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La muerte del general Dalmao, una llaga en el Estado de Derecho
A los 64 años, murió el lunes en prisión el general Miguel Dalmao. Era el único oficial en actividad que fue preso por presuntas violaciones a los derechos humanos en dictadura. Era uno de esos viejos a los que Mujica no quería ver ni presos ni muriendo en prisión. Pero, además, el de Dalmao era un caso especial. O quizás no tanto.
Estaba preso por la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974. No hubo ningún informe médico o técnico que probara que Sabalsagaray haya sido asesinada, aunque testimonios de la época indican que su muerte se produjo en situación de violencia. En ese momento Dalmao tenía 23 años y era alférez, o sea que en el cuartel, en la línea de mando, había sobre él tenientes, capitanes, mayores, tenientes coroneles, coroneles y quizás un general. El único preso fue Dalmao.
El periodista Gerardo Sotelo da cuenta hoy en El País que Dalmao no tuvo antes ni en los diez años que duró luego la dictadura, una denuncia por torturas. Un alférez responsable de una sesión de tortura. En la dictadura pudo pasar cualquier cosa, pero eso no se lo cree nadie, salvo las organizaciones que militaron por esta causa, el fiscal y el juez Rolando Vomero. Y con eso alcanzó.
Hay varios casos de militares muy quemados que se les endosaron casos en los que es muy dudosa su participación, como ocurre a veces con esos rapiñeros que cometieron 10 asaltos pero los terminan procesando por 20 y queda todo resuelto, tapado.
A uno de esos militares más comprometidos lo procesaron (entre otras causas) por una ocurrida en Buenos Aires cuando él nunca viajó a la vecina orilla.
Por los miles de torturados que hubo en dictadura (1973-1985) terminaron presos una docena de militares. Desde el comienzo de los juicios todo tuvo tufo a revancha, a cumplir con el molde, a cabezas de turco bien elegidos para que pagaran por todos, aunque las pruebas fueran de una fragilidad aterradora.
Un alto oficial de la Policía me dijo que si la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos se investigaran policialmente, no habría pruebas para procesar a los presuntos responsables. “Si los jueces actuaran con los delincuentes comunes como lo hacen con los (ex)represores, tendríamos cinco cárceles llenas. Pero para los rapiñeros piden pruebas precisas y a algunos de estos militares los procesaron por sospechas”, agregó el investigador.
Es probable que quienes defienden el Estado de Derecho sobre circunstancias tan dolorosas se vean expuestos a la crítica, a veces burda, de quienes creen que todo aquél que no milite por la verdad y la justicia es un defensor de las torturas. Pero es historia que la defensa de estos valores, que en ocasiones implica defender el derecho de los victimarios a un juicio justo, no es gratuita y pasa la cuenta.
La dictadura militar quedará como una dolorosa mancha en la historia de la democracia uruguaya. La forma en que procedió la politizada Justicia con algunas consecuencias de aquella dictadura, será otra mancha más en la historia del Estado de Derecho, cuya solidez se mide no solo por la forma en que protege el derecho de las víctimas pero también, y sobre todo, el de los victimarios.
