Hace algunos años un ejecutivo inglés se quejó por carta al diputado de su circunscripción de que el retraso del tren que lo llevaba todas las mañanas desde su casa suburbana a Londres lo hizo llegar tarde a una reunión de trabajo. Al día siguiente recibió en su despacho la respuesta del diputado, informándole que ya había trasladado su protesta a las autoridades ferroviarias. Esta anécdota real refleja el papel que corresponde a los legisladores como representantes individuales de los ciudadanos que los votaron para defender sus intereses y necesidades.
Uruguay está lejos de la puntillosa práctica que es común en Gran Bretaña y otras naciones más avanzadas y su sistema electoral es distinto pues no hay representación distrital. Pero la premisa rige igualmente, en especial para nuestros diputados, ya que son electos como delegados de los votantes de cada departamento.
La ignora, sin embargo, una desviada iniciativa para retacearles esa función al agudizar su conversión en voces cautivas de lo que ordenen los jefes partidarios. El Frente Amplio, con acuerdo de los partidos Nacional y Colorado y la razonable oposición del partido Independiente, promueve que se obligue a un legislador disidente o escindido a renunciar a su banca con el frágil argumento de que no le pertenece sino que es propiedad del partido.
Si se aprobara, se profundizaría tornar cada bancada en un poco democrático bloque monolítico forzado a la obediencia. Ya existe en parte con ese absurdo conocido como disciplina partidaria, bajo la cual se obliga a toda la bancada a votar lo que los jefes ordenen, así estén de acuerdo a o no. Esta situación se ha dado últimamente en el Frente Amplio, con legisladores obligados a votar lo ordenado por la autoridad partidaria pese a disentir públicamente. La restricción a que un legislador actúe de acuerdo a lo que considera mejor para sus electores sufriría otro golpe si estuviera obligado a renunciar cuando abandona su partido o cuando vota reiteradamente en contra o absteniéndose.
El viejo debate sobre si las bancas pertenecen al legislador o al partido recobró fuerza a raíz de la decisión del diputado Gonzalo Mujica de apartarse del Frente Amplio y retener su banca, luego de muchos casos en años previos en que varios legisladores cambiaron de rumbo. La propuesta del oficialismo para mantener intactas las bancadas a expensas de los derechos de cada legislador está ahora a estudio de una comisión de senadores. Su aprobación es afortunadamente improbable porque ni los partidos que la favorecen están de acuerdo sobre el curso a seguir.
Mientras el Frente Amplio sostiene que bastaría una decisión de una mayoría especial del Parlamento, algunos dirigentes blancos y colorados estiman que sería necesaria una nueva reforma de la Constitución. Con la sensatez que lo caracteriza, el líder del Partido Independiente, senador Pablo Mieres, señaló como “inviable” el recurso a una reforma constitucional.
En Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o Alemania suele ocurrir lo que se describe como cruzar líneas partidarias, cuando legisladores en desacuerdo con la posición de su fuerza política votan con otro partido. Esta natural libertad individual para que cada legislador vote lo que estima adecuado ya está restringida por la improcedente disciplina partidaria.
Y sufriría otro golpe de autoritarismo político si se aprobara la renuncia forzosa de un legislador escindido, curso que violaría la lógica de que la banca pertenece a quien fue votado para ocuparla y no a un partido.
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