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Los colegas de Michelle Suárez condenan su accionar
El Colegio de Abogados del Uruguay emitió un comunicado este viernes en el que condena las acciones de la exsenadora Michelle Suárez, procesada con prisión domiciliaria este jueves por cuatro delitos de falsificación, un delito de estafa y falsificación de documento privado.
En el texto, el gremio señala que "tales acciones merecen la más fuerte condena y rechazo" puesto que "dañan no solo a los derechos de los justiciables comprendidos" sino que "afectan seriamente la dignidad del ejercicio" de la profesión.
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El juez Marcos Seijas pudo probar que Suárez falsificó la firma de sus clientes en al menos dos expedientes, uno en un juicio por el que un padre perdió la patria potestad de su hija y el otro en el que falsificó la firma de una clienta que se cambió de sexo. Los cuatro delitos de falsificación que fueron solicitados por la fiscal del caso Sylvia Mascaró refieren a las firmas que falsificó en el expediente de la patria potestad en que fraguó la firma del padre de la niña y de su socia. Además, la fiscal pidió imputarle estafa por entender que con esa actitud engañó al Estado en juicios basados en documentos falsos.
Resta todavía confirmar si Suárez también adulteró unos certificados médicos en una cusa de desalojo.
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En el comunicado publicado por el Colegio de Abogados también se señala que un caso como el del Suárez "se sufre la ausencia" en el ordenamiento jurídico de una colegiación pública de la abogacía, "que la gran mayoría de los países han adoptado desde hace décadas y que debe ser creada por ley, de modo de permitir el control ético por los pares y la sanción efectiva de conductas reprochables como las confesadas" por la ex senadora.
Uruguay es el único organismo que no tiene un colegiado público, por lo que el Colegio de Abogados es una organización privada a la que los profesionales pueden adherirse voluntariamente.
A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con los médicos, no existe una norma que legisle la colegiación de los abogados. Quien lleva el registro de esos profesionales es la Suprema Corte de Justicia (SCJ), organismo ante el cual los abogados recién recibidos tienen que jurar para poder comenzar a ejercer.
