El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le pidió este martes la renuncia al presidente de Antel, Guillermo Iglesias, informó Así Nos Va y confirmó El Observador con fuentes del Poder Ejecutivo. El ingeniero, que había asumido el cargo hace dos meses, el pasado 18 de marzo, aceptó el pedido y presentó la renuncia.
La presupuestación de 857 funcionarios en Antel, firmada el pasado 7 de mayo por el flamante presidente del ente, motivó el pedido de renuncia. El gobierno consideró "inconveniente" la firma de la resolución, por lo que la observó y exhortó al Directorio de Antel a dejarla sin efecto, informó El País y confirmó El Observador.
La resolución del ente establecía la necesidad de presupuestar a todos los funcionarios contratados "en régimen de función pública con una antigüedad superior a tres años en la administración".
"Resulta conveniente a los intereses de la administración que todo su personal permanente se encuentre bajo el mismo régimen e incorporado plenamente a la carrera administrativa", agrega la resolución firmada por el ingeniero Iglesias. La presupuestación entró en vigencia a partir del 1° de mayo.
El documento se viralizó este martes y generó críticas a la interna de la propia coalición de gobierno, como el caso del senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien criticó la medida, teniendo en cuenta la coyuntura actual provocada por la emergencia sanitaria.
"Es increíble, es insólito. Todo un país peleando a brazo partido para tener que tener este tipo de actitudes. Esperamos la explicación", escribió en su cuenta de Twitter. Una vez que se conoció la noticia de la salida de Iglesias, el legislador celebró el gesto y pidió no "bancar corporativismos de ningún tipo".
Según la resolución de Presidencia a la que accedió El Observador el presidente se basó en la "conducción superior de la política económica, financiera y comercial" que le corresponde al Ejecutivo para hacer la exhortación.
"La situación de elevado déficit fiscal, así como la presión tributaria que pesa sobre la población derivadas del excesivo gasto público compromete las bases de crecimiento a largo plazo, generando distorsiones que imponen la necesidad de implementar políticas destinadas a racionalizar el gasto público", agrega la resolución presidencial.
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