En lo que va de 2018, la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) abordó 17 denuncias de acoso laboral, 15 de conflictividad laboral, 4 de violencia laboral, 10 de violencia doméstica y 3 de acoso sexual, según cifras a las que accedió El Observador a través de un pedido de acceso a la información. Sumando las decenas de casos de funcionarios que solicitan “orientación o atención psicosocial”, son 97 el total de situaciones que llegaron al despacho de la Unidad de Salud Ocupacional.
Detrás de esas 97 situaciones hay “muchos matices”, explicó la doctora María Eugenia Robledo, directora de la unidad.
Los expedientes incluyen desde un grupo de becarias que alegan acoso sexual por parte de un compañero y piden que se lo aparte del puesto; mujeres y hombres que denuncian situaciones de violencia doméstica en sus hogares; hasta madres y padres con dificultades en el cuidado de sus hijos que reclaman contención emocional.
Según Robledo, la unidad recibe “un sinfín de situaciones vinculadas a la vulneración de derechos”, y se encarga de diseñar una “estrategia de abordaje” para cada caso trabajando “de manera artesanal”. Pero los mecanismos de resolución de los conflictos pocas veces dejan contentos a los funcionarios.
Acoso sexual
Los casos de presunto acoso sexual son los únicos que –desde la administración de Ana Olivera– tienen un protocolo de actuación definido. Si se concluye que existen suficientes elementos para suponer que existió acoso sexual, la unidad de Salud Ocupacional realiza un informe técnico que da paso a un equipo instructor, compuesto por un abogado y un psicólogo formados en igualdad de género.
Si la víctima pretende que se inicie una investigación administrativa debe realizar la denuncia ante el departamento de Jurídica. “La investigación se inicia cuando la persona formaliza su denuncia, y obviamente nuestro equipo busca que, en caso de que haya elementos suficientes, se haga”, dijo la jerarca.
Sin embargo, en la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) entienden que el protocolo “no funciona”, y advierten que existen casos de denunciantes que tienen que seguir cruzándose con sus victimarios, incluso en casos de acoso confirmado. “Te cambian de horario pero te lo cruzás en el pasillo”, dijo la secretaria general del gremio, Valeria Ripoll.
Una línea más fina
El 20 de junio de 2017, cinco funcionarios de la cuadrilla de áreas verdes del centro comunal zonal 6 llevaron a la Unidad de Salud Ocupacional una carta escrita a mano en tres hojas Tabaré, en la que denunciaban estar “sufriendo acoso laboral” por parte del capataz de obras. “Cada vez se nos hace más difícil el poder realizar las tareas porque esta persona nos hostiga constantemente. Este señor se comunica con nosotros de una forma despectiva y humillante”, expresaban.
Entre los ejemplos del “maltrato”, los trabajadores señalaban que el hombre solía decir frases como “si les encuentro comida los cago” o “si nos roban les rompen el culo”. También denunciaban que el capataz solía dirigirse en términos “muy duros” con funcionarios que tenían problemas en su familia.
El 23 de octubre del año pasado, el departamento de Gestión Humana advirtió que no existían “elementos probatorios” que permitieran “concluir” si se había configurado “acoso moral”, o si se trataba de otras situaciones, como “violencia laboral” o “un grave conflicto en el ambiente de trabajo. Por ello, la oficina dispuso la realización de una investigación administrativa que culminó este 12 de setiembre, casi un año después, con una resolución de Jurídica en la que se dio “por concluido” el proceso “sin atribución de responsabilidad de funcionario alguno”, según el documento al que accedió El Observador.
Según Robledo, las situaciones de acoso laboral son “más complicadas” de dilucidar, ya que “son las que presentan más asimetrías entre consultas y dictámenes”. La jerarca señaló que la proporción de casos comprobados en el total de denuncias está “en el orden del promedio nacional”, que indica que de cada diez denuncias, solo en una se confirma el acoso. El director de Jurídica, Ernesto Beltrame, dijo a El Observador no tener cifras segregadas de los sumarios.
“Hay mucha confusión al respecto. A veces pueden ser conflictos con la autoridad, estilos de liderazgo inadecuado, trabajadores que no aceptan directivas, o simplemente conflictos vinculares”, dijo Robledo, y añadió que “algunas conductas implican hostigamiento, pero otras son estilos de liderazgo dentro de lo admisible”.
A Federico Ayala, dirigente de Adeom y uno de los firmantes de la denuncia contra el capataz , no le parecen suficientes las explicaciones técnicas de los jerarcas. “La denuncia inicial estuvo encajonada como cuatro meses. Tuvimos que ir nuevamente a protestas para que pusieran manos a la obra”, criticó.
Acoso tras bambalinas
El largo camino que acaba de concluir para Ayala y sus compañeros es el que recién empezaron a recorrer los más de 50 trabajadores del Teatro Solís que en julio de este año denunciaron a la directora Daniela Bouret por presunto “maltrato psicológico”, “hostigamiento laboral”, “denostación pública de funcionarios” y “persecución de personal no alineado a sus ideas”.
El pasado 17 de octubre –tres meses después de que dos trabajadores del teatro dejaran una carta con la denuncia ante la Unidad de Salud Ocupacional–, el director de Gestión Humana de la IMM, Eduardo Brenta, firmó una resolución encomendando a la unidad sumarios “la realización de una investigación administrativa a fin de esclarecer los hechos denunciados y deslindar eventuales responsabilidad que pudieren corresponder”.
A diferencia de los casos de acoso sexual, el equipo técnico encargado de evaluar las denuncias de acoso laboral está compuesto por abogados, según explicó Robledo. De hecho, en la intendencia admiten que la falta de un protocolo específico para estos casos es un problema, y por eso ya hay un proyecto de elaborar uno “tomando como modelo” el de acoso sexual, dijo la jerarca.
Bipartita por traslado
Este lunes se realizará una reunión bipartita entre la IMM y Adeom para definir el futuro de una funcionaria que denunció acoso laboral por parte del Consejo del Municipio C.
“Van a archivar la denuncia y la van a trasladar a ella porque el consejo es un órgano electivo”, explicó Ripoll, quien agregó que si se confirma la noticia el sindicato “dará pelea”.
