Ocho promitentes compradores y el desarrollador se enfrentan en más de diez de litigios civiles y penales desde hace años
Más de diez juicios cruzados en lo civil y penal enfrentan a un grupo de copropietarios del emblemático edificio Delamar, que se levanta a un lado del puente de La Barra, con el desarrollador Enrique Etchebarne Bullrich.
Seis copropietarios argentinos y dos brasileños –que son promitentes compradores- plantearon en su denuncia que Etchebarne -también argentino pero radicado hace años en Maldonado- a través de Meltony SA vende apartamentos o terrenos ocultando que luego será él quien controle o tenga posesión de los bienes comunes. Al mismo tiempo, afirman que controla la administración de los desarrollos y de esa manera decide el valor que todos los vecinos deben pagar por utilizar bienes comunes, o fija cifras sin respaldo alguno por los denominados “gastos de ocupación”.
También sostuvieron que utiliza empresas controladas por él para revenderle servicios a la comunidad con un sobreprecio. La concesión de playas, reparación de humedades o servicios de catering forman parte de la gama de servicios que dichos desarrollos contratan a las empresas controladas por Etchebarne.
La denuncia patrocinada por el abogado Renzo Gatto menciona “el fraudulento manejo de dineros de la copropiedad Delamar por parte de su actual administrador para beneficio de Etchebarne, sus socios y sus familiares”.
Según establece la denuncia esos manejos tienen dos objetivos: "el pago de los propietarios de gastos e inversiones que le corresponden al desarrollador y la obtención ilícita de beneficios directos para Etchebarne y/o sus familiares mediate la fraudulenta administración por parte de García Rigoratis, del dinero de la copropiedad".
Consultado por El Observador, Etchebarne declinó hacer declaraciones. No obstante, allegados al desarrollador señalaron que los clientes de Gatto en realidad son seis promitentes compradores que no han pago lo que debían, como si lo hicieron los restantes 42 propietarios que pagaron y escrituraron sus apartamentos hace años”.
Agregó que los clientes de Gatto también han sido demandados por más de US$ 1,5 millón que deben por los contratos más daños y perjuicios. Según su planteo hay otros propietarios que se sienten perjudicados por sus reclamos indebidos y también les han iniciado a los clientes de Gatto juicios. En ese sentido, mencionaron que la copropiedad ha comparecido en el juicio respaldando a Meltony y Etchebarne, y que ahora se reserva el derecho de denunciarlos por difamación.
La denuncia de Gatto menciona también que los promitentes compradores solicitaron un auditor que concluyó que la administración está haciendo frente a gastos derivados de la confección de los planos de sanitaria del edificio desde 2016 y que gastos de reparación de vidrios y humedades fueron abonados contra comprobantes emitidos por la empresa Ufmol que está inscripta en el sector Industria y Comercio.
Los promitentes compradores del edificio dijeron que no quisieron escriturar porque entienden que el reglamento que redactó Etchebarne es irregular y si lo hacen luego no podrán participar del recupero de la sociedad. Agregaron además que los juicios que él les está haciendo "son extorsivos".
Si bien, los que iniciaron acciones son sólo ocho vecinos, éstos plantearon que hay otros que no se han interesado mucho en conocer la situación de la administración y además señalaron que sospechan que se han fraguado actas de las asambleas de copropietarios y por eso pidieron a la Fiscalía una pericia de las actas.
La denuncia penal por el delito de apropiación indebida está radicada en la Fiscalía departamental a cargo de Ana Roses pero la titular se encuentra ahora de licencia por maternidad. Hasta el momento no ha habido citaciones.
El abogado Gatto dijo que como hubo un cambio de fiscal, la indagatoria no avanzó.
Por otra parte, la demanda civil está radicada en el juzgado letrado de Maldonado de 5° turno. Según Gatto, se ha ampliado en un ramal de juicios y juicios millonarios, "muchos absurdos, con montos disparatados". Algunos ya terminaron, como los juicios de jactancia, que son aquellos en los que una persona acusa a otra de que tiene un crédito, el acusado puede instar a que inicie juicio y si no lo inicia pierde su crédito.
Los juicios llevan al menos seis años pero el diferendo entre los promitentes compradores y Etchebarne empezó bastante antes.
El edificio Delamar se construyó entre 2005 y 2008, luego de que la Junta Departamental aprobara la construcción por parte de Meltony SA, la empresa desarrolladora. En 2009, Meltony SA se presentó en concurso preventivo, cuando según los vecinos el edificio no tenía el final de obra, las escrituras y el reglamento de propiedad no habían sido entregados y se adeudaban obligaciones con los compradores. A partir de ese momento siguió Etchebarne como administrador del edificio a nombre propio.
Los denunciants sostuvieron que Etchebarne dejó de pagar US$ 1,2 millones a expensas de los vecinos apelando a artilugios. Según argumentaron los propietarios debieron asumir las obligaciones de Etchebarne para finalizar el edificio, adoquinar el estacionamiento de planta baja, solventar las habilitaciones de bomberos, mientras que Etchebarne no pagaba las expensas de las unidades sin finalizar.
Agregaron que el salón construido para que funcionara como showroom del edificio cuando se estaba construyendo quedó ahí instalado por varios veranos como exposición de vehículos o de obras de arte, y que además la electricidad se la suministraba el edificio con una conexión clandestina.
En 2017, Etchebarne presentó un proyecto ante la Intendencia de Maldonado para realizar un hotel en el terreno lindero a Delamar, lo que también les trajo diferencias con el grupo de copropietarios, ya que pensaba utilizar las cocheras del edificio para el hotel. Finalmente esa obra no avanzó.
Tomaron conocimiento de lo de las cocheras un año después cuando el Delamar obtuvo la horizontalidad bajo un procedimiento destinado a viviendas de interés social y se enteraron de que el síndico de Meltony -designada en el proceso concursal- había redactado el primer reglamento del edificio y le asignado exclusivamente al administrador el uso de gran parte de los espacios comunes: los depósitos, el acceso a las cocheras, los lobbies de las tres torres, el alerón de las azoteas, 70 cocheras de subsuelo y todas las cocheras de planta baja.