La conectividad aérea del país quedó expuesta la semana pasada por un paro del sindicato de Ancap que implicó el corte del suministro de combustible en los aeropuertos internacionales de Carrasco y de Punta del Este. Este inconveniente ocurrió justo en un momento donde el país busca recomponer su malla de vuelos.
La medida fue en rechazo a la decisión del Directorio del ente de concretar el arrendamiento de la planta de aerocombustibles que funciona en la terminal de Laguna del Sauce a un privado. Esto se había resuelto hace más de un año atrás en función de las pérdidas millonarias que arrastra esa operación y que ahora se buscan reducir.
Ya durante 2020 el ente había puesto la lupa en su operativa dentro de ese aeropuerto. Ese año una auditoría detectó que los cuatro funcionarios que prestaban servicios en la terminal de carga de combustibles llegaron a percibir remuneraciones de entre $ 350 mil y $ 490 mil mensuales.
Esto por el pago de horas extras y otras partidas que multiplicaban hasta por 10 los sueldos base. Solo por sueldos se gastaron $ 81 millones durante seis años desde 2014, según datos a los que había accedido El Observador. Incluso en plena pandemia de covid-19 y casi sin vuelos, en la terminal aérea se habían seguido facturando horas extras.
El contrato vigente hasta entonces con el aeropuerto de Punta del Este condicionaba a Ancap a brindar el servicio de ala 24 horas al día los 365 días del año. Al cubrirse las tareas con cuatro operarios eso imposibilitaba otorgar al personal los descansos semanales legales, además de no permitir que hubiera horarios de trabajo definidos. A eso se sumaban otros costos asociados en una terminal con baja operativa durante la mayor parte del año.
Esa situación ameritó que el ente reviera las condiciones del contrato de servicios que tenía con la empresa Consorcio Aeropuertos Internacionales (Caisa), concesionario del Aeropuerto de Laguna del Sauce en Punta del Este, y se modificara también el régimen de trabajo.
Más cercano en el tiempo, en agosto de 2021 el Directorio de la empresa encomendó a la gerencia general el arrendamiento de las instalaciones de almacenamiento y aprovisionamiento de combustibles de aviación en Laguna del Sauce. Esto implica la sustitución del contrato de servicio de abastecimiento a aviones civiles y comerciales firmado a mediados de 2014. Tras los análisis realizados por los técnicos del ente se concluyó que no era de interés continuar con esa línea de negocio.
La operativa ha presentado pérdidas anuales superiores a US$ 1 millón en ejercicios anteriores. En 2020 el rojo fue de unos US$ 700 mil, y luego por un acuerdo transitorio con Caisa y Fancap por la pandemia se redujo a unos US$ 300 mil anuales. Pero este acuerdo -venció el 31 de octubre- era debido al “bajísimo tráfico” y establecía que Caisa operaba 12 horas por día la planta, explicó a El Observador el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic.
El nuevo acuerdo que se propone con el concesionario es por 8 años e implica que Ancap recibirá un pago por el alquiler, más un canon por el combustible vendido que seguirá suministrando a la planta. En tanto, el personal del aeropuerto se hará cargo de las operaciones de abastecimiento a los aviones, tanto de las líneas regulares como de los vuelos privados. Y tres de los cuatro funcionarios que cumplen funciones en el lugar serán reasignados en Terminal del Este y el restante en el transporte terrestre de combustibles.
La Federación de Ancap rechaza la decisión y exige que la gestión de la infraestructura siga en manos de la estatal. En ese sentido, argumentan que las pérdidas económicas se deben a una mala gestión que es posible revertir.
El sindicato se comprometió a presentar el próximo 18 de noviembre una nueva propuesta de reorganización. La anterior presentada en setiembre mantenía una pérdida económica para el ente y basaba su financiamiento en aumentar el precio del combustible.
Es la segunda vez que Ancap posterga la implementación de lo resuelto por el Directorio. El reclamo del sindicato por la actividad del aeropuerto tiene mucho de simbólico y se basa en una de sus líneas centrales que es la “defensa de la Ancap estatal y pública”, como señalan habitualmente sus dirigentes. Ese es también el eje principal del rechazo a la incorporación de un socio privado al negocio del pórtland, una actividad que tiene números en rojo desde hace 20 años.
“El cometido que entendemos se ha trazado este Directorio es entregar las ganancias al capital privado en detrimento de la soberanía del pueblo”, dice Fancap en uno de sus últimos comunicados.
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