La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede generar un precedente notable en derecho al aborto

Poco después, en la sala de audiencias del tribunal, la madre de Beatriz relató: “Cuando a mi hija le diagnosticaron lupus y un embarazo, los doctores le habían dicho que no podía seguir con su embarazo, porque la vida de ambas estaba en peligro. Que sólo había una forma de que ella se salvara, pero que ellos no podían hacerlo. Ellos no podían permitir un aborto”.

Su intervención marcó así el inicio de una audiencia histórica en defensa de los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador.

Originaria de la localidad de La Noria Tierra Blanca, a unos 100 kilómetros al sureste de la capital salvadoreña, Beatriz, el nombre ficticio con el que se conocía a la protagonista de esta historia, tenía 20 años y un hijo de nueve meses cuando le confirmaron su segundo embarazo.

Fue en febrero de 2013. Entonces ya había sido diagnosticada de lupus, fuertes daños renales y artritis. Beatriz había superado con éxito un primer parto de riesgo. Un mes después, los médicos determinaron que el feto se desarrollaba sin cráneo ni cerebro. Malformaciones congénitas incompatibles con la vida.

AFP

Beatriz podía morir si el embarazo continuaba. Trece meses después, la joven solicitó que le practicaran un aborto. Las autoridades, sin embargo, le negaron el derecho, a sabiendas de la inviabilidad del feto y el grave riesgo que corría. Beatriz, entonces, recurrió a la CIDH.

Finalmente, 81 días más tarde, el Estado salvadoreño accedió a que los médicos le practicaron una cesárea. El bebé murió cinco horas después. La intervención, mucho más invasiva que la requerida inicialmente, determinó que la salud de Beatriz se debilitara y falleciera cuatro años después, luego de ser hospitalizada por un leve accidente de moto.

La CIDH, antes de interpelar al Estado salvadoreño, había puesto a consideración de un comité integrado por 12 médicos jefes de servicios su recomendación de terminar con el embarazo. Todos coincidieron en la necesidad de practicar un aborto. Sin embargo, no pudieron llevarlo a cabo por miedo a las represalias. ¿La razón? En El Salvador, los facultativos que recomiendan o llevan adelante la interrupción de un embarazo enfrentan penas de hasta 12 años de cárcel. La criminalización, además, hace que muchos violen el secreto profesional y denuncien a sus pacientes para evitar ir a la cárcel.

“Para mi hija, tomar la decisión de querer seguir viviendo fue una tortura. Yo quiero que nadie pase por lo que mi hija pasó. Solo eso”, explicó la madre de Beatriz ante los integrantes del tribunal, que comenzaron a llevar el caso “Beatriz vs. El Salvador” en enero de 2022.

Ahora, la CIDH tendrá tiempo hasta fin de año para dictar una sentencia, que los especialistas consideran que podría ser histórica. Un fallo favorable para la familia de Beatriz obligaría al Estado salvadoreño a derogar una de las legislaciones antiaborto más restrictiva de América latina y el Caribe.

El Código Penal del país establece penas de entre dos y ocho años de prisión para las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Para para peor, habitualmente, los tribunales salvadoreños tipifican el aborto como homicidio agravado, lo que aumenta las condenas de entre 30 y 50 años de prisión.

"El fallo puede darle justicia a Beatriz y transformar el futuro de las mujeres de Latinoamérica", podía leerse en una de las pancartas colocada en una valla, junto a la puerta del tribunal, mientras decenas de mujeres seguían la audiencia en una pantalla gigante. Del otro lado de la calle, en contrapartida, una veintena de activistas antiaborto se manifestaba en silencio con banderas celestes. En voz baja, en ocasiones rezando.

"Estamos alegando que el sufrimiento al que se la sometió sabiendo que su derecho a la vida estaba en riesgo es una forma tortura", explicó Gisela De León, directora del Centro de Justicia y de Derecho Internacional (Cejil). “Se violaron sus derechos a la vida y a la integridad personal", dijo la abogada.

Según los testimonios y las pruebas aportadas, el Estado no le permitió desde un principio realizar el aborto, y cuando la joven apeló a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, el tribunal determinó "no ha lugar" a la interrupción del embarazo.

“La situación en la que vivía Beatriz, en una zona rural, marginada, muy pobre y excluida" es para Humberto, su hermano, un estigma que afecta a las mujeres en sus derechos. En El Salvador, desde 1998, rige una penalización absoluta del aborto, al que califica como delito bajo cualquier circunstancia. Una práctica que es el legal en la Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y también en algunos estados de México, mientras que en Chile es ilegal, salvo que esté en riesgo la salud de la madre, en caso violación o de malformaciones en el feto.

Guillermo Ortiz, el médico que estuvo a cargo del primer embarazo de Beatriz, estimó como un “riesgo alto” que la joven continuara con su segundo embarazo. “En vista de que no había ninguna posibilidad que revertiera la anomalía congénita del feto, sólo nos quedaba proteger la vida de la mujer”, explicó frente a los siete magistrados del CIDH.

Rafael Barahona, médico que testimonió en defensa del Estado, argumento que la vida de Beatriz nunca estuvo en riesgo, que las mujeres embarazadas con lupus “suelen mejorar desde del parto” y desestimó la recomendación del comité médico consultado por el tribunal. “No tienen conocimientos médicos. Son administrativos. No ven a los pacientes”, argumentó con relación a los jefes de servicio consultados por el CIDH.

Luego de dos las jornadas iniciales, las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos por escrito. Un fallo a favor de Beatriz abre escenarios que, sin embargo, dependerán del gobierno ultraconservador del presidente Nayib Bukele, quien se presenta como el único capaz de solucionar los problemas e injusticias con medidas que, incluido el no acceso al aborto, son fuertemente condenadas por la comunidad internacional, como en el caso de la lucha contra las pandillas mediante detenciones masivas y reclusiones en presidios bajo condiciones inhumanas.

Bukele, de hecho, cambió de postura con relación al aborto desde que llegó al poder. Durante la campaña electoral caracterizó como “fanáticos” a los que exigían que Beatriz siguiera con el embarazo. En 2021, sin embargo, poco antes que el caso llegara a la CIDH, se posicionó en contra del aborto bajo cualquier circunstancia. De ahí en más, en varias ocasiones comparó su legalización como un “genocidio”.

Por lo pronto, no es la primera vez que la mirada de la comunidad internacional se posa en El Salvador por el tema de los Derechos Humanos. En febrero de 2020, Naciones Unidas obligó al Estado salvadoreño a dejar en libertad a tres mujeres víctimas de una emergencia obstétrica. Una situación similar se dio 11 años antes. En esa ocasión, el Estado debió a liberar a unas 70 mujeres.

Si bien el país adhiere al sistema interamericano de Derechos Humanos y reconoce la jurisdicción de la CIDH, las organizaciones feministas temen que el gobierno de Bukele no acate un fallo favorable a la demanda presentada debido a las alianzas políticas que mantiene con los sectores más conservadores del país. Preocupación que también comparten muchos médicos, que nada pueden hacer contra la legislación penal del país, que los ata de pies y manos, además de colocarlo en riesgo de ir a la cárcel por salvar vidas.

En el marco de la audiencia, tanto la madre de Beatriz como Ortiz denunciaron la persecución de la que son objeto por parte de los grupos autodenominados “provida”, liderados muchos de ellos por dirigentes que integran el gobierno de Bukele. “A mi hija le regalaron una cuna después de tomar la decisión de abortar. Vivimos una verdadera tortura”, relató la madre ante los jueces.

Se trata de grupos que vienen siguiendo paso a paso el proceso judicial, convocado a manifestaciones frente a la sede de la CIDH, organizando jornadas de vigilia y rezos colectivos, al tiempo que acusan a los demandantes de tergiversar la historia de Beatriz.

La preocupación que genera en los grupos ultraconservadores es evidente: se trata de la primera vez que el sistema interamericano de derechos humanos se aboca a una causa en la que está en tela de juicio la penalización absoluta del aborto.

Según los juristas, la CIDH emitió con anterioridad sentencias, algunas consideradas históricas, en las que se ha mostrado inclinado a favorecer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Uno de fallos en el caso “Artavia Murillo vs Costa Rica”, de 2012, oportunidad en la que afirmó que la protección del embrión era “gradual y no absoluta” y agregó que “el embrión no puede ser entendido como persona”.

No obstante, una década después, la sentencia no es aceptada por muchos países de América Latina y el Caribe. Pese a que adhieren al pacto constitutivo de la CIDH, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana, además de El Salvador, siguen manteniendo la prohibición total de la interrupción del embarazo. Hoy, que la tendencia en el continente es hacia la despenalización, el caso de Beatriz podría generar un precedente histórico, en especial en Centroamérica, en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

(Con información de las agencias EFE y AFP)