El empresario argentino Lázaro Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín, montaron junto a otros socios una "estructura delictiva" para lavar dinero. Sobre esa certeza, el juez argentino Sebastián Casanello los procesó con prisión y embargó sus bienes. Este fallo tuvo su repercusión en Uruguay, donde el grupo liderado por Báez compró el campo El Entrevero en 2011 por US$ 14 millones. A pedido de la fiscal María de los Ángeles Camiño, la jueza Adriana de los Santos embargó este lunes el campo, informaron fuentes vinculadas al caso a El Observador. Se trata de uno de los embargos más cuantioso de la historia del país.
El campo El Entrevero, de 152 hectáreas, está ubicado en una de las regiones más preciadas del este, sobre la ruta 10 entre José Ignacio y Punta del Este. El negocio nació en el verano del 2011 y fue planificado por Maximiliano Goff Dávila y Leonardo Fariña, el valijero de la organización liderada por Báez que relató el negocio al periodista Jorge Lanata en una cámara oculta.
"La famosa compra del lote de Uruguay, si vos vas al registro el titular es Pérez Gadín. Son tan enfermos que hacen eso (...) En José Ignacio, ahí sobre la ruta. (...) Son tan ignorantes que lo pusieron a título personal del tipo y lo podés chequear en cualquier registro público", dijo Fariña a Lanata.
A partir de ese dato,
El Observador publicó en mayo de 2013 documentos de la Dirección General de Registros que confirmaban que Jumey, una sociedad presidida por Pérez Gadín, el contador de Báez, había comprado el campo el 1º de agosto de 2011.
En un mail fechado el 9 de marzo de 2011 y divulgado por el diario argentino Perfil, Fariña explica que "esta transferencia es para el jefe", en alusión a un giro de dinero de Báez para el pago del campo. La jueza ordenó el embargo este lunes en base a las noticias de la prensa argentina de los procesamientos, porque aún no ha recibido la respuesta formal del juez argentino.
Si bien la operación se concretó en los papeles por US$ 14 millones, fuentes del sector inmobiliario informaron a El Observador que ese terreno tiene hoy un valor de mercado cercano a los US$ 9 millones.
US$ 30 millones en cuatro meses
La escritura firmada por el escribano Adolfo Pittaluga Shaw, a la que también accedió El Observador, establece que la venta se concretó en US$ 14 millones.
Por el monto de la operación, el embargo dispuesto por la jueza De Los Santos es uno de los más cuantioso de la historia del país. Completan el podio dos embargos recientes que alcanzaron cada uno los US$ 10 millones. Uno, el que recayó sobre apartamentos de Eugenio Figueredo, exdirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (
AUF), la Confederación Suderamericana de Fútbol (
Conmebol) y la FIFA. El otro embargo por US$ 10 millones se dispuso sobre los bienes de seis integrantes de una organización que lavaba dinero para el cartel de narcotraficantes mexicanos "Los Cuinis". Los tres embargos fueron ordenados por la jueza De Los Santos, que a mitad de año será trasladada a un juzgado ordinario.
Por estas medidas, en los últimos cinco meses la magistrada recuperó bienes para el Estado por unos US$ 30 millones.
Esta cifra representa un avance notorio en la lucha contra el
crimen organizado. El Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas, recaudó US$ 3,5 millones entre 2010 y 2015 en remate de bienes embargados.
Escribano y agente inmobiliario
Los únicos que han declarado en esta causa en calidad de indagados fueron el agente inmobiliario que participó del negocio, Alejandro Perazzo, y el escribano que escrituró la compraventa, Adolfo Pittaluga Shaw. Los demás indagados, Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín, nunca declararon en el marco de la causa que se abrió en Uruguay en 2013. El agente inmobliario y el escribano fueron multados además por el Ministerio de Economía por incumplir los controles antilavado.
