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Interior envió proyecto para reducir pena de personas que intenten ingresar droga a las cárceles para corregir cambio introducido por la LUC
El Ministerio del Interior envió al Parlamento un proyecto de ley para que jueces y fiscales pasen a tener un criterio único para fijar penas cuando la policía detiene a personas intentando ingresar drogas a las cárceles.
El proyecto busca poner fin a una discusión que se inició con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y provocó un incremento de mujeres presas por microtráfico, dado que la normativa restituyó las penas (de entre 4 y 15 años de penitenciaría) que habían sido fijadas por la Ley de Estupefacientes de 1974.
“La presente normativa se dirige a salvar un problema de interpretación que se configura en la situación del intento de ingreso de sustancias estupefacientes a establecimientos carcelarios o de privación de libertad de adolescentes infractores”, señaló Interior en la exposición de motivos del proyecto.
El gobierno busca establecer “claramente” que no se lo considere como un “delito consumado” sino como un “acto preparatorio” por lo que se debe aplicar una “tercera parte de la pena que correspondería”.
Esto supone que el delito tenga una pena mínima de 16 meses y pase a ser excarcelable.
A su vez, el texto propuesto faculta al juez a elevar la pena hasta la mitad, tomando en cuenta la gravedad del hecho cometido. También se establece que al momento dictar la sentencia de condena, se impondrá conjuntamente con la pena que corresponda, la inhabilitación por un plazo mínimo de diez años para el ingreso a establecimientos carcelarios o de privación de libertad de adolescentes infractores, a fin de desestimular que quien incurrió en este delito en particular, reincida en el mismo hecho.
El proyecto consta de un único artículo, que sería el 36 BIS en la Ley de Estupefacientes y no hace menciones a la LUC.
De setiembre de 2020 a setiembre de 2021 la población carcelaria en general aumentó 9% pero la cantidad de mujeres presas se incrementó 30%.
Otra propuesta
El Parlamento también tiene a estudio un proyecto elaborado por Carmen Sanguinetti y Raúl Batlle que propone una pena mínima de 12 meses.
Para la determinación de la pena, el juez deberá tener en cuenta el tipo de sustancia involucrada. También deberá considerar determinadas situaciones si la responsable es una mujer, por ejemplo, su necesidad de atender circunstancias familiares o especiales del imputado que hicieran evidentemente perjudicial su encarcelación. En particular, los casos de imputadas que ya cursen el quinto mes de embarazo o madres durante el primer año de lactancia, o si tiene la custodia exclusiva de menores o personas con discapacidad.
El proyecto de los senadores colorados prevé de todas formas una pena de 4 a 15 años de penitenciaría para los caso en que la venta, facilitación o suministro de droga sean dirigidos a un menor de 21 años o con problemas de discernimiento o voluntad, o cuando la sustancia fuera suministrada o aplicada sin conocimiento de la víctima.
La visión del Ministerio del Interior
El director de Seguridad y convivencia del Ministerio, Santiago González, dijo en rueda de prensa que este proyecto de ley no significa retroceder en la política de seguridad que lleva adelante el oficialismo.
"Lo que se esta tratando de hacer es volver a lo que nosotros queríamos cuando la LUC, es simplemente para algunas personas que ingresaban cierta cantidad de droga a la cárcel", dijo González.
"Esto no significa en lo más mínimo (dejar) el combate al narcotráfico, que es nuestra principal guía", concluyó el jerarca.
