Jueza vetada por empresarios dirige la escuela de magistrados

El nombre de Rosina Rossi sonó en febrero de 2017 como candidata para asumir como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Había sido propuesta por el Frente Amplio pero tras semanas de negociaciaciones con la oposición para obtener los dos tercios de votos afirmativos en la Asamblea General –requeridos para llevar a alguien al máximo órgano del Poder Judicial– fue vetada.

El Frente Amplio la impulsaba para llevar a una mujer a la Suprema Corte y por su experiencia en justicia laboral, materia que la "enamoró" en sus tiempos de estudiante universitaria y que en ese momento, y todavía hoy, ejerce en el máximo cargo al que se puede aspirar: ministra del Tribunal de Apelaciones de Trabajo. Sin embargo, la oposición se mantuvo firme en su negativa en el entendido de que había otros 13 magistrados antes que ella en la lista de antiguedad en el cargo de jueces, un argumento que en realidad ocultaba el resultado de un "lobby empresarial" que quería impedir que la magistrada accediera al cargo debido a que sus sentencias se conocen por ser favorables a los trabajadores, según consultas realizadas por El Observador en aquel momento.

Finalmente, sin el apoyo político necesario, el nombre de Rossi debió ser descartado y en su lugar asumió Bernadette Minvielle, quien entonces se desempeñaba como ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º turno. Rossi evade hablar sobre aquellas semanas en la que su nombre estuvo envuelto de discusiones políticas, aunque no niega que le hubiera gustado recibir esa responsabilidad.

El pasado 15 de noviembre, la magistrada fue elegida por la Suprema Corte para desempeñarse como directora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU), el instituto que forma a todos los jueces del país. "Estoy profundamente convencida de que la formación profesional del juez es una de las llaves de paso de la calidad de la Justicia", dijo Rossi en el acto de su asunción.

La magistrada conversó con El Observador sobre el papel del derecho laboral en Uruguay y la calidad de la formación de los magistrados, la que considera un "derecho humano fundamental" que es responsabilidad de cada magistrado.

Mientras era estudiante de derecho en la Universidad de la República nunca lo pensé. Fue próximo al final de la carrera que me enamoré de la materia de derecho laboral y ahí sentía que me quería dedicar a eso. Paralelamente en 1986 empecé a trabajar en el Poder Judicial como secretaria de un juez, y al mismo tiempo fui seleccionada como aspirante a la docencia en materia laboral en la Universidad. En aquel entonces Óscar Ermida Uriarte, quien se desempeñaba como un joven profesor de derecho laboral, vio que trabajaba en el Poder Judicial y me hizo ver que tenía vocación de juez. De todas formas, solo después de haber iniciado esta carrera terminé de apasionarme de ella y de darme cuenta de que había nacido para esto.

En aquella época era un derecho casi mudo, porque casi no había normativa. El derecho laboral es un derecho del ser humano, es un derecho al que no está ajeno ningún ser. Uno puede vivir 90 años y nunca haber firmado un cheque, pero lo normal es que trabajemos para vivir. Me conmueve el hombre y la mujer trabajando. De todas formas cuando me recibí tenía 24 años y empecé la carrera judicial como juez de paz en San Ramón, no en temas laborales. Esa es una de las particularidades de la carrera judicial: los magistrados tienen que estar dispuestos a empezar en el interior para que, a medida que ascienden, puedan acercarse a la capital. Cuando ingresamos a la carrera judicial todos sabemos las reglas del juego. Los jueces tienen que estar dispuestos a asumir a dónde lo designen y lo normal es empezar por los escalones más bajos de la carrera judicial. A mi me ocurrió como a la mayoría de los jueces, en una ciudad pequeña.

Es difícil responder por el colectivo de los jóvenes, pero, si buscamos algún dato objetivo, podríamos decir que la judicatura hoy por hoy se presenta como algo más atractivo que hace unos años. De hecho, en los últimos años se han presentado como aspirantes un número importante de jóvenes. El año pasado hubo alrededor de 120 y el año anterior algo menos, pero más de 100. Años anteriores había menos aspirantes, y las convocatorias eran menos frecuentes. De ese total se gradúan en función de las necesidades de cupos. Hasta ahora no han quedado vacantes. (Nota de redacción: durante el acto de asunción de Rossi, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, valoró que se pudieron llenar las vacantes de jueces que generó la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal sin recurrir a funcionarios de fuera del Poder Judicial, gracias al trabajo de CEJU).

Tenemos una formación de dos años, lo que es un tiempo considerable. Esta formación tiene dos componentes: una parte teórica y otra final que son pasantías en distintos juzgados. Pero además, quienes ya son jueces tienen la obligación de hacer 20 horas de formación anual dentro de los cursos que ofrece el CEJU. Estos cursos se hacen de forma presencia y por videoconferencia para los magistrados del interior del país.

No intervine en ese tema. La carrera judicial termina en un Tribunal de Apelaciones. El resto, el acceso a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal de lo Contencioso Administrativo está por fuera.

El derecho internacional de trabajo y el constitucional nacional tienen una orientación protectora del trabajo del ser humano. En Uruguay el derecho del trabajo está amparado por la Constitución y sin duda tutela al trabajador. Es cierto que el empleador tiene sus áreas de tutela.l