La Caja Notarial, el "0,1%" que le falta acordar al oficialismo para cerrar la reforma jubilatoria

El Poder Ejecutivo está dispuesto a atender determinadas demandas de estos profesionales, pero se mantiene en su postura de incluir a esta caja paraestatal en la reforma, bajo el argumento de que, una vez implementado, todos los nuevos jubilaos estén amparados bajo el nuevo régimen. La Caja Notarial, en tanto, se opone de plano a este planteo.

Sus argumentos se basan en que, en 2019, ese subsistema ya procesó una serie de reformas. La principal: aumentar la edad de retiro de sus afiliados a los 65 años y reducir las tasas de reemplazo. También, subrayaron en un comunicado, se decidió incrementar la tasa de aportes de sus activos y crear una contribución especial para los pasivos. Esta postura aparece respaldada por la Asociación de Escribanos del Uruguay, que desde la semana pasada viene desarrollando una campaña pública para que esa caja pueda "mantener su autonomía". Se dice que es una caja "viable y autosustentable", que en los últimos 81 años nunca necesitó de la ayuda del Estado. 

El proyecto plantea que la Caja Notarial sea incluida en el régimen mixto. Según la visión de su presidente, Miguel Corradi, esa medida lejos estará de ser buena para sus afiliados ni para el organismo. Tampoco para el Estado, afirmó, que estará obligado a subsidiar el período de transición por 30 años por, según lo estimado, unos US$ 900 millones. 

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El pasado jueves al comparecer ante el Parlamento el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, reconoció que la Caja Notarial mantiene una mejor situación económica que el resto de las cajas paraestatales, pero explicó que ese está lejos de ser el único criterio a considerar. "Debemos tener una convergencia para que todos los los uruguayos y los jubilados tengan reglas de juego generales", señaló. 

Consultado por El Observador, Mieres sostuvo este lunes que el gobierno tiene la intención de atender "algunos planteos" de los afiliados a esta caja para llegar a un acuerdo en las próximas horas. 

Más modificaciones

El Senado recibió en las últimas horas 32 modificaciones que llegan a complementar el texto que comenzará votarse en la comisión especial este martes, que fueron ajustadas este lunes durante la reunión de balance de año del Poder Ejecutivo. Su redacción fue justificada por el gobierno en función de las "reuniones adicionales" que se mantuvieron con distintas instituciones luego que el proyecto original llegara al Parlamento el 20 de octubre. 

Allí el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, destacó una serie de modificaciones al "suplemento solidario" creado por la reforma como un "beneficio adicional a la jubilación", para los que se retiren bajo el nuevo régimen con ingresos de hasta $ 42 mil mensuales, y que podrá ser de hasta $ 14 mil. 

El texto preveía que ese "suplemento" ajustara por Índice de Precios al Consumo (IPC). A través de esta modificación, el Poder Ejecutivo podrá optar en determinadas situaciones por que el ajuste se produzca mediante Índice Medio de Salarios (IMS). Lo que se busca, expresó el ministro, es que sea partida se mantenga constante, más allá de la mayor o evolución que pueda tener la inflación. 

Por si quedaba alguna duda, la coalición de gobierno confirmó una vez más este lunes que el texto a votarse elevará -tal como lo planteó el gobierno- a 25 años la base de cálculo sobre los que se aplicarán las tasas de reemplazo de los nuevos pasivos. Cabildo Abierto había planteado limitarlo a un máximo de 15 años, bajo el argumento de un período tan extenso con los mismos años de causal de edad y de trabajo irá a producir una "rebaja importante" de las pasividades, fundamentalmente en sectores con carreras laborales piramidales. 

A los efectos, el senador Penadés ratificó que acceder a la propuesta de los cabildantes plantearía severas "dificultades de viabilidad financiera y económica" para la reforma.