El informe "El fin del trámite eterno; ciudadanos, burocracia y gobierno digital" realizó un comparativo de demoras entre 19 países. Los mejores ubicados fueron Chile con 2,2 horas promedio para efectuar un trámite, Costa Rica con 3,1 y El Salvador con 3,2. En cuarto lugar se posicionó Uruguay con 3,7 horas de demora por trámite.
En el otro lado de la tabla se ubicó Bolivia con 11,3 horas. Luego está Perú con 8,6 y Colombia con 7,4 horas, respectivamente. El promedio, según el BID, de demora por trámite en
América Latina es de 5,4 horas.
El estudio indicó que la complejidad de hacer un trámite no se mide solamente a partir del número de horas necesarias para completarlo, sino que además factores como la cantidad de viajes a las oficinas gestoras, los requisitos múltiples o la necesidad de dejar papeles en persona contribuyen a que los ciudadanos tengan que ir a una oficina pública (o a varias) más de una vez para obtener lo que buscan.
En la región, en promedio, un cuarto (25%) de los trámites requiere tres interacciones o más para su resolución. En el caso de Uruguay, dos de cada 10 lo requieren.
En otro orden, el organismo señaló que los procedimientos manuales, las interacciones presenciales y la falta de estandarización de procesos hacen que los trámites sean vulnerables a comportamientos deshonestos. En efecto, añadió, el 29% de los latinoamericanos reportó haber pagado un soborno en el contexto de un servicio público en 2017, lo que equivale a más de 90 millones de personas en la región.
¿Por qué los trámites son tan difíciles?
El trabajo indicó que la dificultad pare realizar trámites se produce porque los gobiernos de la región hacen pocos esfuerzos por conocer la experiencia de los ciudadanos. En ese sentido, agregó que de 25 países solo nueve realizan encuestas a la salida de sitios de prestación, diez efectúan observación directa de esa prestación y solamente cuatro incluyen preguntas sobre trámites en sus encuestas de hogares.
"Con ese contexto, es difícil que los servidores públicos que toman las decisiones sobre los trámites sepan cuál es la experiencia que tienen los ciudadanos al respecto", sostuvo el BID.
Complementó que en ausencia de encuestas, videos u otras fuentes de información desde la perspectiva del ciudadano, numerosos trámites se terminan diseñando en función de las necesidades administrativas, encargando al ciudadano muchas de las transacciones intermedias como, por ejemplo, el traspaso de documentos de una oficina a otra.
Uruguay como ejemplo
El estudio tomó a Uruguay como ejemplo de modernización y simplificación para realizar trámites públicos.
En ese capítulo indicó que implementar una reforma de simplificación y digitalización de trámites no es fácil y enumeró algunos aspectos que dificultan la implementación de cambios. Entre varios aspectos mencionó la inercia burocrática que hace que las organizaciones se resistan al cambio; poca coordinación interinstitucional y complejidad técnica, ya que digitalizar trámites requiere el uso de herramientas tecnológicas que muchas instituciones desconocen.
El BID señaló que hubo cuatro países que lograron avanzar en ese sentido: Uruguay, Chile, México y Estonia. "Todos ellos han desarrollado estrategias, capacidades y modelos de gobernanza para lograr resultados en materia de simplificación y digitalización de trámites", expresó.
Agregó que para conseguir las mejoras los cuatro países avanzaron con algunas acciones desarrolladas, como promover un cambio de paradigma que oriente el Estado hacia el ciudadano o empoderar a una entidad rectora con las competencias y los recursos suficientes para impulsar cambios en todo el gobierno.