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Las tres hipótesis que maneja la policía sobre el robo de armas a los efectivos

El director nacional de Policía, Mario Layera, afirmó que ninguna está confirmada pero inteligencia policial busca conexiones entre los casos
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07 de febrero de 2020 a las 11:54

La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional busca posibles conexiones entre las agresiones efectuadas a policías que, en lo que va del año, suman 78 entre las que se encuentran seis hurtos, 25 rapiñas, diez armas robadas y dos efectivos asesinados.

El director de la Policía, Mario Layera dijo que se trata de obtener información sobre si detrás de estos casos existen organizaciones de crimen organizado. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta el momento no demuestran conexiones entre los hechos, afirmó en entrevista con el programa radial Así nos va de radio Carve,

A pesar de eso, inteligencia policial maneja tres hipótesis tras los frecuentes robos que tienen como principal intención de los delincuentes hacerse con las armas y chalecos antibalas.

La primera y más fuerte de las hipótesis vincula a narcotraficantes uruguayos que pagan "importantes sumas de dinero" a delincuentes para asaltar a los agentes y quitarles sus armas. "Hay demanda por parte de narcotraficantes de obtener la pistola glock que utilizan los policías". 

Layera se refirió a esta situación el pasado 23 de enero y fuentes de la Fiscalía confirmaron a El Observador que en varias bocas de pasta base allanadas en los últimos meses se incautaron armas de policías y chalecos antibalas, por lo que este modus operandi fue descubierto en algunas investigaciones recientes.

El tráfico de armas hacia Brasil se maneja como la segunda hipótesis por parte de la policía. En este sentido, Layera dijo que algunas armas hurtadas en Uruguay fueron incautadas en Brasil. "Puede que se haya fortalecido la demanda a través de narcos y distribuidores de drogas para ser traficadas hacia Brasil", sostuvo.

Aunque esta hipótesis tampoco está confirmada, cobra fuerza con la investigación que realizó la Fiscalía de Estpefacientes el año pasado y que culminó en diciembre con cuatro personas imputadas por integrar la célula local del Primer Comando Capital (PCC) el grupo criminal más grande de Brasil, con cientos de delincuentes entre sus filas.

En la investigación liderada por la fiscal Mónica Ferrero, surgió de las escuchas que los delincuentes pretendían atacar a la policía para obtener chalecos y armas, según supo El Observador.

La última hipótesis que se investiga se vincula a la disminución de armas en el mercado negro a causa de la mayor incautación y destrucción realizada en 2019, ya que cerca de 7 mil armas fueron eliminadas el último año.

Layera atribuye una reducción en el tráfico interno debido a la aplicación de la ley de tráfico de armas que desde el año 2016 llevo a "controles firmes" y figuras penales vinculadas al tráfico ilícito. "Hay menos disposición de armas en el mercado para criminales y es un elemento por el que van a buscar a los policías y guardias de seguridad", puntualizó.

Vinculado a esto, Layera afirmó que hay un enfrentamiento "más importante entre traficantes" que perdieron armamento en las incautaciones de la policía y necesitan "defenderse de los ataques". 

Solución habitacional

Los problemas de vivienda de los policías, que muchas veces conviven con los delincuentes en un mismo barrio, es uno de los principales reclamos del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom). 

El secretario de organización del Sifpom, Ricardo González, aseguró que hay unos 1.200 funcionarios del área metropolitana que viven en "zonas rojas o conflictivas", por lo que esa es una de las preocupaciones de primer orden del gremio. 

Layera coincidió con el problema pero aclaró que aunque los criminales "aprovechan esas circunstancias", no reducirían su actuación al alejarse del barrio, De todas formas, comentó que se estudia otorgarles a los policías otras posibilidades de vivienda "para mejorar las condiciones de vivienda y en la seguridad".

"Es un tema que es complicado, de acción presupuestaria, y que se ha ido solucionando opero se tienen que estudiar medidas de fondo y la seguridad debe ser atendida", puntualizó.  

 

 

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