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Gustavo Petro comenzó con la entrega de tierras a campesinos, afrodescendientes e indígenas
El gobierno colombiano anunció este miércoles que entregará más de 680.000 hectáreas de tierra a campesinos, afrodescendientes e indígenas, en medio del conflicto por las ocupaciones a la fuerza de extensos predios.
"Son 681.000 hectáreas que se formalizan y entregan desde el día de hoy", dijo en rueda de prensa Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
La superficie equivale a cuatro veces el tamaño de la ciudad brasileña de San Pablo. Más de 12.000 familias serán beneficiadas en 19 de los 32 departamentos colombianos.
El jefe de la ANT, la entidad estatal a cargo de distribuir la tierra especificó que el grueso de las hectáreas (297.000) irán destinadas a ampliar los resguardos indígenas.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, destacó que “este anuncio es el resultado de un gran esfuerzo".
Tras este inicio de la aplicación de la reforma agraria implementada por el presidente Gustavo Petro, la ministra precisó que “la titulación masiva de predios es un reflejo del compromiso del Gobierno con la reforma agraria y el cumplimiento del Acuerdo de Paz”.
En este sentido, López Montaño acotó que los títulos expedidos durante el último mes serán entregados a los beneficiarios hasta el 15 de noviembre y habrá una oferta institucional para proyectos de generación de ingresos.
La propiedad de las posesiones formalizadas en 19 departamentos de Colombia equivale a un área equivalente a cuatro veces la extensión de la ciudad capital, Bogotá, dijo la ministra y agregó que “pasar a la legalidad, a la formalidad, significa tener acceso a todos los instrumentos que el Gobierno ha previsto para los sectores que trabajan en el campo y que no han tenido la posibilidad de producir con los apoyos del Estado”.
Expresó también que “estos pasos constituyen una manifestación de que la política agraria es una realidad y, por tanto, no se justifican ni ocupaciones ni invasiones de predios en el país”.
"El mensaje claro es: empezamos a cumplir lo prometido, no le quiten espacio a este proceso ocupando o invadiendo tierras", enfatizó López.
El primer gobierno de izquierda de Colombia asumió el poder el 7 de agosto con la promesa de llevar a cabo una reforma agraria ante la alta concentración de la propiedad rural.
El acceso a la tierra está en el centro del conflicto armado que estalló a mediados del siglo XX. Históricamente las guerrillas han reivindicado la propiedad para los campesinos, mientras los paramilitares despojaron de sus fincas a miles de familias a sangre y fuego.
La promesa del presidente Gustavo Petro motivó a los "sin tierra" a ocupar a la fuerza predios lo que ocasionó conflictos entre sectores que tienen interese contrapuestos por las distintas actividades económicas que realizan, como los agricultores de caña de azúcar que se oponen a los criadores de ganado.
Vega pretende que durante los cuatro años de esta administración se entreguen unos 10 millones de hectáreas a las comunidades necesitadas, como quedó acordado en el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC de 2016.
El gobierno echará mano de los predios arrebatados al narcotráfico para cumplir con ese propósito.
Por otra parte, en setiembre, el Coordinador Nacional Agrario de Colombia, una asociación que nuclea a diversos agrupamientos campesinos presentó un documento en que manifestó que “siguen insistiendo en la Reforma Agraria Integral y Popular, el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos, el reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TCA) como propuesta de soberanía alimentaria, protección del medio ambiente, transición a la agroecología y garantías de permanencia en el territorio”.
En el documento se expresa también que “continuamos las luchas con alianzas estratégicas de las organizaciones étnicas, sociales y populares que permitan la recuperación del territorio que está en manos de despojadores y acaparadores de tierra. Exigimos al Gobierno nacional garantías para la vida, la libertad, la integridad física y cultural, el derecho a la protesta, al territorio y en general a los derechos humanos de los recuperadores de tierra del Cauca y de Colombia”.
Según datos oficiales, 39,6 de los 114 millones de hectáreas de Colombia son cultivables, aunque en la actualidad solo el 12% (5,3 millones) están siendo aprovechadas.
