Lacalle anunció restricciones y abrió debate sobre derecho de reunión

En las más de tres horas y media de reunión, el mandatario hizo un repaso acerca de las decisiones tomadas, analizó los números que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) había presentado en conferencia de prensa algunas horas antes, y propuso al Consejo de Ministros una batería de acciones, las cuales quería discutir con franqueza porque entendía que era necesario que tuvieran el mayor apoyo posible.

Según dijeron a El Observador fuentes del Poder Ejecutivo, hubo un respaldo general a las decisiones y algunos comentarios sobre la implementación de ciertas disposiciones.

El presidente remarcó, en una conferencia de prensa, que el concepto “quédate en casa” utilizado al inicio de la pandemia estaba “desgastado” y que ahora el gobierno apelaba por la “convivencia solidaria”. El mandatario insistió ante los medios con su máxima de que “defiende a capa y espada” el “concepto de libertad” y reiteró que “no es partidario de la cuarentena obligatoria”, al mismo tiempo que promovió tomar vacaciones bajo el distanciamiento físico y cuidados recomendados.

La reunión y los anuncios

La medida del paquete anunciado que provocó el mayor intercambio en la reunión fue la de limitar el derecho de reunión. Este derecho está previsto en el artículo 38 de la Constitución.  “Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República, sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos”, dice ese pasaje de la Carta Magna.

Lacalle Pou les comunicó que en la tarde había hablado con la vicepresidenta, Beatriz Argimón, a quien le solicitó levantar el receso parlamentario el viernes, para enviar el proyecto de ley ese día y le transmitió su interés de que se aprobara lo antes posible.

El mandatario leyó la redacción primaria del proyecto y tuvo un intercambio con los ministros. De acuerdo con las fuentes, las mayores dudas surgieron acerca de la aplicación y la reglamentación, dos aspectos que aún no estaban del todo resueltos en la noche de este miércoles.

El gobierno tampoco tiene definido el concepto legal de aglomeración y la idea es avanzar este jueves en ese punto. La tarea recaerá sobre el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, quien participó de la conferencia de prensa de Lacalle Pou junto al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

Distintos dirigentes del Frente Amplio como la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el senador, Mario Bergara, apoyaron las medidas del gobierno, aunque plantearon salvedades sobre la reglamentación vía ley de las limitaciones al derecho de reunión. “Es muy necesario cambiar rumbo para obtener resultados distintos. Aún así, debemos ser muy cuidadosos con temas profundos de la Democracia. El Parlamento deberá estudiar muy bien la propuesta de reglamentar el artículo 38 de la Constitución”, escribió Cosse en sus redes sociales.

La segunda medida fue la de suspender el ingreso al país entre el 21 de diciembre y el 10 de enero “por cualquier vía”, con la excepción de los uruguayos o residentes que tuvieran los pasajes comprados antes del anuncio.

Se trata de 7.000 personas, según informó al gabinete el ministro de Turismo, Germán Cardoso.

Lacalle Pou señaló que las predicciones de los matemáticos del GACH se habían realizado sin tener en cuenta que en la segunda quincena de diciembre habitualmente llegaban 150 mil personas al país para pasar las fiestas y disfrutar del verano, de acuerdo a datos aportados por el Ministerio del Interior. De estos, poco más de 100 mil son uruguayos, por lo que con “dolor en el alma” debían cerrar las fronteras.

La prohibición no alcanzará al transporte de cargas.

Tapabocas y vacaciones

En el gabinete hubo dudas sobre la aplicabilidad de algunas medidas, como la de sancionar a quienes no usen tapabocas, y los jerarcas también intercambiaron acerca de cuándo era mejor que comenzaran a regir. Algunos creían que lo antes posible, mientras que otros propusieron fechas como el 23 de diciembre.

Si bien se resolvió un subsidio al transporte interdepartamental, el cual reducirá su aforo, el gobierno no dispuso medidas específicas para los sectores más afectados, algo que viene siendo reclamado y que fue criticado por el Frente Amplio. 

Durante la ronda de análisis, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, señaló que medidas de este tipo “siempre” afectaban a los más débiles, por lo que había que tener “cuidado”, dado que se producían en un momento en el que también se resentían las atenciones. Por esta razón, quedó de mejorar la coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas para disponer de más apoyos. 

Más allá del respaldo al presidente, en los días previos a la reunión los distintos ministerios presentaron diferencias sobre la gradualidad de las eventuales medidas. Al tiempo que los científicos promovieron el mantenimiento de una única burbuja social para cada persona, el presidente, Luis Lacalle Pou, dijo en la noche que la “libertad sigue siendo el faro” y que estimulaba a la población a descansar y veranear. “La gente que tiene la oportunidad de irse a la playa, al monte a un río, que lo haga, entre otras cosas porque es una actividad económica del país, y porque la gente lo necesita”, dijo.

“Si se hace una vida laboral, social, cultural, deportiva, en la cual se respeta el distanciamiento, se respeta el tapabocas –creo que no lo pusimos en las medidas pero se va facultar al gobierno a multar en algunos casos cuando no se este utilizando entre otras cosas el tapabocas–. Entonces, si la gente puede quedarse en la casa y no siente estrés o angustia, que se quede, pero no es obligatorio. Por eso, una vez más apelamos a que la conducta de cada uno de nosotros condiciona a la salud de todos”, agregó.

Las medidas anunciadas también suponen la suspensión de espectáculos públicos entre el 21 de diciembre y el 10 de enero; el adelantamiento de las licencias de los funcionarios públicos en acuerdo con los gremios; exigir teletrabajo en los públicos y que los privados lo emulen; que los mayores de 65 años no concurran a trabajar; suspensión de actividades públicas de jerarcas; que las reuniones privadas no superen las 10 personas; extensión de horario en actividades comerciales y reducción del aforo permitido; trabajo conjunto con Congreso de Intendentes para evitar aglomeraciones en ferias; y posibilidad de multar ante incumplimientos de uso de tapabocas.

“La mejor vacuna en el menor tiempo posible”

Hace dos días y ante el aumento de casos en el país, el Poder Ejecutivo optó por buscar alternativas a las vacunas del mecanismo Covax, el portafolio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que incluye un abanico de opciones de diversos laboratorios. En este fondo Uruguay compró 1.500.000 de dosis para vacunar a 750 mil personas, sin embargo, este martes el presidente habló directamente con un laboratorio por fuera del Covax para hacer una compra directa de una vacuna que llegue cuanto antes al país. "Hace dos días que estamos hablando al más alto nivel para saber cuándo se nos puede suministrar, la cantidad de dosis y la efectividad", explicó Lacalle Pou en la conferencia de prensa.

Ante la consulta de los ministros en la reunión de este miércoles, el presidente habló sobre la situación de la negociación de las vacunas y luego, en la conferencia de prensa, explicó que algunas tienen más eficacia que otras y, por lo tanto, eso incide directamente en la alta demanda de algunas de ellas. En ese sentido, el mandatario dijo que "el gobierno está calibrando que sea la mejor vacuna en el menor tiempo posible" y sobre las negociaciones con los laboratorios afirmó que “las novedades son medianamente positivas”.

Las vacunas que están por fuera del Covax y con las que podría cerrar un acuerdo Uruguay son la del laboratorio Pfizer, que ya se está utilizando en Reino Unido y Estados Unidos, la vacuna Rusa Sputnik V (que el canciller, Francisco Bustillo, dijo durante su visita a ese país que Uruguay estudiaría comprar) y la vacuna china Sinovac.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo a El Observador que el gobierno está estudiando todas esas opciones. Consultado sobre la infraestructura que requieren las dosis de Pfizer para mantenerse a unos 70 grados bajo cero, el ministro Salinas dijo que es posible armar la infraestructura para recibirla y que la vía podría ser el Banco Mundial en caso de que sea necesario adquirir congeladores especiales, pero la decisión dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas.