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Jueza mantuvo suspensión en obras de rambla de Punta Colorada que pidió juez Recarey
La jueza Virginia Ginares, del Juzgado Civil de 7º Turno, mantuvo la suspensión de las obras de remodelación en la rambla de Punta Colorada tras el recurso solicitado por la Intendencia de Maldonado de continuarlas, hasta que el caso sea tratado por un Tribunal de Apelaciones, informó La Diaria y confirmaron a El Observador fuentes judiciales.
La suspensión de las obras fue pedida como medida cautelar por Alejandro Recarey en julio, quien en ese momento ofició como juez subrogante de lo Contencioso Administrativo por la feria judicial –cuando también ordenó suspender la vacunación contra menores de 13 años–. Según su fallo, prohibió todo retiro de arena y colocación de "flora exótica" hasta que las obras cumplan con los requisitos impuestos por los estudios de impacto ambiental y ordenamiento territorial.
Según la interlocutoria firmada por Ginares, al que accedió El Observador, no se advirtieron "agravios para los comparecientes (la Intendencia)", y "corresponde que el Estado cumpla con controlar coordinadamente el cumplimiento de la medida", agrega el escrito.
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Recarey entendió que "existe peligro de lesión al medioambiente y (...) a la vida social y económica nacional. Hay evidencias de riesgo de reducción espacial, que impida la movilidad de las dunas de arena. Y de esa forma, literalmente, de perdida lisa y llana de playa. Con repercusiones en la flora y fauna", indica el fallo.
Días después la Intendencia de Maldonado apeló el fallo de Recarey. Hugo Álvez, abogado de la Intendencia, dijo a El Observador en aquel entonces que esta obra "no existe" y la rambla "tiene más de 60 años". A su vez, indicó que lo que hizo la IDM fue "reacondicionarla" y que las obras se terminaron e inauguraron en diciembre pasado. Por este motivo, se presentó una denuncia penal contra dos testigos por "falso testimonio".
"Cuál es la obra, si está o no en ejecución, si se saca o no arena para o desde la playa y/o rambla, quienes están legitimados activa y pasivamente, constituirán objeto de la discusión de fondo, pero entre tanto la medida de no innovar está vigente, por lo menos hasta que culmine el proceso", indica la interlocutoria judicial.
Para Álvez se acusó a la IDM infundadamente de actos ilícitos que no cometió, así como también resaltó el cuidado del medio ambiente y protección de dunas que la administración departamental realiza.
El 15 de julio Enrique Antía, intendente del departamento, dijo que hubo una “jugada política” detrás de la decisión de Recarey. “Yo olía a una jugada política atrás de eso, por el tipo de denuncia trucha que hicieron, y por la gente que se involucró en el tema. Lo peor es que utilizaron técnicos de la cátedra de la Facultad de Ciencias para decir cosas que no son ciertas, incluso falsedades, y por eso lo denunciamos ante la Justicia penal”, expresó el jefe comunal.
