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Juegos de azar, IASS y paraísos fiscales en la agenda del Frente Amplio

Diputados y senadores abordarán esos asuntos antes de diciembre

18 de agosto de 2016 5:00 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

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Aunque solo restan menos de tres meses para que termine el año parlamentario que cierra el 15 de noviembre, los legisladores del Frente Amplio tienen previsto aprobar en ese lapso proyectos de ley que, entre otras cosas, prevén la suba del impuesto a las jubilaciones, la moderación del secreto bancario y la ampliación del monopolio del Estado sobre los juegos de azar.

Por otra parte, los diputados oficialistas aguardan que en el Senado se llegue a un acuerdo en políticas de seguridad pública para analizar su contenido y, eventualmente, darles el visto bueno.
Además, los diputados también esperan la decisión de los senadores de la izquierda acerca de la eliminación de las bonificaciones para las donaciones a las universidades privadas.

En caso de que en la Cámara Alta el artículo sea cambiado, los diputados deberán resolver si aceptan la modificación o si la rechazan. En este caso último caso, quedaría sin efecto toda la Rendición de Cuentas ya que, tras el retorno a la Cámara Baja, debe ser votada en bloque.

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Leyes.

La denominada "ley de juegos" es motivo de polémica dentro de la bancada de legisladores e incluso tres artículos que versan acerca de la función de la Dirección Nacional de Casinos fueron retirados de la Rendición de Cuentas porque no contaban con los votos suficientes entre los diputados oficialistas.

Esos artículos, además de dotar de independencia a la dirección de Casinos ante el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), le da la potestad de rotar a cualquiera de sus funcionarios en un área de 50 kilómetros de su domicilio habitual.
Asimismo, refuerzan la capacidad de Casinos de ceder el 10% de las ganancias de las máquinas tragamonedas para pagar los premios de las carreras de caballos.

Estos artículos fueron desglosados tras un reclamo de la Liga Federal y serán evaluadas en el marco de la denominada "ley de juegos" que, entre otras cosas, plantea la creación de una Administración Nacional de Casinos y Juegos de apuestas del Estado que se encargará de la explotación y administración de casinos, salas, y loterías, entre otros.

La iniciativa genera resistencia en la oposición y también a nivel médico puesto que de aprobarse el juego por internet –otras de las cosas que están contempladas en el proyecto– advierten que aumentarán los casos de ludopatías.

Los parlamentarios del Frente Amplio se preparan además para votar la suba del IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social) que alcanzará a las jubilaciones mayores a $50 mil pesos.
Ese aumento estaba dentro de la Rendición de Cuentas pero fue separado del cuerpo del documento ya que no se pueden votar cambios previsionales por esa vía.

Por otra parte, tanto los senadores como los diputados de la izquierda abordarán antes de fines de noviembre el proyecto de ley de transparencia fiscal enviado por el Poder Ejecutivo que dispone el aumento de los impuestos que deberán pagar las empresas beneficiadas de regímenes de baja o nula tributación para actividades realizadas en el país. Con esta ley el gobierno pretende encarecer la utilización de sociedades en paraísos fiscales.

A estas sociedades se les aumentarán los impuestos al patrimonio y los gravámenes que deben pagar a través de la renta empresarial y la renta de no residentes.
Por otra parte, los legisladores del FA intentarán aprobar una disposición que topea los sueldos de los jerarcas estatales.

Esta propuesta naufragó en Diputados porque se precisan dos tercios de los votos y el Partido Nacional la rechaza porque, considera, viola la autonomía de los gobiernos departamentales.

En el Senado el Frente Amplio insistirá con la propuesta y contará con el respaldo del Partido Colorado, de Daniel Bianchi –que responde a Edgardo Novick- y de Pablo Mieres (Partido Independiente). Mieres solo pide que la ley no alcance a los intendentes municipales ya que la Constitución establece que sus sueldos deben ser fijados por las juntas departamentales.

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