El Ministerio del Interior ha tenido que enviar delegaciones oficiales a Buenos Aires con teléfonos iPhones incautados a delincuentes para que la sede de la Policía Científica de la capital porteña desbloquee los aparatos. Eso es así porque el Estado uruguayo no siempre ha tenido las licencias para acceder a los dispositivos, o porque al estar averiados las pericias se hacen imposibles desde Montevideo.
La situación fue referida por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, el miércoles 9 de setiembre, en su comparecencia a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. El jerarca mencionó el tema luego de solicitar que no se dejara constancia en la taquigráfica de lo que iba a decir, ya que se trataba de información confidencial. Sin embargo, fuentes políticas señalaron a El Observador que el jerarca habló del asunto al plantear la iniciativa del Ministerio Público de mejorar el mecanismo de recaudación del Fondo de Peritajes que tiene el organismo para costear las pericias que solicitan los fiscales.
En ese marco, Díaz –quien evitó hacer declaraciones sobre el tema a El Observador– aseguró que la dificultad con los Iphones acarrea un costo que hoy abona el Ministerio del Interior. El ministro Jorge Larrañaga tampoco quiso realizar comentarios sobre este tema, en el entendido de que se trataba de información sensible para la policía.
Según señalaron fuentes policiales, la cartera de seguridad encabezada por Jorge Larrañaga tiene actualmente al día las licencias que requiere la empresa Apple, lo que permite sortear los sistemas de encriptados de los dispositivos. Pero no siempre fue así. La primera vez que se compraron las licencias fue en 2018, aseguraron otros policías, y añadieron que luego se optó por la opción "más económica" de trasladarse directamente a Buenos Aires, aunque como máximo se realizaron tres viajes en los últimos años.
En uno de los casos donde fue necesario hacerlo fue en la investigación por el femicidio de Micaela Onrrubio, cometido en San José en marzo de 2019. En esa oportunidad, el celular estaba roto e inaccesible para los funcionarios uruguayos de la Policía Científica; sin embargo, la pericia luego no fue relevante porque el femicida se suicidó en la cárcel.
De cualquier forma, la dificultad a la que a veces se enfrentan los investigadores ha sido una "preocupación" de las autoridades policiales que estaban al frente durante la administración de Eduardo Bonomi, porque al dejar los dispositivos en manos de policías argentinos se perdía "parte de la custodia de la prueba".
"Dejás de tener el control, y los aparatos son manipulados por otras personas", señalaron, aunque de todos modos se entiende que los viajes a Buenos Aires son "la opción más práctica"
Además, agregaron que los celulares van actualizando sus softwares, lo que obliga al gobierno a renovar en forma periódica las licencias.
Por otra parte, fuentes de la Fiscalía afirmaron que la demora que pueden generar los viajes a Argentina también supone una "preocupación" porque se corre el riesgo de entorpecer el ritmo de las investigaciones.
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