Lacalle se comprometió a derogar la obligatoriedad de la inclusión financiera

“El presidente electo aseguró que va a cumplir con todo lo que dijo en la campaña electoral sobre este tema”, explicó en rueda de prensa el vocero de la cámara, José Pereira, tras reunirse con Lacalle. El vocero de Un Solo Uruguay, Marcelo Nougué, también participó de la reunión.  

Los empresarios querían tener el compromiso del presidente electo para abandonar definitivamente la campaña de recolección de firmas y se conforman con que se elimine la obligatoriedad a pesar de que su propuesta incluía más puntos de la ley. “Tenemos un nuevo gobierno que nos dice que tenemos razón”, agregó.  Este cambio irá en la ley de urgente consideración que impulsará el gobierno apenas asumir. 

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El compromiso acordado por los cinco partidos que integran la coalición de gobierno plantea modificar la Ley de Inclusión Financiera. “La promoción de la inclusión no debe incluir la obligación de cobrar salarios o pasividades, a través del sistema de intermediación financiera. La elección debe ser del usuario”, dice el documento firmado. 

Según Pereira en algunos rubros los gastos habían aumentado hasta un 20% de las utilidades debido a la obligatoriedad que establece la ley. “Los bancos se están llevando el dinero”, aseguró y agregó que cuanto “más se tiene menos se paga” en referencia a las comisiones que se llevan las instituciones financieras. 

La Ley de Inclusión Financiera fue impulsada por el gobierno frenteamplista de José Mujica y en este período se le realizaron modificaciones, como que para los trabajadores rurales no fuera obligatorio recibir el dinero a través del sistema financiero, que fueron acordadas con el Partido Independiente y con la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso. 

Sin embargo, Luis Lacalle puso su firma en la recolección que llevaban adelante los empresarios del este y el Partido Colorado también respaldó la iniciativa. Actualmente la ley obliga a tres cosas: el pago de retribuciones a través de medios electrónicos, a los bancos a brindar el servicio de pago de salarios de forma gratuita y la limitación al uso de efectivo para las transacciones de montos elevados (superior a US$ 5.000).

Para Martín Vallcorba, coordinador del programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía, la derogación de estas obligaciones  “significaría retroceder en materia de formalización del trabajo, en derechos laborales, y provocaría que haya trabajadores que no puedan acceder a cuentas gratuitas”, según escribió en su cuenta de Twitter.