El intendente Di Candia pidió una reunión a principios de enero con el presidente electo Luis Lacalle Pou que todavía no fue confirmada
El cambio de gobierno –y sobre todo de orientación política a nivel nacional– obligó a la Intendencia de Montevideo (IMM) a repensar el escenario de cara al futuro.
La política de ahorro con la que el presidente electo Luis Lacalle Pou predicó durante la campaña y que prometió promover durante su gestión puso en alerta a las autoridades municipales, que se preparan para un escenario en el que las transferencias desde el gobierno nacional puedan verse alteradas.
El intendente de Montevideo, Christian Di Candia, pidió en las últimas semanas una reunión con Lacalle Pou para poder tratar estos temas, según anunció en una entrevista con VTV Noticias. Si bien se pidió a principios de enero, todavía no fue confirmada por el equipo del presidente.
La “transición” entre el gobierno nacional y departamental estuvo sobre la mesa en el último gabinete municipal. Allí cada uno de los jerarcas hizo un repaso de los vínculos que mantiene con el gobierno nacional.
Diego Battiste
La intención de la comuna es revisar el terreno sobre el que está parada para poder tener la información suficiente en caso de tener que hacer frente a cualquier cambio en las reglas de juego.
En el análisis de los vínculos que se hizo en el gabinete del lunes pasado estuvieron sobre la mesa temas tan variados como el subsidio al boleto, las obras de saneamiento, los fondos de infraestructura que reciben aportes de la administración central, así como temas vinculados a la cultura.
Por ejemplo, en el área cultural las orquestas Filarmónica y Sinfónica, una de la intendencia y la otra del Auditorio Nacional del Sodre, comparten músicos, por lo que resta saber si la intención de las nuevas autoridades continuar con este plan o si habrá cambios también en eso.
Otra cuestión vinculada a la cultura tiene que ver con la Temporada de Ópera del Teatro Solís, que se financia con aportes de las empresas públicas, algo -que por el aumento de la eficiencia impulsado por la coalición de gobierno- podría cambiar.
“Confiamos en que la política de reducción que se plantea no afectará a las políticas de los gobiernos departamentales”, dijo a El Observador el director de Gestión Humana y Recursos Materiales, Eduardo Brenta.
En materia de saneamiento, el jerarca explicó que mientras OSE se encarga de esas obras en el interior del país, en Montevideo quien lo hace es la intendencia, que generalmente contrae préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero, para hacerlo, la comuna precisa del aval del gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Si ese permiso no estuviera, alertaron que sería imposible seguir con el ritmo de extensión de la red de saneamiento de los últimos años.
Si bien la Intendencia de Montevideo (IMM) tiene una autonomía -producto de la capacidad de recaudación- superior a la de las mayorías de las intendencias, cualquier cambio en las transferencias relacionadas con áreas como transporte y saneamiento implicaría un desbarajuste en las cuentas municipales, alertó Brenta.
En el caso del transporte, por ejemplo, el precio del boleto, según lo hablado en el gabinete municipal, podría subir a $50 si se discontinuara el subsidio. El subsidio al gasoil y al boleto estudiantil suponen, cada uno, una transferencia de $ 1.200 millones al año por parte del Estado. Si se toma el valor promedio del dólar para 2019, se trata de unos US$ 34 millones. Este dinero, sin embargo, es transferido de forma directa a las empresas de transporte.
Movimientos como Un Solo Uruguay han puesto la mira en el subsidio del boleto montevideano y en la última manifestación del 23 de enero volvieron a reclamar por ese tema, ya que entienden que esa financiación sea derogada. El tema incluso fue planteado en una reunión con el presidente electo.
La regularización de los asentamientos irregulares es otra área en la que se trabaja en conjunto con los ministerios del Ejecutivo. “Si no hay políticas conjuntas para los realojos pueden quedar por el camino una cantidad de convenios que están firmados”, alertó Brenta.
En términos políticos, sin embargo, en el gabinete las autoridades insistieron en que cualquier “recorte” que promueva el nuevo gobierno correrá por cuenta del Ejecutivo y que la intendencia no será la que asuma esas responsabilidades. Pero también está claro que la IMM no dará “ni un paso atrás” en materia de conquistas sociales, por lo que, en una futura administración, se buscará la forma de priorizar esos programas, según afirmaron fuentes municipales a El Observador.