamiento de lo que es el abastecimiento interno", dijo el ministro de Agricultura argentino, Julián Domínguez, en una entrevista publicada hoy por el diario Página/12, de Buenos Aires.
Las cuatro mayores patronales rurales de Argentina finalizarán la medianoche de hoy una semana sin comercializar granos en demanda al Gobierno de Cristina Fernández para que ponga fin al complejo esquema de subsidios y cupos de exportación que, a su juicio, distorsiona la formación de precios del trigo.
Según las entidades, que agrupan a unos 290.000 hombres de campo, la intervención gubernamental en el mercado iniciada hace seis años ha eliminado la competencia entre molinos y exportadores por hacerse del trigo, formándose precios de pago a los agricultores muy por debajo de los altos valores que se manejan en los mercados internacionales.
Para esta cosecha se esperan unas 15 millones de toneladas de trigo, casi el doble de lo logrado en el ciclo anterior.
El Gobierno asegura que sus intervenciones buscan garantizar el abastecimiento de la demanda doméstica de trigo, de unas 7 millones de toneladas, a precios razonables frente a la fuerte demanda internacional.
Domínguez dijo en la entrevista publicada hoy que el Gobierno ya ha liberado la exportación de 7 millones de toneladas de la actual cosecha y ha incrementado los créditos a los agricultores.
"La política sobre el trigo cumplió con todos los requerimientos del sector", aseguró el ministro, quien dijo no entender "el sentido de la protesta" de las patronales agrarias, que ya protagonizaron fuertes protestas en 2008, cuando se opusieron a un esquema de impuestos móviles a las exportaciones de granos.
(EFE)
