El exdirector de Ursec por el Frente Amplio, Nicolás Cendoya, seguirá cumpliendo las medidas de fijar domicilio y no poder salir del país por 90 días más, es decir, hasta el 7 de setiembre. Según dijeron a El Observador fuentes del caso, en la audiencia judicial de este martes la Justicia hizo lugar el pedido del fiscal Diego Pérez
Cendoya fue imputado el 8 de marzo por tres delitos de abuso de funciones. Junto al exjerarca frenteamplista, también fue imputado Gabriel Lombide, expresidente del organismo, por un caso vinculado a la designación de una radio de Palmitas en Soriano.
El juez Fernando Islas también formalizó la investigación para la secretaria de Cendoya, que actuó como coautora, al igual que Oscar Mecol, ex secretario general.
El fiscal Pérez responsabilizó a Cendoya y a los otros jerarcas por tres hechos irregulares: la destrucción de documentación de la Ursec, el procedimiento por el cual se habilitó el funcionamiento de la radio Palmitas FM de Soriano, y el otorgamiento de una radio comunitaria en Salto, que operó con una potencia mayor a la habilitada.
Pérez había pedido las imputaciones más de nueve meses antes de que se concretaran, pero una serie de recursos planteados por las defensas dilataron el pronunciamiento de la Justicia. La denuncia fue radicada en junio de 2020 por las autoridades actuales de la Ursec.
El fiscal Pérez entendió que Lombide y Cendoya como autores y Mecol como coautor son responsables por permitirle a una radio de Soriano operar pese a que había estado en infracción.
Según comprobó una investigación administrativa que fue aportada a la fiscalía, el cuerpo de inspectores de la Ursec había clausurado la radio de Palmitas y había incautado los equipos de transmisión luego de constatar que la radio operaba sin habilitación, pero los jerarcas obligaron a los inspectores a devolverles los equipos para que siguieran al aire.
El otro caso por el que se responsabilizó a Cendoya fue por la habilitación de una radio comunitaria en Salto. Bemba FM comenzó a operar luego de una resolución firmada por el entonces presidente Tabaré Vázquez el 5 de octubre de 2015 y dejó de operar el 5 de enero de este año.
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