Las promesas electorales son sagradas

Hace cinco años los candidatos presidenciales firmaron, junto a la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (ANCIiU), un compromiso para destinar el 1% del PBI a la investigación científica, tecnológica y la innovación. Este objetivo debía ser cumplido durante este quinquenio 2019. Según el documento de ANCiU de mayo de este año, “el monto efectivamente destinado a la CTI no superó en ningún momento de este periodo 2015-2019 el 0,4% del PBI”. De acuerdo a los datos del año 2016, “los países de la región invierten en I+D el 0,78% de su PBI, mientras que los de la Unión Europea el 1,93%”. El gobierno presidido por Tabaré Vázquez no cumplió esta promesa, tan importante.. No deja de ser curioso en la medida en que la ANCiU reconoce, como debe ser, que durante el primer mandato de Tabaré Vázquez hubo “definiciones políticas transformadoras”, como la creación de la ANII y del Sistema Nacional de Investigadores.

Este punto no solo es de la mayor relevancia a la hora de hacer un balance de lo realizado en este tercer período de gobierno frenteamplista. Es muy significativo, además, porque el cambio tecnológico, la apuesta a un país “inteligente”, se ha convertido en un eje central de la campaña electoral de la fórmula oficialista. La ciudadanía merece saber por qué el Frente Amplio no logró cumplir con esa promesa. La ciudadanía debe saber, además, cómo haría el ingeniero Daniel Martínez, candidato a la presidencia por el oficialismo, llegado el caso presidente, para dar un nuevo impulso a la Innovación y el Desarrollo. Dos palabras más sobre este punto. Primero: quiero agregar que suscribo plenamente la visión de ANCiU respecto a la importancia estratégica de elaborar e implementar una política ambiciosa de Ciencia, Tecnología e Innovación, como requisito básico para un desarrollo sustentable. Segundo: me parece de la mayor importancia que tanto Luis Lacalle Pou como Ernesto Talvi desarrollen sus puntos de vista sobre un tema crucial.

Pasemos de la innovación a la tributación. Durante lo que va de la campaña electoral de este año, los principales candidatos de la oposición han afirmado que, si les toca gobernar, no subirán los impuestos. Pese a que el déficit desde 2016 en adelante (pese a la “consolidación fiscal” ensayada) no ha hecho más que aumentar, sostienen que el cambio de tendencia puede lograrse por la vía del ajuste de los egresos y de la aceleración de la economía. Esta visión ha sido cuestionada por economistas de prestigio. En Economía y Mercado (17 de junio), escribió Javier de Haedo: “yo creo que el aumento de impuestos será inevitable, aunque desearía que no fuera necesario, dado el enorme peso que ya tiene el presupuesto”. Entrevistado por El País (9 de junio), dijo Gabriel Oddone: “Entiendo que el capítulo impositivo es ineludible, porque el timing requerido para lograr mejoras efectivas del resultado fiscal, así como las rigideces a la baja de los componentes del gasto público en Uruguay, no permitirán implementar un camino basado exclusivamente en gastos que logre resultados en los tiempos necesario”. Tamara Schandy aseveró exactamente lo mismo: “En Deloitte hace bastante tiempo que levantamos la mano diciéndole a nuestros clientes que había un aumento de impuestos por delante”.²

Tanto blancos como colorados disponen de equipos económicos muy solventes. Asumo que están haciendo bien las cuentas cuando sostienen que no será necesario aumentar los impuestos. Además, como es obvio, la Economía no es mi campo disciplinar. Pero quiero insistir en el argumento central de esta página. Si los candidatos a la presidencia del Partido Nacional y del Partido Colorado tienen alguna duda respecto a poder sostener, una vez en el gobierno, la promesa que han venido haciendo (achicar el déficit fiscal sin aumentar impuestos), tienen la obligación política de comunicarlo con claridad durante la campaña a la ciudadanía. Hace cinco años el Frente Amplio prometió no aumentar la presión tributaria. En 2016 tuvo que desdecirse. Lo dicho en la campaña fue un error. Lo hecho, después, un acto de responsabilidad política que le costó muy caro en términos electorales. Puedo aceptar (con buena voluntad) que en el 2014 el FA no supiera que dos años después estaría obligado a subir los impuestos. Pero, dadas las advertencias de algunos de los más escuchados economistas profesionales, está muy claro que no podrá sostenerse lo mismo el año que viene. Lo peor que le puede pasar al próximo gobierno es, de entrada, no ser capaz de cumplir una promesa tan importante como esta. La ciudadanía no debe aceptar que los partidos no cumplan sus promesas.