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Justicia condena a Lula a 12 años de prisión en otra causa por corrupción y lavado
La Justicia brasileña condenó este miércoles al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en otro caso por delitos de corrupción y lavado de dinero.
Lula, quien fue presidente en Brasil entre el año 2003 y el 2010, ya cumple una pena de 12 años y un mes de cárcel desde el pasado abril por otro caso de corrupción y lavado de dinero, después de que la Justicia diera por comprobado que recibió un apartamento en una playa de San Pablo a cambio de sobornos.
Se trata así de la segunda sentencia en menos de dos años contra Lula, de 73 años, quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, por orden del entonces magistrado Sergio Moro.
En la nueva causa, la jueza federal Gabriela Hardt consideró que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos US$ 271.000) que tres empresas -Odebrecht, OAS y Schain- hicieron en una casa de campo en Atibaia, un municipio en el interior del estado de San Pablo.
La casa está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, que la cedió temporalmente al expresidente en 2010 para que pudiera disfrutarla con su familia.
No obstante, según la Justicia, pese a no ser el propietario de la casa de campo, Lula se benefició ilegalmente de las reformas en la misma por parte de empresas que fueron favorecidas en su gobierno con contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras.
Además de Lula, la jueza Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención).
Moro comandó en primera instancia la operación que destapó las corruptelas en Petrobras, si bien dejó el cargo a finales del año pasado para poder asumir en enero el Ministerio de Justicia en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
El juez fue sustituido entonces por Hardt, quien interrogó a Lula el pasado noviembre sobre el caso por el que ha sido condenado este miércoles.
La noticia de esta segunda condena -acompañada de una foto del exmandatario- fue tuiteada de inmediato por Bolsonaro, quien durante la campaña prometió que, de ser electo, el exlíder sindical iba a "pudrirse en prisión".
La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, denunció de su lado que "la persecución contra Lula no para".
La primera sentencia
Lula fue condenado en el 2017 a nueve años y medio de prisión por aceptar un apartamento de lujo de una constructora involucrada en los sobornos a políticos del caso Petrobras. Sus abogados apelaron, pero la condena fue ratificada unánimemente el 24 de enero de 2018 por el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que además amplió la pena a 12 años y un mes.
Esa misma corte fue la que, el jueves 5 de abril en la madrugada, rechazó un recurso de habeas corpus presentado por la defensa del expresidente, para evitar que este fuera a prisión hasta que no terminaran todas las instancias judiciales del caso.
Luego de esto, el juez Moro escribió: "en relación a Lula, le concedo, en atención a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17h del día 6 de abril, cuando deberá cumplirse el mandamiento de prisión".
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Finalmente, el sábado 7 de abril en San Pablo, el exmandatario se entregó ante las autoridades.
El día clave
Su ingreso en prisión en Curitiba estuvo marcado por los incidentes que se produjeron cuando aterrizó en el helipuerto de la sede policial y explotaron dos supuestos petardos en medio de la
concentración de los seguidores de Lula, según la versión de la Policía.
Ante este hecho, la Policía Federal, que estaba apostada en el interior del local, reaccionó inmediatamente lanzando gases lacrimógenos y balas de goma que obligaron a la militancia
del Partido de los Trabajadores (PT) a dispersarse en medio de una gran confusión.
En total hubo nueve heridos, entre ellos una niña y un policía, y varios tuvieron que ser trasladados al hospital.
Entre los seguidores de Lula había profesionales de los medios de comunicación que también sufrieron las consecuencias de la acción policial, que, sin embargo, no se reprodujo del mismo modo en el lado en el que se manifestaban los detractores del expresidente.
Los contrarios a Lula, que lanzaron cohetes y fuegos artificiales para conmemorar la llegada del ex jefe de Estado, fueron orientados, de manera pacífica, para abandonar el recinto.
Candidato tras las rejas
En agosto de 2018 el Partido de los Trabajadores (PT) lanzó la candidatura presidencial de su encarcelado líder, en una apuesta improbable que confirmó sin embargo el papel central del exmandatario de izquierda en la política de Brasil.
Una vez más, aunque esta vez desde una cárcel de Curitiba, Lula se perfilaba como la figura central de la campaña electoral, con el 30% de intenciones de voto, prácticamente el doble que
cualquiera de quienes serían sus rivales.
La condena lo inhabilitó para competir en una elección, en virtud de la "Ley de Ficha Limpia" promulgada por él mismo en el último año de su mandato. El 31 de agosto de 2018, el Tribunal Superior Electoral (TSE) invalidó formalmente su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre.
Días después, Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo, lo sustituyó como candidato del PT.
Posible libertad
En diciembre de 2018, una medida cautelar podría haber llevado a excarcelar a Lula, pero el presidente de la Corte Suprema de Brasil, José Antonio Dias Tóffoli, la anuló.
Dias Tóffoli se pronunció en ese sentido en respuesta a una apelación presentada por la Fiscalía General, que se posicionó en contra de una medida que, en opinión de su titular, Raquel Dodge, podría causar "una grave lesión al orden y la seguridad".
La cautelar había sido dictada por el juez Marco Aurelio Mello y se apoyaba en un artículo de la Constitución que dice que una pena sólo puede ser ejecutada cuando se agota toda la fase de apelaciones y no una vez que la sentencia se confirma en segunda instancia, que es el caso de Lula y de otras 169.300 personas que están en la cárcel.
Amparado por esa cautelar, el Partido de los Trabajadores (PT) llegó a solicitar formalmente la excarcelación de su máximo líder.
La medida dictada por Mello fue objeto de críticas en casi todo el medio jurídico, pues si bien se apoya en la Constitución, no tomó en cuenta una decisión adoptada en 2016 por el propio
Supremo, que fue raticada este mismo año y permite que una pena comience a ser ejecutada tras la condena en segunda instancia, aún cuando resten apelaciones.
En la sentencia en que anuló esa medida, Dias Tóffoli recordó que la Corte Suprema se propone discutir ese asunto nuevamente, en una sesión que está prevista para el próximo 10 de abril.
Fuentes: EFE y El Observador
