Las leyes con nombre y apellido son peligrosas porque implican legislar bajo una falsa generalidad o bajo argumentos engañosos. Las leyes de Presupuesto y Rendición de Cuentas son una excelente vía para canalizar interese de algunos grupos bajo pretextos de intereses generales. Pasa en todos los gobiernos que se incluyen gatos encerrados bajo el titulo de aditivos o simplemente como artículos que modifican otros anteriores y cuando alguien lo descubre se desata la polémica.
Exfiscal de Corte, Jorge Díaz
Inés Guimaraens 8 de octubre 2023 - 5:00hs
La “ley Díaz” que no incluye a Díaz
El texto finalmente aprobado, que ahora debe volver a Diputados para convertirse en ley, establece que el fiscal de Corte y el fiscal adjunto de Corte estarán inhibidos por tres años, desde su cese, de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, como abogados. A su vez, los fiscales penales estarán inhibidos por un año en ejercer la abogacía penal.
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El proyecto presentado por Cabildo Abierto y en concreto por el senador Guillermo Domenech está motivado en las quejas que la Asociación de Penalistas ha formulado sobre el accionar del exfiscal de Corte Jorge Díaz que pasó a ejercer como penalista y a competirles. Los penalistas, muchos de ellos de la vieja guardia que llevan años adaptándose al nuevo proceso, ven que el ahora colega corre con ventaja en algunas cosas porque tiene un conocimiento del sistema mayor.
Domenech planteó que fue jefe de los fiscales "y ahora comparece ante los mismos fiscales que él promovió o con los que estuvo trabajando, como contraparte, compitiendo con profesionales que no tienen las vinculaciones por haber estado en la Fiscalía”. En tanto, el penalista Juan Fagúnez dijo a La Diaria que hay “colegas” que les transmitieron “ejemplos bastante llamativos en temas de velocidad o decisiones”, dando a entender que tiene influencia sobre algunos fiscales.
De todos modos, como la ley no puede ser retroactiva, lo aprobado no comprenderá a Díaz ni evitará esas situaciones que plantean.
La ley desató además un conflicto sindical de los fiscales que este jueves se reunieron en asamblea y decidieron que no atenderán más a los abogados defensores y solo atender los casos de flagrancia. Además hablaron de que existe “hostigamiento y acoso” de parte del sistema político y que la ley es inconstitucional.
Al respecto ya opinaron varios constitucionalistas y salieron a flote las “dos bibliotecas”. Mientras que el diputado Eduardo Lust que es constitucionalista y Daniel Ochs entienden que no hay razones de interés general para limitarle a un sector el derecho a trabajar, Martin Risso opinó que sí lo hay y que son situaciones habituales en empresas cuando se termina un contrato un trabajador se compromete a no hacer actividades competitivas con otras empresas.
Pero el argumento que parece irrebatible es que se incluyó en una ley de Rendición de Cuentas un cambio en el estatuto de los funcionarios fiscales, lo que implica que son disposiciones que exceden al mandato de gobierno, o su ejecución, lo que viola el 216 de la Constitución, como lo planteó Ochs en La Diaria.
Foto: Leonardo Carreño.
Olvidos varios
La primera pregunta que uno se hace cuando se leen los artículos es ¿y los jueces? ¿Si los fiscales estarán inhibidos de ejercer penal por qué los jueces no lo estarán?
Es cierto que hoy los fiscales tienen otro protagonismo porque son los que llevan adelante las investigaciones pero los jueces son los que toman las decisiones y los que juzgan. Son los encargados de controlar que la tarea de los fiscales esté ajustada a derecho, que no cometan excesos o manden preso a alguien con falta de pruebas. No se entiende por qué razón no están incluidos.
Y tampoco se entiende por qué razón si se los inhibe de ejercer penal no se los inhibe para la actividad política. En un país tan partidizado como este, donde no hace falta rascar mucho para conocer “el corazoncito” partidario de jueces y fiscales a la hora de plantear inhibiciones daría garantías que no pudieran salir corriendo a la actividad política.
Esto lo planteó el actual fiscal de Corte, Juan Gómez, quien dijo que quiere promover una norma que también impida a los fiscales titulares que se dediquen públicamente a la actividad política, por determinado plazo. “Eso haría bien a un Estado de derecho con el cual uno sueña y pretende”, dijo.
En los últimos años no han faltado ejemplos de fiscales o jueces que se han pasado a la actividad política ni bien dejaron su cargo, o que cumplieron alguna función pública que alternaron con la magistratura. El diputado colorado Gustavo Zubía renunció en mayo de 2018 y meses después empezó la carrera política. El exministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, se jubiló en setiembre de 2019 del Poder Judicial al cumplir diez años en el cargo de la Corte y en febrero de 2020 se anunció que asumiría al frente de la Secretaría Antilavado.
La exfiscal Darviña Viera, que tuvo a su cargo la Operación Océano, ya ha salido en actos partidarios apoyando la candidatura de Yamandú Orsi. Se habla de que la fiscal Gabriela Fossati, que tuvo el caso Astesiano, militará en filas nacionalistas y ella no lo ha descartado. Otros fiscales intercalaron su función con cargos públicos, como Carlos Negro que ocupó un cargo en el Ministerio de Educación y Cultura en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, o Fernando Romano que trabajó en Asuntos Internos del Ministerio del Interior.
Dos años después de renunciar Jorge Díaz, el único que se ha pasado a ejercer como penalista, ha empezado a expresar explícitamente su adhesión ideológica al Frente Amplio y ha dejado la puerta abierta a algo que es vox populi y es que asumirá algún cargo en el próximo gobierno si gana la izquierda.
Si los fiscales que dejan el cargo están impedidos de ejercer la abogacía penal pero no la política se los terminará incentivando a que se pasen a filas partidarias y más allá de que tienen todo el derecho a hacerlo no parece sano que el Ministerio Público o el Poder Judicial sirvan de trampolín para una carrera política. Por eso, resulta necesario que un aspecto de la carrera de los fiscales no se legisle al voleo en un aditivo de la ley de Rendición de Cuentas sino que se discuta en serio.
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