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La militarización del sur chileno y el desafío de Boric ante la comunidad mapuche
El presidente chileno Gabriel Boric extendió desde el pasado lunes 30 de mayo la militarización en la región de La Araucanía donde hay una tensa situación ante la histórica demanda de tierras por parte de las comunidades mapuche.
El 16 de mayo Boric había enviado fuerzas policiales al sur chileno complementadas por el patrullaje del Ejército en las rutas. A causa de hechos violentos atribuidos a sectores mapuche, entre ellos el incendio de algunos camiones, el mandatario decidió extender el procedimiento hasta el 13 de junio.
"El presidente ha dispuesto prorrogar el estado de excepción constitucional en los mismos términos en que fue emanado en la primera oportunidad", anunció Izkia Siches, ministra del Interior.
Dos problemas adicionales pusieron al gobierno de izquierda ante la disyuntiva de esperar que el conflicto baje de intensidad o enviar tropas para controlar la seguridad.
El primero es que durante la campaña electoral, Boric denunció la militarización impuesta por el saliente presidente Sebastián Piñera, quien había enviado efectivos el 12 de octubre de 2021 con una duración que concluía el 27 de marzo. Es decir, con el nuevo gobierno ya en funciones. Ese mismo día Boric anunció el retiro de los efectivos. Sin embargo, en menos de 50 días cambió de rumbo.
"Como gobierno —dijo Siches el lunes— consideramos que esta es una medida adecuada evaluando los distintos hechos de violencia que se viven en la Región de La Araucanía, como también en las (vecinas) provincias de Arauco y Biobío".
El segundo problema es que, en la Araucanía, en el balotaje de las últimas presidenciales ganó el candidato de la derecha extrema, José Antonio Kast, con un 60% de los votos contra un 39% de Boric. Encima, el pedido de mantener el estado de excepción no viene solo de la derecha, sino también de la centroizquierda, el tradicional socialismo, de buenos vínculos con la nueva administración.
La tensión bajaba desde el primer envío supervisado por Siches, aunque la semana pasada un trabajador forestal murió y al menos otros dos quedaron heridos tras un ataque a balazos en las cercanías de la localidad de Lumaco, como consecuencia de presuntos choques con grupos mapuche.
Una renuncia y causas profundas
Salvador Millaleo es reconocido abogado de origen mapuche experto en los derechos de las comunidades originarias. Fue clave en el equipo de Boric durante la elaboración del programa de gobierno. Militante del Frente Amplio y académico de la Universidad de Chile elaboró el proyecto de considerar a Chile como un estado plurinacional en la Convención Constituyente. No bien asumió Siches en Interior, Millaleo fue designado coordinador de temas indígenas.
Pero en aquel frustrado viaje de la ministra a la Araucanía, Millaleo decidió renunciar y guardó silencio hasta que el pasado domingo 28 de mayo, El País de Madrid publicara una entrevista con él. La nota fue publicada con un textual suyo: “La violencia, previsiblemente, va a escalar”.
Según Millaleo, “se requiere tomar las cosas con mayor calma y mayor planificación y, sobre todo, entender que esto no se puede hacer –ni siquiera ahora– sin las fuerzas políticas mapuche más relevantes que están dispuestas al diálogo institucional. La posibilidad de acuerdo con los grupos radicalizados, en tanto, quizás fue sobrevalorada”.
El reclamo de las tierras ancestrales por parte de la muy extensa comunidad mapuche del sur chileno tuvo hitos favorables durante los gobiernos del demócrata Cristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y de su sucesor, el socialista Salvador Allende, quien fue depuesto por el sangriento golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973.
Desde la dictadura, la industria forestal —en manos de empresas transnacionales o chilenas de gran porte— es considerada por parte de la comunidad mapuche como un despojo, un avasallamiento y un ataque a la naturaleza.
En efecto, esas compañías operan con plantaciones de pino y eucaliptus, especies no nativas, convenientes para la industria por su veloz crecimiento pero que consumen mucha agua, son resinosas y configuran un riesgo mayor para los incendios. Además, en la cosmovisión mapuche resultan una distorsión de la naturaleza, el ambiente y los espíritus de los seres vivientes.
La concentración de plantaciones forestales en la región ancestral suma más de un millón y medio de hectáreas.
Un difícil sendero
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) fue creada en 1993 por la entonces presidenta socialista Michelle Bachelet. La encabezó Jeannette Vega y, además de promover el diálogo, hicieron un relevamiento muy preciso. Un dato no menor: Boric colocó a Vega en el mismo cargo el pasado 11 de marzo.
La Conadi contabilizó 3.814 comunidades mapuche entre las regiones de Biobío y de Los Lagos, al tiempo que los empresarios de la Corporación de la Madera registran 1.012 comunidades que mantienen relaciones comerciales con empresas forestales.
Esa cuarta parte de la comunidad es vista como “colaboracionista” por algunos grupos radicalizados. Las empresas, con apoyo del sector público, firman contratos de prestación de servicios, acuerdos de uso de tierras y cumplen con reclamos de resguardo áreas de relevancia cultural.
Para tomar dimensión histórica del conflicto veamos un caso: la comunidad Juan Lincopan, ubicada en el Biobío, resiste desde hace 20 años en un territorio de la empresa CMPC, un holding en manos de la familia Matte, la tercera más grande en facturación en el país y con explotaciones madereras en el sur de Brasil.
La compañía estuvo a punto de ser nacionalizada durante el gobierno de Allende, pago mediante, pero el golpe de Pinochet. Recién en 2017, cuando finalizaba el gobierno de Bachelet, esa comunidad logró sentarse a negociar con la empresa el traspaso de la tierra. Sin embargo, el Estado a través de la Conadi, no proveyó el dinero para la compra y el conflicto continuó. En 2020, con el derechista Piñera en el poder, la empresa y la comunidad llegaron a un acuerdo a través de la formación de una sociedad que presta servicios a la forestal.
A pesar de eso, la relación duró poco. El presidente de la comunidad, Aurelio Millabur, recibió amenazas telefónicas, fue encañonado en la ruta y les quemaron las máquinas con las que trabajaban. Los mapuches atribuyeron estos ataques a grupos armados por los propios empresarios o por ultraderechistas de la región. Cuatro meses después de logrado ese acuerdo, el líder de los comuneros decidió bajarle la cortina al proyecto.
La irrupción de grupos estrechamente vinculados a empresas forestales, los ataques incendiarios desplegada por la WAM (Wichan Auca Mapu, que significa Lucha del Territorio Rebelde) y una baja votación de mapuche inscritos en el padrón de los pueblos originarios, son algunos de los factores que debe afrontar Boric en estos momentos.
