El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, admitió que le "llamó la atención" la decisión de la justicia de obligar al Poder Ejecutivo a brindar todas las actuaciones administrativas relacionadas a la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, y aseguró que no tienen "inconvenientes" en entregar "las conversaciones y los mails" del caso.
"Nosotros somos defensores de la Constitución y las leyes. No ocultamos datos a nadie, ni al Parlamento", dijo el ministro en entrevista con Informativo Sarandí.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, afirmó que el Ministerio respetará "las órdenes de la justicia". "No tenemos problema en brindar información, como la brindamos al Parlamento", aseguró Maciel.
No obstante, Heber aclaró que esperarán a saber "en qué consiste" el fallo de la justicia, que proviene de una solicitud de acceso a la información realizada en marzo por legisladores frenteamplistas a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores para conocer el trasfondo de la resolución que concedió el pasaporte a Marset, actualmente requerido por Interpol. El escrito fue firmado por los legisladores Charles Carrera y Mario Bergara.
Entre las consultas, los parlamentarios pidieron conocer el proceso administrativo que siguieron las autoridades previo a conceder un pasaporte a una persona residente en el exterior, al tiempo que solicitaron información sobre la situación legal del delincuente en ese entonces.
Según lo expuesto en el pedido, su intención era informarse sobre si Marset Cabrera contaba con una requisitoria o tenía una notificación roja por parte de Interpol -lo cual le hubiera imposibilitado acceder a la solicitud- al momento de iniciar la tramitación.
Maciel indicó que Marset "no tenía antecedentes en Uruguay ni requisitorias a nivel internacional" al momento en el que solicitó y le fue entregado el pasaporte, los dos impedimentos que hubiesen detenido el trámite por la legislatura anterior, y aseguró que su búsqueda comenzó luego de la entrega del documento.
"Cualquier persona podía tramitar un pasaporte si no tenía antecedentes en el Uruguay. Se cumplió la legislación", aseguró el jerarca en entrevista con Radio Carve.
Incluso afirmó que con ese decreto vigente, publicado en 2014 en el último año de gobierno de José Mujica, "puede haber" casos de otras personas detenidas en el exterior que solicitaron pasaportes uruguayos. "En el periodo que estuvo vigente este decreto algún otro pudo haber solicitado", expresó.
El decreto fue modificado por el gobierno en setiembre de 2022. Ahora la oficina consular a la que una persona privada de libertad en el exterior le pida un documento "no dará inicio al trámite", sino que será el Ministerio del Interior "el que autorice y emita el pasaporte o suspenda" el proceso, indica el decreto.
Además, cualquier persona que quiera un pasaporte uruguayo deberá presentar un "certificado de antecedentes judiciales", no estar privado de libertad y "carecer de orden de cierre de fronteras, requisitorias u orden de captura" a nivel nacional e internacional, esto último informado por Interpol.
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