Lavado de activos en Uruguay: cuáles son las recomendaciones para mayores controles

La Comisión Especial con fines legislativos de transparencia, lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado recibió a una delegación de la Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) para intercambiar sobre ese informe de evaluación.

El secretario nacional de Senaclaft, Jorge Chediak, informó que está concluido y a la espera de validación de los participantes que fueron alrededor de 200.

El supervisor de la secretaría, Gustavo Misa, expuso ante los legisladores que el informe buscó identificar las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades de Uruguay ante el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. “La realidad del país sigue siendo la misma, aunque tiene importantes oportunidades de mejora, sobre todo, en la parte institucional, la parte de fortalecimiento de las instituciones que se ocupan de la prevención y la lucha contra el lavado de activos”, dijo.

Mencionó que Uruguay avanzó cuantitativamente en esa lucha con la creación de la Fiscalía Especializada, que empezó a trabajaren febrero.

Chediak comentó que una de las conclusiones del informe refiere a los automóviles de alta gama. “Se vuelve a señalar que somos atípicos en la región porque cada vez que se persigue alguna causa importante de delitos precedentes que culminan en lavado de activos, se comprueba que se terminan comprando al barrer automóviles de alta gama”, sostuvo.

Es por eso, expresó, que hay un recomendación de incluir como sujetos obligados a presentar reportes de posibles operaciones sospechosas a importadoras y revendedoras de automóviles. También mencionó otro sector que necesitaría mayor contralor. “A modo de intuición, habíamos vaticinado en el informe que sería bueno mejorar los controles de las inversiones inmobiliarias de alto coste”, dijo.

La delegación mencionó otros aspectos en los que trabajará la Senaclaft.

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Misa explicó que sobre fin de año se van a hacer cursos de capacitación para capacitadores. Agregó que el año próximo se intentará efectuar uno a nivel nacional, relacionado con la prevención y lucha contra el lavado de activos. Los capacitadores serán de Fiscalía, el Poder Judicial, Ministerio del Interior, Banco Central, la Senaclaft, la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección Nacional de Aduanas.

El supervisor indicó que dentro del diagnóstico realizado aparecen acciones recomendadas sobre lo que el país tendría que tender a hacer para mejorar el sistema antilavado. Complementó que entre otras acciones sugeridas va a haber una parte de modificación normativa relativa con racionalizar los sujetos obligados no financieros en cuanto al número y al tipo de sujeto obligado.

“Quizás debería irse un poco más hacia la especificidad y no tanto a que caiga como sujeto obligado por pertenecer a un núcleo, como por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro o los usuarios de zonas francas o explotadores o desarrollares. Esa va a ser una de las conclusiones y una de las acciones recomendadas que el país va a tener que tender a mejorar para cumplir precisamente con lo que fue la evaluación de riesgos”, expuso.

En ese sentido, mencionó que la idea es lograr una estructura autónoma para un organismo que tenga el objetivo de supervisar a todo el sistema financiero y no financiera y que tenga, además, una coordinación nacional. Ese planteo será realizado por la Senaclaft para la próxima Rendición de Cuentas.

El supervisor de la secretaría señaló que ese organismo debería tener la mayor autonomía posible y con el mayor presupuesto que se obtenga. “Va a ser un organismo con una estructura pesada, porque más allá de los 14 mil sujetos obligados no financieros, va a tener también toda la supervisión del sistema financiero, más el apoyo a la fiscalía especializada”, afirmó.

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