La comisión de Asuntos Administrativos del Senado recibirá en los próximos días a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que deberán expresarse en torno a las quejas presentadas ante el Parlamento por la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) en torno al reglamento que la corporación decidió aplicar para la definición de los ascensos de los jueces.
Los legisladores habían recibido previamente un informe por parte de una delegación gremial encabezada por su presidenta, Graciela Gatti, que advirtió que el año pasado ya se habían generado inconvenientes al no estar ni siquiera claro cuál era el sistema que se estaba aplicando. Por un lado, dijo, funcionaba una comisión asesora que analizaba una lista de los mejores jueces calificados para el ascenso, que era elaborada básicamente en función de los informes de sus superiores procesales. En paralelo, la Suprema Corte había dictado una reglamentación que exigía la realización de una prueba voluntaria, que además iba a ser un elemento a considerar este año, para definir a los nuevos ministros del tribunal de Apelaciones.
Sin embargo, apuntó Gatti, la Corte lo interpretó de otra manera y lo que estaba previsto para este año ya se aplicó en 2021. Fue a raíz de esta situación que la Asociación de Magistrados elaboró un proyecto de reglamento que implique un "verdadero" concurso de oposición y méritos detallado que se le hizo llegar a las autoridades. La propuesta, explicó, toma los parámetros previstos en la nueva ley de Organización de la Judicatura y de los Tribunales, vigente desde 2019.
Algunos de esos planteos, dijo, fueron tomados por la Suprema Corte en una acordada dictada a fines de marzo que de todas formas resulta insuficiente ya que, entre otros aspectos, no toma en cuenta la antigüedad. Solo lo hace si existe un empate en el puntaje. "Sabemos que no siempre es un parámetro objetivo", reconoció Gatti. "Pero es un elemento que, sumado a otros, sin duda suma". Por ejemplo, a la hora de considerar cómo se planta un juez ante una audiencia.
Otro factor que se desconoce, dijo, es cómo se considerará la posibilidad de rendir la prueba de conocimiento no obligatoria. En particular, si será un mérito haberse presentado aunque la prueba se pierda. "Quizá el que esté mejor calificado por los superiores procesales se presente a la prueba y pierda", valoró.
"¿Cómo se manejan esos dos puntos ante otro que, por ejemplo, está en el tercer puesto de la lista pero no da la prueba u otro que la da y le va más o menos?", se preguntó.
La Asociación de Magistrados apuntó también al actual sistema de evaluación. Los jueces habían propuesto un sistema informático en el que, al analizarse una apelación, el juez actuante debería automáticamente calificar a su colega de primera instancia. Así su desempeño iría a surgir del propio sistema por el promedio de informes de todos los casos.
Hoy la Suprema Corte aplica un método en que los superiores procesales elaboran una lista de los diez jueces que consideran en mejores condiciones para ascender con base en un mínimo de tres sentencias, y conforme a un formulario donde deben analizar el desempeño en las audiencias y en el manejo del derecho de fondo en cuestiones procesales. El problema, dijo Gatti, es que esos informes son reservados, por lo que el juez calificado no se sabe quién lo calificó ni por qué.
La presidenta de la Asociación de Magistrados también habló de algunos puntos "complicados". Por ejemplo, los casos de los jueces que, por tener su sede poco trabajo, cuentan con pocas apelaciones. En estos casos, explicó, es la Corte la que directamente los califica. Dichos magistrados deben enviarle dos sentencias y la corporación, en forma aleatoria, elige otras dos y en función de ellas se los califica.
"No nos parece lógico que a algunos jueces los califique un juez letrado o penal y a otros directamente la Suprema Corte", dijo. Gatti sostuvo que mucho menos lógico es que los jueces de Ejecución tenga que enviar para ser calificados el 20% de las sentencias de hábeas corpus y, además, sumarle los informes del comisionado parlamentario. La jueza dijo que no se duda del trabajo de Juan Miguel Petit, pero advirtió que puede resultar que sea parte en algún proceso que lleve adelante el juez involucrado.
Otro elemento que le genera dudas a la Asociación de Magistrados es que la propia confección de la lista de ascensos. Además de las calificaciones, dijo, se preveía que se podían tener en cuenta los méritos de los jueces y su capacitación en el Centro de Estudios Judiciales (CEJU). Según la asociación estos dos últimos elementos nunca se tomaron cuenta. Así, la lista se realiza con base exclusivamente en las calificaciones.
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