El presidente Luis Lacalle Pou respaldó al subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Ariel Sánchez, en su rol de instructor de la investigación administrativa contra el exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, por los viajes a Roma y Washington con una contadora del gobierno.
Lacalle Pou se comunicó por teléfono con Sánchez para ratificarle la confianza luego de que el semanario Búsqueda diera a conocer un antiguo vínculo que mantuvo con Toma en 2009, durante la primera administración de Tabaré Vázquez.
Según publicó Búsqueda, Sánchez –que compartió trabajo con Toma en la ONSC desde 2005 al 2008– pidió al entonces secretario de Presidencia que asegurara condiciones de reclusión seguras para su hijo, procesado por riñas.
Según comentó Lacalle Pou a la prensa este martes y consignó Telemundo, Presidencia estaba informada de ese vínculo y Sánchez tiene "respaldo absoluto" para continuar la investigación.
Toma declaró ante la ONSC el pasado martes 29 de setiembre. El exsecretario de Presidencia, que ahora se desempeña como fiscal de gobierno, estuvo durante casi siete horas en la sede de la Presidencia y se retiró esquivando periodistas.
El exsecretario de la Presidencia quedó en medio de la polémica luego de que se conocieran dos vuelos que realizó a Roma por el juicio del Plan Cóndor junto con una contadora de la secretaría antilavado.
Estos viajes lo pusieron en la mira y desataron tres investigaciones que buscan esclarecer si cometió una falta ética, un delito contra la administración pública y si puede ser sumariado, dado que hasta el 6 de agosto de 2022 es funcionario público y está al frente de la Fiscalía de Gobierno de 2º turno.
Ariel Sánchez, el instructor de la investigación, tiene 60 días de plazo -que vencen el 18 de noviembre- para trabajar en el proceso administrativo. En una rueda de prensa antes de comenzar la investigación dijo que puede citar a "cualquier ciudadano", incluso al expresidente Tabaré Vázquez, que fue quien autorizó las misiones oficiales.
Toma y la contadora también viajaron en tres instancias a Washington, en el marco del juicio que Aratirí realizó al Estado uruguayo.
En paralelo a este proceso, el fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner, analiza si Toma no incurrió en algún delito contra la administración pública –como abuso de funciones o conjunción de interés personal y público– en los viajes.
A su vez, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) también decidió reabrir el caso, tras haberlo archivado de forma exprés a principios de año.
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