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Investigan presunta estafa a BPS con el cobro de préstamos de jubilados por más de US$ 2 millones
La Fiscalía de Canelones investiga una presunta estafa millonaria al Banco de Previsión Social (BPS) luego que el organismo detectara que en la última década una gestora retiró cientos de préstamos para ancianos que vivían en residenciales en Santa Lucía y algunos en Montevideo.
Según informó el programa Así nos va de radio Carve y confirmó El Observador, hay 66 víctimas identificadas, 47 en la ciudad canaria y 19 en la capital, y se estima que la maniobra asciende a US$ 2,30 millones desde el año 2013, aunque se presume que la estafa puede haberse realizado desde principios del 2000.
El BPS comenzó a investigar el tema en 2018, a raíz de que una jubilada fue a solicitar un préstamo y en el organismo le comunicaron que tenía pendiente el pago de otro por $ 42.200. La mujer dijo que había solicitado menos dinero un tiempo antes, y le pareció extraño que le cobraran cuotas demasiado elevadas, según la información a la que accedió Así nos va.
La gestora, de 79 años, fue denunciada por tramitar 201 préstamos entre 2017 y 2019, y el expediente en manos del BPS añade que cuenta con varios poderes para realizar esos trámites, con préstamos desde $ 17.000 hasta $ 140.000
Según la información en poder el organismo, las personas afectadas viven en residenciales y no pueden trasladarse para solicitar un préstamo o no entienden cómo es el procedimiento para hacerlo, por lo que accedieron a firmar un poder que le da a la gestora la potestad de cobrar el dinero.
El poder se tramita de forma legal a través de una escribana, y hay seis residenciales –con vínculos entre sí por parentesco o relaciones laborales– que trabajan con la indagada y a su vez recomiendan a otros que la contraten para este servicio, por lo que también será investigada la presunta responsabilidad de los dueños de estos lugares en la maniobra.
Para tramitar un poder es necesario presentar testigos que den cuenta de que la persona no está firmando contra su voluntad, pero en los casos que se investigan los testigos se repiten y tendrían vínculos con estos residenciales.
En la declaración jurada que la gestora realizó a la escribana, manifestó que los jubilados son llevados por los dueños de la casa de salud a su oficina, o que ella concurría al lugar y si la persona no podía firmar se acreditaba con dos testigos.
En tanto, el presidente del BPS, Hugo Odizzio, informó que el organismo está buscando alternativas para evitar este tipo de maniobras. Por ejemplo, que si una persona presenta más de tres poderes deberían ser otorgados frente a un funcionario de la institución, con el titular presente, o también limitar la cantidad máxima de renovaciones de los préstamos.
"BPS tiene que poner una barrera y una dificultad más a esta maniobra", explicó al programa radial.
La fiscal de Canelones, Alicia Schiappacasse, recibió la denuncia por este caso en julio y está realizando las primeras indagatorias. Según pudo saber El Observador, recibió los poderes en cuestión y esperará la información de la que dispone el BPS para identificar a algunas de las víctimas, ya que, como la maniobra data de varios años, muchos ya fallecieron.
