Opinión

Italia y Francia con problemas fiscales

Las potencias europeas se encuentran en problemas 

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04 de enero de 2019 a las 05:03

Hace algunos meses, el nuevo gobierno de Italia enfrentó la oposición de la Comisión Europea (CE) por su programa fiscal, que proyectó un déficit fiscal del 2,4% del PIB para cumplir con sus promesas de asegurar un ingreso mínimo a las personas de menores ingresos y rebajar la edad de retiro. El proyecto no solo se apartó del compromiso asumido por el gobierno anterior de un déficit fiscal del 1,6% del PIB, sino que además y principalmente, se alejó del objetivo de una necesaria reducción de la deuda pública, teniendo en cuenta que con 132% del PIB, es la mayor del continente después de Grecia.   

Por ello fue que la CE consideró que la propuesta de Italia era una ruptura sin precedentes con las reglas fiscales comunitarias, por lo que pidió los ajustes necesarios para evitar un enfrentamiento que podría derivar hasta la imposición de sanciones. 

Fue así que a fines del año pasado, el gobierno de Italia respondió con una nueva propuesta, rebajando el déficit a 2,04% del PIB. Este ajuste fue logrado mediante la postergación de la entrada en vigencia de las nuevas medidas y la imposición de algunas restricciones adicionales para la definición de los beneficiarios tanto del ingreso mínimo como de la baja de la edad de retiro. Además el gobierno italiano se comprometió que ante un eventual incumplimiento de las metas acordadas, habría de recurrir a una suba del IVA y una nueva postergación de ciertos rubros de gasto. 

En el marco de las tensiones que rodean al brexit y ante la irrupción de un nuevo problema fiscal en Francia, la CE consideró que en la actualidad, un enfrentamiento con Italia no sería oportuno. Por ello decidió abrir una tregua para aguardar la evolución de la economía y las finanzas de Italia en los próximos meses.  

Inevitablemente, el problema fiscal de Italia debe verse con relación a la situación de Francia. Porque la protesta social que en las últimas semanas del año pasado se expresó a través de la movilización de los “chalecos amarillos” llevó al presidente Emmanuel Macron a la adopción de varias medidas con impacto en su resultado fiscal. 

El primer mandatario francés no solo decidió postergar el aumento del impuesto sobre los combustibles, que fue la causa inicial de la protesta, sino que además dispuso un aumento de € 100 en el salario mínimo, la exoneración de impuestos a los jubilados con ingresos mensuales por debajo de € 2.000 y la exoneración de impuestos y cargas sociales sobre el pago de las horas extras. Además, exhortó a las empresas a pagar una prima de fin de año que estará exenta de cargas sociales. En conjunto, se estima que estas medidas tendrán un costo para las finanzas públicas de € 10. 000 millones en el correr de este año. 

A partir de esta realidad, el gobierno se abocó de inmediato a aumentar la recaudación en unos € 2.500 millones en el año. A estos efectos, decidió una pausa en la proyectada rebaja del impuesto sobre las ganancias de las grandes empresas. También se impondrá un impuesto a los autos de lujo para financiar un fondo para incentivar el uso de autos eléctricos e híbridos. Igualmente está en consideración un recorte a las jubilaciones de altos ingresos de los empleados públicos.

En adición, a partir de este año también habrá de regir un impuesto sobre la venta de datos y las ganancias de las mayores empresas tecnológicas, como Google y Facebook, con una recaudación estimada de € 500 millones anuales. Francia se adelantó así tres meses al plazo que estaba a consideración de los otros miembros de la UE para una aplicación conjunta de este impuesto.

  En cierto modo, estas decisiones marcaron un giro en la orientación del gobierno de Macron, que inició su presidencia con un programa amigable para las empresas, con una rebaja de los impuestos y las regulaciones y una reforma de la legislación laboral que, entre otras cosas, flexibilizó los despidos. Porque ahora, en respuesta a la exhortación oficial para atender a la situación de vastos sectores de la sociedad, también las empresas obraron en consecuencia. A estos efectos dispusieron el pago de una retribución extra a sus empleados y, en algunos casos, también una rebaja de sus precios. En conjunto, el aumento de gastos e ingresos se estima que resultará en un déficit fiscal de 3,2% del PIB. Ante esta nueva proyección, la CE anunció que está dispuesta a tolerarla, siempre que sea de carácter transitorio.

Esta contemplación con Francia fue cuestionada por fuentes cercanas al gobierno de Italia, teniendo en cuenta el cuestionamiento por el que debió pasar en estos últimos meses. Pero sin perjuicio de la cautela política con la que se está moviendo la CE, lo cierto es que la situación de los dos países tiene algunas diferencias de importancia.

Para empezar, la tasa de crecimiento de la economía francesa ha sido en estos últimos años superior a la de Italia. A la vez, la deuda pública de Francia es menor que la italiana, con un nivel algo inferior al 100% del PIB. Por ambas razones es que el margen del rendimiento de los valores públicos a diez años de Francia es de 50 puntos básicos por sobre el de Alemania, mientras que el de Italia es cinco veces mayor.  

Más allá de estas diferencias, está claro que la CE ha optado por una salida política para el año que se inicia, con la esperanza de que el transcurso del tiempo disipe el problema fiscal en el que por distintos motivos han desembocado tanto Italia como Francia. Es una apuesta de alto riesgo. 

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