Cierre de fronteras para Pepín Rodríguez Simón, que espera se le otorgue refugio

La jueza de Crimen Organizado, Adriana Chamsarian, resolvió suspender el proceso hasta tanto no se defina  si Rodríguez Simón, sindicado como uno de los “operadores judiciales” del ex presidente Mauricio Macri, accede al status de refugiado por motivos políticos. 

Así se confirmó a El Observador desde la Suprema Corte de Justicia. 

La CORE está integrada por representantes de Cancillería, el Ministerio del Interior, la Universidad de la República, el Parlamento y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Tendrá 90 días para tomar su decisión que, si es favorable a los intereses de Rodríguez Simón, impedirá que sea enviado a su país.

Rodríguez Simón dice ser un “perseguido político” en Argentina, y en ese sentido había presentado un recurso de hábeas corpus para frenar su detención, solicitada por la jueza federal María Servini de Cubría, que no prosperó.

“Pepín” es investigado en el marco de una denuncia presentada por el empresario Fabián De Sousa, uno de los responsables del grupo Indalo, que entre otros intereses manejaba en su país varios medios de comunicación críticos con el gobierno de Macri. 

De Sousa, socio del operador kirchnerista Cristóbal López, acusó a Rodríguez Simón de operar ante la Justicia para “desapoderarlo” de sus empresas. 

Desde Uruguay y en una nota con C5N, que forma parte de Indalo, “Pepín” acusó por su parte a López y a la jueza Servini de, con el aval del gobierno argentino, montar una “persecución judicial” para encerrarlo en prisión. Incluso señaló que el presidente Alberto Fernández, antes de asumir, “estaba en la nómina” del grupo empresarial de Cristóbal López. 

Mientras se procesa el pedido ante la CORE, Rodríguez Simón podrá permanecer en Uruguay en libertad. La jueza Chamsarian rechazó su detención, tal como se pedía desde Argentina. De todas formas dispuso el cierre de fronteras inmediato para el acusado, que deberá fijar domicilio y entregar su pasaporte. 

Según lo previsto en el Código del Proceso Penal, la audiencia de este jueves tenía el objetivo de comunicar al acusado formalmente el pedido de extradición en su contra. 

Se trató de una instancia muy breve. Rodríguez Simón ratificó que no acepta ser extraditado a su país. Finalizada la audiencia optó por retirarse por la puerta trasera del juzgado, y se alejó a bordo de un vehículo de Uber. 

En el Parlasur

El destino de Rodríguez Simón también se juega en el Parlamento del Mercosur (Parlasur). 

La comisión de Asuntos Internos de ese deliberativo, presidida por el diputado uruguayo Conrado Rodríguez (Partido Colorado), comenzará a analizar el próximo martes un pedido de destitución en su contra. 

La solicitud, presentada por legisladores argentinos integrantes del Frente de Todos y del Bloque Argentina Federal, afines al gobierno de Alberto Fernández, se fundamenta en la “falta de decoro” de Rodríguez Simón al intentar eludir a la Justicia de su país. 

En diálogo con El Observador, Conrado Rodríguez garantizó que se respetará el debido proceso y se otorgarán todas las garantías para que denunciantes y denunciado puedan presentar sus alegatos. 

La definición estará en manos del Plenario del Parlasur, en medio de un debate jurídico en torno al alcance de los “fueros” que tiene como integrante de ese cuerpo. 

El artículo 12 del protocolo consititutivo del Parlasur establece que los parlamentarios “no podrán ser juzgados en ningún momento, ni durante ni después de su mandato, en territorio de los Estados parte del Mercosur, por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones”. 

También se establece que sus desplazamientos para comparecer y retornar de las sesiones no podrán ser limitados por restricciones legales o administrativas.