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La policía empezó a parar a personas en la calle para pedirles la cédula

Jefes de policías explicaron cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para pedirle la documentación a aquellos que levanten sospecha

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06 de marzo de 2020 a las 05:03

La policía comenzó a parar a personas en la calle de todo el país para registrarlos y pedirles documentación. En las redes sociales ya circulan imágenes, como la de un cuidacoches del estacionamiento del Hospital de Clínicas que fue cacheado por un policía, o un video que muestra a un grupo de malabaristas desarmados siendo registrados por dos uniformados en una plaza de San José, con el apoyo de un agente de la Guardia Republicana que apuntó a uno de ellos con una escopeta.

Ya lo había adelantado el presidente de la República durante su primer día de gobierno. "Seguramente también a los uruguayos se les pida el documento, simplemente por un control de rutina", dijo Luis Lacalle Pou en una entrevista con El Observador el lunes 2 de marzo. Y ese mismo día, luego de reunirse con el ministro Jorge Larrañaga, los 19 jefes de policía del país y los directores nacionales, declaró en rueda de prensa que pretendía que "la posibilidad de solicitar identificación (fuera) ampliada a cualquier ciudadano".

La medida forma parte de los nuevos operativos de control que se están desplegando en todos los departamentos. Ya al comienzo de esta semana, las distintas jefaturas comenzaron a implementar un sistema de patrullaje distinto al que se realizaba durante la administración del exministro Eduardo Bonomi, de acuerdo a lo afirmado por sus nuevos jerarcas. Según han explicado algunos de ellos, ahora cuentan con más personal distribuido en la vía pública, más dinámico, aleatorio y sorpresivo, y con mayor poder decisión por parte de las autoridades de todas de las jefaturas a la hora de diseñar los circuitos.

"Estamos pidiendo documentación, claro que sí: según las circunstancias, la hora en que circula la persona, sus actitudes, todo", dijo a El Observador el jefe de Maldonado, Julio Pioli, quien este miércoles recibió la visita de Larrañaga en San Carlos, donde se lanzaron los nuevos "operativos de alto impacto".

"Si alguien anda de sobretodo al mediodía, encapuchado, bueno, se le dirá que por favor venga, y (se le va a preguntar) si le pasa algo o si está enfermo... En cambio, a una señora de 60 años no le vamos a pedir documentación, salvo que esté perdida", agregó Pioli, para quien, de esa manera, la policía está transmitiendo "señales, símbolos, y un mensaje, para afuera y en la interna".

Víctor Trezza, jefe de Canelones y el primero de los jerarcas en inaugurar los operativos de control esta semana, fue gráfico al intentar explicarlo: "Aquel policía que estaba parado en la esquina jugando con el celular, no va más. Ahora están todos con una planilla, identificando personas y vehículos, y así los delincuentes van a ver que están parando gente en todos lados".

Es que según aseguró, las tres directivas impartidas por el presidente y el ministro –más presencia policial en la calle, cercanía con la población y respaldo a los uniformados– implican dejar atrás una concepción de "operativos enteramente preventivos", para pasar a "operativos de disuasión del delito".

"Eso no significa que sea obligatorio pedir cédula, pero sí marcar una presencia disuasiva –evaluó Trezza–. Lo que hacemos es reforzar la prevención con la disuasión, al identificar y prever si hay gente que circula con alguna irregularidad, con un vehículo requerido, o con doble matrícula y chapa adulterada. Si el policía está solo parado en la calle, puede prevenir pero no va a disuadir", añadió.

José Adán Olivera, jefe de Cerro Largo, destacó que para que estos operativos "sean efectivos", tiene que ser "sustentables en el tiempo", y que esa es otra de las directivas recibidas por parte de Larrañaga y del director nacional de la Policía, Diego Fernández.

La normativa

Los criterios que deben tener los policías para registrar a las personas están definidos en la Ley de Procedimiento Policial y en el Nuevo Código del Proceso Penal (CPP), pero los textos dejan abierto un margen de discrecionalidad.

La primera norma –la ley 18.315– define en el artículo 43 que solo se puede detener a alguien y pedirle documentación si es "en el marco de procedimientos que tienen por objeto la detención de personas requeridas por la Justicia competente o fugadas", y que el policía "puede solicitar la identificación correspondiente a personas que razonablemente puedan coincidir" con la información del sospechoso buscado.

Esto, sin embargo, pretende ajustarse en el documento del proyecto de ley de urgente consideración que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento en los próximos días. Allí se plantea sustituir ese artículo por otro más preciso y dirigido incluso al ciudadano, que establece que los civiles tendrán "el deber de identificarse cuando la policía lo requiera" y que aquellos que se nieguen a identificarse o presenten un documento que despierte "dudas razonables" en la policía, podrá ser detenido.

El CPP, por su parte, define en su artículo 55 relativo al "control de identidad", que los uniformados pueden "sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en casos fundados, como la existencia de un indicio de que esa persona haya cometido o intentado cometer delito, que se dispone a cometerlo, o que puede suministrar información útil para la indagación de un ilícito penal".

Según explicó a El Observador Washington Abala, exdiputado colorado y abogado del sindicato policial de Montevideo, "hay dos maneras" de interpretar las normas. Una rigurosa y al pie de la letra –pedir la cédula solo ante una constatada "situación de irregularidad–, y otra "más laxa", según la cual "se puede pedir la cédula porque eventualmente puede haber un riesgo de flagrancia o de comisión de un delito", que es la decodificación que se aplica actualmente.

En una rueda de prensa este jueves de mañana, el ministro Larrañaga aseguró que los policías pedirán la cédula a las personas "ante determinadas circunstancias que les parezca sospechosas". "La persona tiene todas las oportunidades de identificarse y (en caso de ser detenida) la legislación vigente habilita a conducirlo por dos horas a la unidad policial".

Wilfredo Rodríguez, actual jefe de policía de Rivera, lo ejemplificó de esta manera en diálogo con El Observador: "El que anda en la mala, marcha, pero si está todo bien, se le pide las disculpas del caso, y sigue",

Para Héctor Di Giacomo, quien fue director del departamento de Asuntos Internos del Ministerio del Interior entre 2005 y 2010 –un cargo que entonces se llamaba fiscal de Policía–, esa conducta policial no se ajusta a derecho. "No es algo legal. Están pidiendo la cédula a los que les parecen humanos peligrosos; eso es una captación subjetiva de quien hace la tarea y no está vinculado a un procedimiento", dijo el exjerarca.

El "estorbo" de los malabaristas
Orestes Leles Da Silva, jefe de Policía de San José, fue consultado en rueda de prensa este jueves por el operativo en el que se registró a los malabaristas en la plaza de San José de Mayo. Y dijo esto: "Les di la orden a todos mis subalternos a partir del mismo día que asumí la jefatura de que empiecen a recorrer las calles y los lugares en donde estos ciudadanos están haciendo malabarismo, pidiendo monedas, tratando de limpiar o tirándose arriba de los autos, molestando y poniendo a las personas (...) en situaciones incómodas, porque aparte de incómoda, muchas veces la gente se siente intimidada y asustada".
Y concluyó: "Y bueno, di la orden de que con el debido respeto, se identifique a esas personas y se las invite a que se retiren del lugar o que se vayan a plazas públicas destinadas a ese tipo de eventos y en los horarios que corresponda, pero que no pueden estar en las esquinas ni en los espacios públicos donde la gente está disfrutando, porque son un estorbo".

 

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