Opinión > EDITORIAL

Las reformas urgentes

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24 de enero de 2020 a las 05:02

El anteproyecto de ley de declaratoria de urgente consideración, presentada para su discusión pública, por parte del gobierno entrante, es una hoja de ruta digna de un proyecto de desarrollo, más allá de las dudas o discrepancias que puedan existir en torno a algunas propuestas o que determinados contenidos sean incluidos en una iniciativa pensada para situaciones de emergencia.

El miércoles 22, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, entregó a los líderes de los partidos que integran la coalición el documento “Uruguay seguro, transparente y de oportunidades”, un título que resume el sentido del proyecto de ley de 457 artículos en 10 secciones, de una temática muy diversa. Concomitantemente, se difundió el texto por internet para la consideración de la ciudadanía.

Desde nuestro punto de vista, el grueso del articulado se corresponde a una declaratoria de urgente consideración. La mayoría de los 94 artículos de la sección de seguridad pública, que fortalecen la lucha frontal contra la delincuencia, configuran medidas punitivas, de defensa de las víctimas de delitos y de más control policial, están en línea con la principal preocupación de los uruguayos que no admiten más demoras.

Respecto al capítulo de la economía, destacamos la inclusión de la regla fiscal y medidas conducentes a un mejor control y gestión del gasto público, en el marco de un conjunto de acciones para atacar un problema del que tenemos prisa por mejorar porque representa la principal amenaza macroeconómica del país.

La derogación del monopolio estatal de Ancap en la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados, también podría justificarse el carácter de urgente. Una medida económica de esa magnitud impone realizarla al inicio de una administración para poder ver sus efectos en la baja de los precios de los combustibles a mediano plazo, que hoy son una carga pesada para la competitividad empresarial y la economía familiar.

El estado crítico de la educación explica sobradamente los 67 artículos sobre el tema. Los cambios propuestos en la gobernanza de la ANEP, la mayor flexibilidad en la movilidad de los estudiantes, definiciones en torno al papel de la primera infancia en la etapa escolar, ajustes institucionales y un mayor protagonismo del Ministerio de Educación y Cultura, van en el sentido adecuado para iniciar un proceso en serio de mejora de la calidad de la enseñanza.

Pero también hay otros planteos que llaman la atención. Por ejemplo, la creación de una Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas con un estatus de autonomía funcional e independencia técnica, pero dependiente de la Presidencia.

O artículos que podrían pasar desapercibidos como el que se refiere al derecho al olvido en búsquedas de internet, en servicios de redes sociales y medios digitales equivalentes, y que merecen toda la atención.

Esta “ley ómnibus” incluye propuestas que no revisten el carácter de urgente. Una de ellos, a modo de ejemplo, es la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Estamos recién en los prolegómenos de un respetable plan de reformas, puesta a discusión, que, como buen borrador que es, será ajustado en marzo en función de los cambios pertinentes que se recojan durante tres semanas, antes de su envío al Parlamento para su rápida aprobación.

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