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Lacalle Pou anunció rebaja del IASS y el IRPF para 2023 si la economía lo permite

El mandatario realizó esa definición en su mensaje ante la Asamblea General con motivo de cumplirse el segundo año de gobierno

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02 de marzo de 2022 a las 19:24

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se comprometió este miércoles a reducir durante el año próximo el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que grava las jubilaciones más altas, y el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pagan un tercio de los asalariados, en la medida que los números de la economía mejoren.

“Quiero asumir un compromiso en nombre del gobierno. El otro día informaba (por la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche) acerca de los pronósticos financieros para este año. Está claro que tiene credibilidad”, dijo el mandatario durante el mensaje a la Asamblea General con motivo de cumplirse el segundo año de gobierno.

"Tenemos el firme compromiso de cumplir con lo pactado en el Compromiso por el país, de obtenerse resultados satisfactorios en la economía, de reducir el IASS y de aumentar las deducciones en las franjas más bajas del IRPF en el año 2023”, anunció el presidente Lacalle Pou en el Parlamento. 

Según el gobierno, el Producto Interno Bruto (PIB) habría crecido alrededor de 4,5% en 2021 —el dato final se conocerá el 23 de marzo— y se estima una expansión de 3,8% para el año en curso, con lo que la economía mantendría un dinamismo interesante de cara a 2023. En la Rendición de Cuentas que elevó a mitad del año pasado, el MEF había manejado una expansión del PIB de 3,5%, que ahora sería superado por 1 punto y que ningún analista se animó a vaticinar hace un año atrás. 

En tanto, el resultado fiscal proyectado en 2022 para GC-BPS se mantiene en 3,1% del PIB. La meta es llevar al rojo de las cuentas públicas al 2,5%, por lo cual está muy cerca de alcanzar ese objetivo cuando lleva la mitad de su gestión. 

El Ejecutivo de Lacalle Pou sobrecumplió sus proyecciones para reducir el rojo de las cuentas públicas en los dos primeros años de su gestión (2020-2021) en plena pandemia y logró mantener el grado inversor. Incluso la calificadora Fitch —la que lo tenía en el mínimo escalón y con perspectiva negativa— le elevó a estable su perspectiva en diciembre pasado, por lo que la amenaza de perder el invesment grade (en el corto plazo) se disipó. Esa política de austeridad con los manejos de los recursos públicos fue duramente cuestionada por la oposición del Frente Amplio, que reclamó por más recursos para atender los efectos de la pandemia sobre la población más vulnerable. 

El equipo económico ha puesto el foco desde que asumió en la mejora y sostenibilidad de las finanzas públicas. Los primeros dos años de gestión han pautado esa línea y se han sobrecumplido las metas trazadas, con prudencia en la ejecución del gasto público y aumento del gasto focalizado en programas específicos de primera infancia. En la última Rendición de Cuentas se anunció un incremento de unos US$ 50 millones destinado a esa población. 

IRPF y IASS

El mínimo no imponible del IRPF es de $ 36.148 mensuales. No obstante, ese monto no tiene en cuenta las deducciones que se calculan para el pago de ese tributo (Fonasa, aportes jubilatorios, Fondo de Reconversión Laboral, entre otros), por lo que el límite para tributar será superior según las deducciones que pueda realizar cada trabajador.

El año pasado el gobierno recaudó por este impuesto $ 88.062 millones (unos US$ 2.062 millones). La mayoría correspondió al IRPF categoría II (renta sobre el trabajo) $ 74.000 millones (unos US$ 1.733 millones). Este impuesto representó el 14,6% del total de los ingresos de la Dirección General Impositiva.

De acuerdo a los últimos datos que publicó la DGI en su página web, alrededor de 460 mil trabajadores tributan IRPF por sus ingresos, lo que equivale al 34% del universo total de potencial contribuyentes. Si el gobierno optara por elevar la deducciones de este impuesto sobre la renta personal desde 2023, es factible que un número mayor de trabajadores puedan quedar exonerados de pagar IRPF

En tanto,la recaudación por IASS fue de $ 13.555 millones (unos US$ 317 millones), y representó el 2,7% del total de los ingreso de los ingresos de DGI. El mínimo no imponible equivale actualmente a $ 41.312 . Este impuesto lo pagan alrededor del 24% de los jubilados del país, unos 173 mil contribuyentes. 

La visión de Alfie

En octubre del año pasado, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, había dejado abierta la puerta para revisar la presión impositiva de Uruguay si la economía dinamiza su tasa de crecimiento y se logra mejorar el desequilibro de las cuentas públicas durante el actual período de gobierno.

Entrevistado por Quien es Quien de Diamante FM y canal 5 el jerarca recordó que las tasas de imposición del país sobre la renta a las personas físicas y las empresas son de las “más elevadas” del mundo. En el caso del IRPF a las personas, Alfie recordó que su diseño tiene deducciones que son marginales y que su cálculo se hace sobre la renta bruta y no sobre la neta por lo que su peso es mayor que en otros países.

Consultado sobre si existía margen para corregir y disminuir esa presión impositiva, Alfie respondió que “dada la situación fiscal, parece difícil que se pueda hacer algo muy grande. Ahí todo dependerá del crecimiento económico y de cuántos recursos adicionales” pueda generar la economía en lo que queda de este período.

Por su parte, semanas atrás la directora de Política Económica Marcela Bensión dijo en una entrevista con Búsqueda que en los dos primeros años de pandemia “era muy difícil pensar en una reducción de la carga fiscal”. No obstante, comentó que ahora el gobierno está focalizado en las “luces largas” para avanzar en reformas más estructurales y que una de las “alternativas” que está bajo análisis para mejorar las políticas económicas es “la tributaria”, aunque evitó entrar en mayores detalles sobre cuándo podría llevarse a cabo esa revisión.

Críticas de expertos

¿Debería ser prioridad fiscal reducir el IASS? Definitivamente no", escribió en su cuenta de Twitter el contador y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, Marcos Soto.  El experto acompañó su crítica con una gráfica de la pobreza por franja etaria en Uruguay, donde claramente en los mayores de 65 años la pobreza apenas supera el 2% versus tasas de 18% en las franjas de 6 a 17 años. 

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Por su parte,  el economista, Javier de Haedo, afirmó en su cuenta de Twitter que “reducir impuestos cuando todavía existe un déficit fiscal considerable es inadmisible”. Y en referencia al IASS, consideró que “reducir ese impuesto en particular es injusto” porque “beneficiaría al tramo de la población donde hay menos pobreza y entre ellos, a los de mayores ingresos”, rechazó. 

El último ajuste (al alza) que aplicó el FA

En 2016, el ministro de Economía, Danilo Astori, anunció diversas medidas a fin de equilibrar las cuentas públicas. El exministro sostuvo en ese entonces que "el enlentecimiento del crecimiento" del país había "obligado a revisar las proyecciones" trazadas en el Presupuesto quinquenal un año antes. No corregir el déficit "llevaría a un deterioro de la calificación crediticia del país", alertó el jerarca por ese entonces, que pretendía elevar los ingresos a la caja del Estado en el equivalente a 1 punto del PIB. 

Ese ajuste fiscal dejó incambiadas las franjas 1 y 2 del IRPF. En cambio, las siguientes franjas, pasaron a tributar más de este tributo a la renta personal, al tiempo que se redujeron las deducciones que se podían hacer de ese impuesto. También se elevó el IASS sobre las pasividades de mayores ingresos. El objetivo de este ajuste fiscal era llevar el déficit de 3,5% a 2,5% del PIB al final del período, una meta que quedó lejos ya que el rojo al finalizar la anterior gestión trepó al 5%. 

 

 

 

 

 

 

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