Economía y Empresas > NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Gobierno negó adelanto salarial para públicos
Autoridades del equipo económico entienden que nivel de inflación en dos dígitos es "algo circunstancial"
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14 de junio de 2016 a las 05:00
Con la inflación en 11% en los 12 meses cerrados a mayo, la preocupación de los sindicatos se ha centrado en tratar de convencer al gobierno para que contemple esa situación en las fórmulas salariales. El Poder Ejecutivo ya había adelantado el miércoles pasado que no estaba dispuesto a atender ese pedido en el sector privado, y volvió a dejar clara su posición el viernes pasado en una reunión con los sindicatos públicos.
Allí, autoridades del equipo económico comunicaron que no habrá un adelanto salarial como pretendían los trabajadores. A comienzo de abril y con la inflación por encima de 10% los sindicatos públicos habían solicitado que se otorgara un ajuste a los trabajadores del sector para evitar que haya pérdida de poder adquisitivo. Una de las iniciativas era que en el mes de julio se otorgara un adelanto de 2,5% a cuenta del próximo ajuste a realizarse en enero de 2016.
Otra fórmula alternativa planteaba que en setiembre los salarios de los públicos tuvieran un ajuste por la totalidad del desfasaje que exista entre el centro de la banda fijada por el Comité de Coordinación Macroeconómica (5%) y la inflación anual. En los primeros cinco meses del año la inflación acumulada se ubicó en 6,66%.
Pero el viernes en la reunión del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, el Poder Ejecutivo despejó dudas y dio una respuesta negativa, cuyos fundamentos serán oficializados hoy por escrito. El argumento manejado por las autoridades del Ministerio de Economía (MEF), considera que la inflación de dos dígitos "es algo circunstancial", que "se corregirá en los próximos meses", dijeron a El Observador participantes del encuentro. Ese pronóstico difiere del que manejan los sindicatos públicos y que consideran que la inflación seguirá por encima de 10%. La mediana de los analistas encuestados a finales de mayo por El Observador esperan una inflación de 10,4% para el cierre del año y de 9,4% para 2017.
Los funcionarios públicos tuvieron en enero un ajuste de 9,44%, correspondiente a la suma del centro del rango meta de inflación fijada para 2016 (5%) y la diferencia entre la variación observada del Índice de Precios al Consumo (IPC) durante el 2015 y el centro del rango meta de inflación fijado para el 2015 (4,44%). El reclamo se basa en el artículo 4 de la ley de Presupuesto 2010-2014 del anterior período de gobierno. Allí se eliminó el gatillo automático para los funcionarios del Estado cuando la evolución de los precios superaba el 10%, pero en su lugar se estableció que si la variación del IPC medida en años móviles en cualquiera de los meses posteriores al ajuste fuere superior al 10%, el Poder Ejecutivo debía convocar al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público para analizar la situación.
La negativa del gobierno será analizada hoy por el Departamento de Trabajadores Públicos del PIT-CNT y mañana habrá un paro parcial de la Administración Central. Entre otros puntos, la medida rechaza el ajuste fiscal dispuesto por el gobierno, que incluye aumento de impuestos enfocado principalmente en los trabajadores de mayores ingresos y las limitaciones en el ingreso de personal a la función pública.
Allí, autoridades del equipo económico comunicaron que no habrá un adelanto salarial como pretendían los trabajadores. A comienzo de abril y con la inflación por encima de 10% los sindicatos públicos habían solicitado que se otorgara un ajuste a los trabajadores del sector para evitar que haya pérdida de poder adquisitivo. Una de las iniciativas era que en el mes de julio se otorgara un adelanto de 2,5% a cuenta del próximo ajuste a realizarse en enero de 2016.
Otra fórmula alternativa planteaba que en setiembre los salarios de los públicos tuvieran un ajuste por la totalidad del desfasaje que exista entre el centro de la banda fijada por el Comité de Coordinación Macroeconómica (5%) y la inflación anual. En los primeros cinco meses del año la inflación acumulada se ubicó en 6,66%.
Pero el viernes en la reunión del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, el Poder Ejecutivo despejó dudas y dio una respuesta negativa, cuyos fundamentos serán oficializados hoy por escrito. El argumento manejado por las autoridades del Ministerio de Economía (MEF), considera que la inflación de dos dígitos "es algo circunstancial", que "se corregirá en los próximos meses", dijeron a El Observador participantes del encuentro. Ese pronóstico difiere del que manejan los sindicatos públicos y que consideran que la inflación seguirá por encima de 10%. La mediana de los analistas encuestados a finales de mayo por El Observador esperan una inflación de 10,4% para el cierre del año y de 9,4% para 2017.
Los funcionarios públicos tuvieron en enero un ajuste de 9,44%, correspondiente a la suma del centro del rango meta de inflación fijada para 2016 (5%) y la diferencia entre la variación observada del Índice de Precios al Consumo (IPC) durante el 2015 y el centro del rango meta de inflación fijado para el 2015 (4,44%). El reclamo se basa en el artículo 4 de la ley de Presupuesto 2010-2014 del anterior período de gobierno. Allí se eliminó el gatillo automático para los funcionarios del Estado cuando la evolución de los precios superaba el 10%, pero en su lugar se estableció que si la variación del IPC medida en años móviles en cualquiera de los meses posteriores al ajuste fuere superior al 10%, el Poder Ejecutivo debía convocar al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público para analizar la situación.
La negativa del gobierno será analizada hoy por el Departamento de Trabajadores Públicos del PIT-CNT y mañana habrá un paro parcial de la Administración Central. Entre otros puntos, la medida rechaza el ajuste fiscal dispuesto por el gobierno, que incluye aumento de impuestos enfocado principalmente en los trabajadores de mayores ingresos y las limitaciones en el ingreso de personal a la función pública.
