La contaminación y la pobreza manchan el “boom” petrolero de Ecuador

La perforación fue obra del consorcio estadounidense Texaco-Gulf. "Ese día, ministros y funcionarios se bañaron en petróleo. Luego se lavaron en el río", cuenta a la agencia de noticias AFP Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Chevron-Texaco (UDAPT). "Un buen comienzo", ironiza el activista de la organización, que congrega varios pueblos indígenas.

Aquel primer pozo de Lago Agrio, en el noreste del país sudamericano, cerró en 2006 luego de generar casi 10 millones de barriles. Desde entonces, millones de hectáreas de la región han sido transformadas en la capital petrolera de Ecuador, un paisaje cada vez más plagado de pozos, oleoductos, camiones cisterna y refinerías.

Los bosques de la zona retroceden a medida que se extiende la contaminación, denuncian activistas. En la actualidad, el país sudamericano produce 500.000 barriles diarios, una cifra que el presidente Guillermo Lasso ha prometido duplicar. El objetivo oficial es obvio: los ingresos del petróleo, unos US$ 13.000 millones al año, son considerados esenciales por la mayor parte de la clase política y empresarial para el desarrollo del país y de su población.

Sin embargo, para Moncayo, nacido "a 200 metros de un pozo petrolero" hace 49 años, la industria es sinónimo de pobreza y contaminación. Desde la década de 1990, ha emprendido con centenares de activistas y varias oenegés una larga y difícil batalla legal contra Texaco. En tres décadas de actividad, la compañía perforó 356 pozos alrededor de Lago Agrio, cada uno de ellos con fosas de retención, 880 en total, que recogían restos de petróleo, desechos tóxicos y aguas contaminadas.

Desde entonces, unos 60 millones de litros de líquido contaminante se vertieron al medio ambiente, según la UDAPT, afectando los cursos fluviales que los campesinos y las comunidades aborígenes usan para pescar, bañarse e ingerir. Estas suertes de piscinas, que salpican la selva amazónica ecuatoriana, produjeron la que a menudo es considerada una de las peores catástrofes petroleras de la historia.

Demandas fracasadas

En 1993 unos 30.000 residentes de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, demandaron a Texaco, entonces propiedad de Chevron, ante un tribunal de Nueva York. El caso fue desestimado por falta de jurisdicción. Fue entonces que los demandantes recurrieron a tribunales de Ecuador. Finalmente, en 2021, Corte Suprema de Justicia del país falló a favor de la comunidad y condenó a la empresa a pagar US$ 9.500 millones en concepto de indemnizaciones por la contaminación de sus tierras nativas.

Siete años después, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Chevron y Texaco argumentando que la decisión del alto tribunal de Ecuador había sido en parte "redactada de forma corrupta" por los representantes de los demandantes, que habían prometido un soborno a uno de sus integrantes. Los pobladores también han fracasado en otros procesos judiciales.

Chevron sostiene que Texaco gastó US$ 40 millones en la limpieza medioambiental de la zona en la década de 1990, antes de vender sus operaciones a la empresa estatal Petroecuador. Argumenta, además, que la petrolera estatal y el gobierno son responsables de cualquier limpieza restante, según los términos del acuerdo de venta concretado en su momento.

Migajas

Al final de un estrecho camino por la selva está Aguarico 4, un pozo abandonado en 1994. Muy cerca, una fosa de retención está cubierta por una gruesa capa de materia orgánica que Moncayo remueve con un palo hasta revelar un líquido viscoso y oscuro. Un arroyo que pasa junto a la fosa está visiblemente sucio, y las vacas pastan en lugares donde lodo negro brota del suelo.

"Es así en todas partes", explica Moncayo, que lleva puestos guantes quirúrgicos, mientras explica que las fugas también vienen del crudo que transportan los oleoductos. Según un reciente estudio realizado por la Universidad de Quito, las fugas detectadas suman entre 10 y 15 todos los meses, y muchas de ellas son responsabilidad de la estatal Petroecuador.

Según las oenegés, los conflictos entre los habitantes de la región y la compañía se resuelven, principalmente, mediante indemnizaciones ad hoc, o compromisos del gobierno de construir infraestructuras o ampliar los servicios. Algo que los pobladores denuncian como “insuficiente”.

"Mis gallinas y patos comenzaron a morir. El agua del pozo se oscureció, era imposible beberla, o incluso usarla para lavar la ropa. Las niñas tenían problemas de piel", cuenta Francesca Woodman, propietaria de una pequeña finca en el asentamiento de Río Doche 2, donde viven unas 130 familias. Francesca, finalmente, se vio obligada a emigrar con sus ocho hijos debido a la contaminación.

"Nosotros aquí sufrimos la contaminación, los derrames, el humo de las chimeneas, inhalamos el polvo de los camiones cisterna, mientras ellos cobran los dólares en Quito", se lamenta Patricia Quinaloa, residente de Río Doche 2, un lugar que también es testimonio del conflicto entre los ingresos provenientes de la industria petrolera y la contaminación.

"Mientras tengan un poco de trabajo y dinero, aunque sean migajas, la gente seguirá aceptando las condiciones que imponen el gobierno y las petroleras”, explica Wilmer Pacheco, quien trabaja de chofer para una oenegé local. No es raro que lo hagan. Según los datos oficiales, los índices de pobreza en las tres provincias amazónicas productoras de petróleo oscilan entre el 44% y el 68%, por encima de la media nacional del 25%.

(Con información de AFP)