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Institución de DDHH analiza récord de denuncias de abusos policiales; gobierno niega las cifras
Durante la primera semana del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) recibió una cantidad de denuncias por presuntos excesos policiales contra ciudadanos detenidos en operativos de rutina como nunca antes pasó en la historia. Así lo afirmó Juan Faroppa, director del organismo. Sin embargo, las autoridades del Ministerio del Interior han negado la irregularidad en algunos casos y desmentido la veracidad de las denuncias en otros.
"Nunca había pasado de tener tantas denuncias contra un mismo organismo del Estado, y en un plazo tan breve. Eso nos ha llamado un poco la atención. Algo está pasando", dijo el jerarca, en diálogo con El Observador. "Acá algo está pasando", cuestionó.
Entre las denuncias que llegaron a la institución, hay algunas que se hicieron virales en las redes sociales. Una de ellas se debe al operativo dispuesto por la Jefatura de Policía de San José el 5 de marzo contra un grupo de malabaristas –uno de ellos con dos machetes, de los que se usan para malabares–, en el que un policía del Grupo de Respuesta Táctica apuntó con una escopeta con munición no letal –según la versión policial– contra uno de los detenidos.
Y otra denuncia es la realizada por un funcionario municipal llamado Daniel Piñeyro, y que radio Sarandí difundió este lunes. De acuerdo al relato del denunciante, el hombre fue detenido el jueves pasado en la Ruta 1 mientras regresaba del trabajo sobre la hora 22, y en determinado momento, sin mediar justificación, los policías comenzaron a insultarlo. "Yo ya le había entregado la documentación y quería irme a mi casa. Me empezó a insultar, me dijo 'comunista hijo de..' y 'se acabó el recreo', y yo le dije que no me falte el respeto", contó Piñeyro en un audio reproducido por el programa radial.
Luego, contó que trato de huir, que los policías realizaron disparos, que luego un médico forense constató que una bala le había lastimado una pierna, y que entre todos le dieron una paliza. Solo lo dejaron irse a su casa, relató Piñeyro, a cambio de que él les pidiera disculpas a los policías que lo habían agredido.
El funcionario hizo la denuncia penal, y el fiscal de Flagrancia Carlos Negro ya se encuentra investigando el caso. Ante la consulta de El Observador, afirmó que no iba a hacer declaraciones, y se limitó a informar que el departamento de Asuntos Internos de la cartera de seguridad también estaba haciendo indagaciones. También dijo que todavía no había citado a nadie a declarar.
No obstante, fuentes allegadas al director nacional de la Policía, Diego Fernández, consultadas por este caso, aseguraron a El Observador que "la denuncia del funcionario municipal es falsa", y que "lo que narra (Piñeyro) no ocurrió".
Otras denuncias
El diputado del MPP Gabriel Otero acompañó a otro malabarista hasta la Fiscalía, para denunciar que también había sido destratad en la vía pública. Su versión es que, en la esquina de Millán y Garzón, tres policías de la Guardia Republicana lo cacheraron, lo golpearon y lo insultaron por la vestimenta que traía. También se difundió en las redes sociales otro episodio, en que un grupo de policías habría destratado a dos inmigrantes que fueron registrados en la esquina de Constituyente y Salto.
A esos casos y otros, se suman dos nuevas denuncias de contenido similar que llegaron a la oficina de la Inddhh al final de la tarde de este lunes, pero en la Jefatura de Policía de Montevideo no se tiene conocimiento de ninguna irregularidad constatada.
Según un relevamiento de El Observador, en Montevideo el fiscal Negro es el único que está investigando un caso vinculado a un presunto abuso policial desde que asumieron las nuevas autoridades.
Faroppa contó que ya al comienzo del día enviaron una "comunicación" al Ministerio del Interior para avanzar en las investigaciones. En esa oportunidad, fue para solicitar información sobre la acción policial en el caso de San José. "Estamos a la espera de la respuesta", sostuvo Faroppa.
Hasta el momento no fue radicada la denuncia en fiscalía por este caso, según pudo saber El Observador.
Sin embargo, tanto el ministro Jorge Larrañaga como el jefe de Policía de ese departamento, ya respaldaron la actuación de los uniformados. "Si un policía no tiene el derecho o la autoridad para intervenir cuando hay una riña, desmanes, (con) portación de dos machetes (...) y resistencia a la autoridad, bueno, díganme cuándo la policía tiene derecho a intervenir, máxime cuando, en el caso en cuestión, la información que nosotros tenemos es que la policía actuó con una escopeta con munición no letal", dijo el secretario de Estado este viernes, desde Tacuarembó.
Oreste Leles da Silva, por su parte, dijo ese mismo día que les había dado la orden a todos sus subalternos de que empezaran "a recorrer las calles y los lugares en donde estos ciudadanos están haciendo malabarismo, pidiendo monedas, tratando de limpiar o tirándose arriba de los autos, molestando y poniendo a las personas en situaciones incómodas, porque, aparte de incómoda, muchas veces la gente se siente intimidada y asustada", afirmó.
Este caso y el resto de las denuncias se produjeron en un contexto de nuevos operativos de control y patrullaje desplegados desde el 2 de marzo, en el marco de una estrategia de seguridad distinta a la que regía con la administración del exministro Eduardo Bonomi, y bajo directivas precisas impartidas por Lacalle Pou y Larrañaga: más presencia policial en la calle, cercanía con la población y respaldo al accionar de la policía.
Y al cierre de esta jornada, dijo Faroppa, la Institución siguió recibiendo reclamos. Hubo al menos "dos denuncias formales" relativas a directo maltrato policial en Montevideo, lo que suma un total de ocho investigaciones formales del organismo, más envíos informales a través de las redes sociales de videos y fotos, con indicios de irregularidades en los operativos. "Nos llega una cantidad de información en forma permanente, de diversa naturaleza, como documentación gráfica y grabaciones de celulares", afirmó el director de la Inddhh.
"Por eso la Institución va a investigar en conjunto todos estos procedimiento, porque es realmente sorpresivo el pico de denuncias", insistió el jerarca.
Según información de la Inddhh a la que accedió El Observador, entre 2018 y 2019, el organismo emitió siete recomendaciones al Ministerio del Interior, ante casos en los que, de acuerdo a la investigación de la Institución, se había vulnerado la integridad física, psíquica y moral de ciudadanos. Cuatro de ellas fueron en 2018 y tres el año pasado.
"La tendencia parecería indicar que este año va a haber más resoluciones todavía", concluyó Faroppa.
