Los jueces penales de Montevideo resolvieron este lunes levantar la medida que prohibía el ingreso de público a las audiencias en los juzgados de la sede de Juan Carlos Gómez en reclamo por mayor seguridad, después de los incidentes registrados en la audiencia por el homicidio del policía Rogelio Souza, la semana pasada. En esa comparecencia, los familiares de la víctima y de los victimarios se trenzaron y también fue golpeado uno de los imputados, cuya declaración fue clave para cerrar el caso.
El Comité de Jueces Penales se reunió este lunes con la autoridades del Ministerio del Interior para solicitarle especial apoyo en las audiencias. "Todos los integrantes del comité calificamos a la reunión como muy satisfactoria, escucharon nuestra protesta y asumieron el compromiso de atenderla", dijo a El Observador la jueza Graciela Eustacchio.
Según informó, las autoridades del Ministerio del Interior prometieron ir al juzgado letrado para visualizar qué tipo de seguridad requieren los funcionarios, quienes también darán detalles de sus necesidades. Entre ambas partes concretarán un "plan de seguridad", aseguró Eustacchio.
En una carta del Comité de Jueces entregada al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Turell, a la que accedió El Observador, los jueces habían afirmado que estos hechos -los de la audiencia por el homicidio del policía- no resultan aislados sino que "han ocurrido varios incidentes (...) muchos de los cuales se relacionan con la poca o ausencia total de seguridad".
Los jueces habían justificado que la medida se tomaba "ante la reiteración de incidentes violentos en las audiencias, los que cada vez revisten mayor gravedad, la falta de control del público que asiste a las mismas, el espacio reducido para su permanencia en la sala, y que muchas veces concurren a estas familiares de víctimas y del imputado".
La medida suponía un golpe al nuevo Código del Proceso Penal que tenía entre sus novedades más valoradas que las audiencias fueran abiertas al público.
La audiencia por el homicidio del policía Rogelio Souza no fue la primera donde hubo violencia, tal como lo señalaron los jueces. El pasado 18 de enero, en el Juzgado de Artigas, una persona a la que se le imputó un delito de receptación y una medida de prisión preventiva por 90 días, se desacató, tomó una silla y la arrojó contra una funcionaria policial. Luego arremetió contra el resto de los funcionarios, destrozó la computadora y el sistema de grabación de audio. La única policía que se encontraba en el lugar no pudo contener al hombre, que finalmente debió ser reducido por cuatro efectivos policiales que llegaron más tarde a apoyarla.
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