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Los cruces por las edificaciones llegaron a la justicia

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José Ignacio: las sanciones a propietarios argentinos, el reclamo de los vecinos y una disputa legal por dos casas

Dos viviendas ubicadas en el balneario fueron denunciadas por vecinos; los propietarios tuvieron que presentar planes de mitigación tras irregularidades 

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13 de mayo de 2022 a las 18:12

El empresario Andrés Reinaldo Rossi y la hija del conocido chef Carlos “Gato” Dumas, Siobhan Dumas, fueron solo dos entre varios conocidos casos de argentinos que eligieron al balneario José Ignacio como el destino ideal para construir sus casas.

Uno a fines de 2017 y el otro en diciembre de 2019, se asentaron a unos 45 metros del mar, con vista única a la playa. Cercanía, servicio y tranquilidad: algunas de las atracciones que les ofrece el pueblo, ubicado en Maldonado. 

Pero, a diferencia de otras locaciones, José Ignacio les exige seguir una normativa particular -vigente desde hace varios años- al tratarse de dos propiedades que, por estar construidas en una zona de "fragilidad ecosistémica", pueden afectar al medioambiente. Esto no excede a los argentinos que se instalan y es, precisamente, lo que hoy genera cruces entre las dos familias con vecinos, la Intendencia de Maldonado y el Ministerio de Ambiente.

La reglamentación establece que las propiedades no deben sobrepasar los seis metros de alto ni utilizar materiales pesados (como hormigón y acero), así como tampoco ser levantadas sobre la arena de las dunas (salvo que utilicen pilotes).

Los problemas de la casa de Rossi

El caso de Rossi fue el primero que aquejó a algunos residentes. Si bien tramitó una autorización ambiental previa -que le otorgó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente- para iniciar la obra en 2017, un informe del año posterior constató "fragilidad" y lo intimó a presentar un plan para restituir y conservar la vegetación costera y mantener la integridad de la duna del predio.

Rossi, casi un año después, recibió la aprobación del nuevo documento, aunque luego incumplió en las "condiciones de autorización pudiendo provocar afectación al paisaje de la costa” y tuvo que detener el proyecto, señalan las actas del ministerio.

Ante esa situación, la secretaría de Estado intimó al propietario a regularizar la vivienda y "rever el cumplimiento de la construcción" para mantener los parámetros de ordenamiento territorial que exigen que las casas sean "livianas". Fue entonces cuando la familia presentó otro plan alternativo -ajustando detalles de la edificación y apuntando a respetar la reglamentación del balneario- que recibió la aprobación de las autoridades.

Casa del empresario argentino Andrés Reinaldo Rossi en José Ignacio

Las desprolijidades generaron molestias en la Liga de Fomento, que ratificó una denuncia por la construcción una vez que constató irregularidades. Los integrantes entienden que la vivienda está hecha enteramente de hormigón y que su base no está un metro por encima de las dunas, según consta en la demanda.

Entre medio, el caso pasó a manos de la Intendencia de Maldonadoque contestó a una consulta ministerial sobre el significado del término "liviana", incluido en la normativa. En su respuesta, la intendencia aclaró que se refiere a propiedades hechas sobre pilotes y adaptadas a “un ambiente costero de alta energía”, clasificación que finalmente le otorgó a la casa de Rossi, pese a haber reconocido que su estructura no estaba hecha de materiales livianos.

"Corresponde que la aprobación (de construcción) sea al amparo del artículo 21, por no haberse ejecutado la estructura con materiales livianos, si bien se encuentra sobre pilotes, en los demás aspectos se ajusta a la norma", detalla la resolución de 2020 a la que tuvo acceso El Observador.

A continuación, el empresario debió pagar una sanción de 500 Unidades Reajustables (UR). Luego, pidió autorización para terminar la fase final de su casa y recibió el aval del ministerio.

Rossi "presenta un estado de situación con el avance de la obra y un estudio detallado de las características de la dinámica costera, la evolución y resultados parciales de la aplicación del plan de gestión del área de la costa con influencia directa, solicitando se le autorice a culminar las obras", indica la documentación del Ministerio de Ambiente, que otorgó el permiso el pasado 5 de noviembre.

Las idas y vueltas con los Sánchez Elía

La casa de Siobhan Dumas, que ahora corresponde a sus hijos -los hermanos Sánchez Elía-, comenzó a gestarse en 2016, cuando hicieron pública la iniciativa. No fue hasta fines de 2019 que comenzó el proceso de construcción -con autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente-, en principio, sin recibir "objeciones", según declaró la familia.

Al tiempo, los vecinos notaron irregularidades en el proyecto y denunciaron que el hogar sobrepasaba un metro y medio la altura permitida. Además, argumentaron que impactaba "negativamente en el paisaje" al supuestamente estar construido bajo un sistema de apoyo "desmesurado", que requiere el uso de materiales pesados. La familia Sánchez Elía contradice hasta hoy esa versión y asegura que la propiedad no está un metro y medio más arriba de lo permitido, sino que el 4,7% de su superficie excede el límite de edificación.

Esos contradichos requirieron la intervención del Ministerio de Ambiente, que, según consta en una resolución del 17 de junio de 2021 a la que accedió El Observador, suspendió las obras "debido a incumplimiento del proyecto autorizado y presentación de información errónea en la solicitud de autorización".

Previamente, una de las inspecciones realizadas en el lugar había constatado que la obra no se ejecutó de acuerdo al fotomontaje presentado, por lo que se le pidió a los propietarios que justificaran las discrepancias entre lo autorizado y lo construido. 

Fotomontaje de la propiedad correspondientes a los Sánchez Elía

Los Sánchez Elía recibieron una multa de 500 Unidades Reajustables (UR) por "haber incumplido las condiciones previstas" y el técnico ambiental responsable fue suspendido del registro de profesionales por presentar información errónea respecto al análisis de afectación al paisaje, según consta en la actuación administrativa de Ambiente sobre la casa.

De ahí en más, la familia -que asegura haber alzado la residencia sobre pilotes y elegido el sistema constructivo steel-framing por ser liviano y sustentable- puso en marcha un plan de mitigación para remover las fallas, que debía incluir las obras a demoler, la gestión de los residuos y un cronograma.  

"Se ha presentado un plan de mitigación ante el municipio y el ente ambiental—todavía sin respuesta— a raíz del 4,7% de la superficie de la casa que se encuentra por encima del límite de edificación. Se trató de un error absolutamente involuntario originado en el cálculo de la cota. El mismo fue producto de las rígidas restricciones de movilidad para el control profesional de la construcción en plena pandemia", dijo la propietaria Zelmira Sánchez Elía en diálogo con El Observador.

Los dueños argentinos presentaron un recurso para revocar la multa y suspender parcialmente la sanción del ministerio. Sin embargo, hasta la fecha no han presentado fundamentos para interponer esa actuación.

Además de enviar una carta al presidente Luis Lacalle Pou dando cuenta de los casos, los vecinos de José Ignacio demandaron al Ministerio de Ambiente, a la Intendencia de Maldonado y a las familias.

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