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30 de mayo 2022 - 16:35hs

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional de España Joaquín Gadea admitió este lunes una denuncia presentada contra el candidato presidencial de izquierda Gustavo Petro por el presunto secuestro del periodista Fernando González Pacheco por parte de la organización guerrillera M-19, en la que militó el ganador de la primera vuelta de las elecciones que se realizaron este domingo en Colombia.

Este lunes, pocas horas antes de que el magistrado le diera curso - y menos de 24 horas después de que Petro se impusiera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia -, fuentes judiciales filtraron a la agencia Europa Press el contenido de la denuncia, que acusa al candidato de una supuesta participación en una acción presuntamente cometida por esa organización guerrillera, que ya no existe.

La denuncia, que fue presentada el 19 de mayo pero filtrada ahora –en un contexto que hace sospechar de oportunismo político– presenta imprecisiones. Sostiene que el presunto secuestro del periodista González Pacheco pudo haber ocurrido en un período que abarca entre 1977 y 1990 y no presenta ninguna prueba de la supuesta participación del político colombiano.

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La oportunidad de la filtración de la denuncia, realizada por el ciudadano francés François Roger Cavard, abre un interrogante sobre si su objetivo es judicial, como plantea, o político, como parte de una maniobra para desgastar la imagen de Petro, candidato de Pacto Histórico, con vistas al balotaje del 19 de junio, cuando enfrentará a Rodolfo Hernández del partido LIGA (Liga de Gobernantes Anticorrupción).

En los comicios de este domingo, Petro logró el 40,34% de los votos, contra el 28,08% de Hernández, que quedó en segundo lugar.

Según la presentación judicial, el periodista González Pacheco habría sido secuestrado por la guerrilla y liberado posteriormente. González Pacheco, que gozaba de una gran fama en Colombia, murió en Bogotá en 2014 por una complicación cardíaca. Sin embargo, no hay pruebas concretas de que el supuesto secuestro haya ocurrido, ni tampoco de la participación de la guerrrilla del M-19.

El juez Gadea explicó que la admisión de la denuncia se produjo “a los solos efectos” de ofrecer a los familiares del periodista la posibilidad de querellarse después de que la Fiscalía haya rechazado hacerlo por considerarla inconsistente.

La relación que conecta estos hechos con la Audiencia Nacional es, apunta el magistrado, que González nació en España. Sin embargo, y para corroborarlo, el magistrado ordena a la Policía comprobar si el periodista “ostentaba la nacionalidad española al tiempo de producirse los hechos denunciados”.

El juez Gadea también solicita que se averigüe -con el auxilio de las autoridades colombianas- si Petro “goza de estatuto de amnistiado o indultado, y especialmente, si ha sido investigado, absuelto o condenado por los hechos” que se investigan. Y, además, ofrece al propio Petro a presentarse en esta condición en el procedimiento para poder defenderse.

La denuncia interpuesta por Cavard contra Petro imputa al dirigente la comisión de delitos calificados inicialmente como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

El denunciante relata que Petro “habría sido integrante” de la extinta guerrilla M-19, quienes durante al menos dos décadas (entre los años 70 y 80) emplearon de manera sistemática e indiscriminada el secuestro de personas, así como la tortura y el asesinato intencional con el objetivo de destruir a quienes consideraban su enemigo”.

En su escrito, Cavard asegura que las “violaciones de los Derechos Humanos cometidas por Petro Urrego en Colombia durante las décadas delos 70 y 80 que arrojaron un trágico y vergonzoso saldo de miles de personas ejecutadas, otros miles torturados, y miles de víctimas desaparecidas, están aún en la impunidad”.

A pesar del extenso relato y el repaso de los supuestos hechos delictivos cometidos por el grupo que contiene la denuncia de Cavard, el juez aclaró que “tan solo el caso del secuestro del periodista resultaría (en este momento) con una aparente vinculación con la Jurisdicción española”.

 

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