6 de diciembre de 2012 17:24 hs

Hoy era el día tan anunciado por el kirchnerismo como el fin de una etapa signada por el “monopolio de la palabra” y donde comenzará una nueva era de pluralidad de voces. Pero no todo está saliendo de acuerdo a la expectativa del gobierno de Cristina Fernández Kirchner, que preveía la caída de la medida cautelar que protege al multimedios Clarín y que, por consiguiente, comenzara la vigencia plena de la nueva ley de medios aprobada hace tres años.

Esta ley pone un tope a la cantidad de emisoras de radio y televisión que puede tener una empresa en una determinada área geográfica. En consecuencia, los multimedios que excedan ese límite y que no hayan presentado un plan voluntario para “desinvertir”, se harían pasibles de una intervención estatal, donde las autoridades actuarán de oficio retirando las emisoras “excedentes” que serán licitadas para ser explotadas por nuevos dueños.

Pero a último momento ocurrió uno de los mayores temores del kirchnerismo: ayer de tardecita la Justicia dictó una prórroga en la medida cautelar hasta que haya un fallo sobre la cuestión de fondo (es decir, si es constitucional o no que una ley obligue a un medio de comunicación a desprenderse de parte de sus activos).

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No era una posibilidad que el gobierno considerara improbable. Más bien al contrario, los funcionarios kirchneristas venían advirtiendo sobre las consecuencias negativas que un fallo de este tipo podría llegar a tener.

En un clima de guerra psicológica, prácticamente no ha pasado un día sin que haya conferencias de prensa, emisión de comunicados o declaraciones periodísticas en las que el gobierno y Clarín se acusen mutuamente de querer violentar la ley.

Así, el famoso 7D finalmente llegó con la tensión política en su máximo nivel: el gobierno advirtió que se puede llegar a una situación de conflicto de poderes, en el cual la Justicia intente tomarse atribuciones propias del Poder Ejecutivo. Los dirigentes kirchneristas no ahorraron dramatismo a la hora de definir la situación: consideran que el país vive una situación análoga a la previa de los varios golpes de Estado que signaron la historia del país durante el siglo XX, con la diferencia de que ahora los grupos poderosos que ven amenazados sus intereses ya no recurren al “partido militar” sino al “partido judicial”.

Round para Clarín
El ministro de Justicia, Julio Alak, previendo la posibilidad de que la Justicia prorrogara la medida cautelar que protege a Clarín, había adelantado que ello equivaldría a un “alzamiento” por parte del Poder Judicial.

Antes de eso, había recusado a todos los jueces de la Cámara civil y comercial, que tenía a su cargo el análisis de esa medida.

La oposición consideró esta situación como un avasallamiento sobre el Poder Judicial, y anunció un juicio político contra Alak.

Ayer, pocas horas antes de que saliera el fallo, la asociación que nuclea a los jueces había rechazado las presiones del gobierno sobre el funcionamiento de la Justicia.

Lo cierto es que detrás de esta pulseada hay mucho más que un conflicto de índole judicial, comercial o mediático.

Se trata, por sobre todo, de un tema político. El 7D era una de las más fuertes jugadas políticas del gobierno, y lo peor que le puede ocurrir al kirchnerismo es que transcurra como un viernes común y corriente.

La pregunta del momento, en consecuencia, es qué tan lejos está dispuesto a llegar el gobierno en su cruzada contra el principal grupo mediático del país.

La pulseada tiene final abierto. Las previsiones van desde que no ocurra nada significativo (lo cual sumiría al gobierno de Fernández en una pesada sensación de ridículo) hasta que haya confiscaciones y ocupaciones de edificios del grupo Clarín, con reminiscencias chavistas. Y en el medio, toda una serie de posibilidades intermedias.

Retomando la iniciativa
Los analistas y politólogos, que por estos días han hecho “horas extra” en los medios de comunicación, han aventurado explicaciones respecto de por qué Fernández ha tensado la situación a este extremo. Y la explicación es sencilla: siente que tiene poco que perder y mucho por ganar.

Esa ha sido, después de todo, la estrategia política que le ha dado resultado al kirchnerismo durante una década en el poder. En cada situación de debilidad política (y este momento lo es, a juzgar por las encuestas de imagen presidencial) ha redoblado la apuesta para retomar la iniciativa política.

“Ellos entienden que es importante, como señal para opositores y para la propia militancia, demostrar que no dejan que les impongan desde afuera la agenda política, sino que mantienen la iniciativa. Ocurrió luego de la derrota política del conflicto con el campo o luego de la derrota electoral en las legislativas de 2009”, señala el politólogo Rosendo Fraga. Recuerda que, en ambas situaciones, el kirchnerismo se recuperó de una situación de debilidad sobre la base de grandes golpes de impacto, como fueron la reestatización del sistema jubilatorio y el debate por la ley de medios.

Claro que no es una estrategia exenta de riesgos. Sobre todo cuando se apuesta al “todo o nada”.

“Después de la expectativa que creó, más le vale al gobierno que ocurra algo importante con el 7D. A esta altura, la militancia espera que invadan el edificio de Cablevisión con los ‘marines’. Y si finalmente no pasa nada, no sé de qué se van a disfrazar. Va a costar reelaborar el discurso para justificarse”, argumenta el analista Jorge Giacobbe.

Y esa observación apunta al verdadero fondo del asunto: el gran temor kirchnerista es que no se note ningún cambio importante.

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