Un ejemplo sobre esto se dio el pasado 6 de julio cuando el juez de turno Tabaré Erramuspe debió decidir la situación penal del hombre que asaltó un supermercado en Buceo (Rivera y Luis Alberto de Herrera) y tomó de rehén a una cajera. Concentrado en el ilícito que se cometió ese día, el magistrado procesó al delincuente por un delito de copamiento y logró relacionarlo con una rapiña que cometió en otro comercio.
Sin embargo, la Policía tenía indicios de que el delincuente había cometido al menos otras tres rapiñas a comercios de la zona en semanas anteriores. Erramuspe, que no se encontraba de turno cuando estas ocurrieron, no contaba, por tanto, con elementos suficientes para dar por resueltos los cinco crímenes.
De esta forma, si bien fue procesado por el delito de mayor gravedad, en los hechos solo se resolvieron dos de esos casos.
Para la Policía esa es una de las principales razones por las que son tan pocas las denuncias de rapiñas que terminan con un procesamiento. En 2015 (último dato con el que cuenta el Poder Judicial) de las 19.432 denuncias que se realizaron, 960 terminaron con al menos una persona procesada, lo que significa el 4,3% de los casos. Con los hurtos ocurre lo mismo: solo el 3,5% de las denuncias terminaron en procesamientos.
Además, según dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en una entrevista concedida a TV Ciudad el pasado 22 de julio, "existen delitos que están conectados unos con otros", pero que por la forma de trabajar de la Justicia se tratan de manera individual, lo que evita identificar organizaciones delictivas.
Para la Policía, esto cambiará una vez que los fiscales pasen a liderar la investigación y se creen las fiscalías especializadas en Montevideo, donde suceden la mayoría de los delitos. Habrá una fiscalía especializada en homicidios (a cargo de Juan Gómez), una de drogas (a cargo de Mónica Ferrero), otra de delitos económicos y corrupción (a cargo de Enrique Rodríguez), otra de delitos sexuales o de género (que serán indagados por Mariela Luzzi y Jacqueline Castelli), y de violaciones a los Derechos Humanos (a cargo de Ana Tellechea).
Según explicó Marquisá, al concentrarse los casos por tipo de delito, se podrán analizar "fenómenos criminales" en lugar de resolver en casos aislados como lo hace actualmente la Justicia. "Un hurto de celular puede ser un caso aislado, pero si el hurto se produce a escala diferente en determinada circunscripción puedo darme cuenta que detrás de un fenómeno criminal, hay un grupo que piensa en esos crímenes", señaló la fiscal.
Además, Marquisá contó que se espera que las fiscalías puedan trabajar en conjunto en aquellos casos que lo requieran por la complejidad. Así por ejemplo, la fiscalía especializada en drogas aunque actúa en Montevideo puede trabajar junto a otra fiscalía del interior si el caso lo justifica. Actualmente esto no ocurre, porque los jueces no pueden meterse en la materia que es competencia de otro juzgado.
También se pretende que las fiscalías prioricen casos según su "gravedad e impacto". Según dijo el fiscal de Corte, Jorge Díaz, en una conferencia en ADM, la forma en que se priorizan los casos depende del operador que esté a cargo, por lo que "se produce una priorización negativa, porque lo que se hace primero es lo más fácil, que generalmente no es lo más grave ni lo que tiene más impacto".
"Aspiramos a que exista priorización porque es una utopía pensar que corremos todos al mismo tiempo a cubrir todos los espacios de la cancha", afirmó el fiscal. Por ejemplo, Díaz dijo que en Uruguay no se priorizan los delitos sexuales, sino los delitos contra la propiedad porque son más fáciles.
Cortocircuitos con la Policía
Durante los siete días en que está de turno, cada juez puede recibir entre 30 y 100 llamadas de la policía para ponerlo en conocimiento sobre homicidios, rapiñas, enfrentamientos con lesionados, hurtos, y un largo etcétera. Esas comunicaciones, que pueden producirse en cualquier momento del día, incluso durante la madrugada, a veces reportan información que poco tiene que ver con la competencia penal.
Un hombre que se cae de la bicicleta porque pisa un pozo en la vía pública, un perro que persigue a un gato y genera un problema entre vecinos, un policía que se aprieta el dedo con la puerta del móvil policial, y la lista sigue. Según dijo a El Observador un magistrado que pidió no ser nombrada, llamadas de este tipo son frecuentes durante un turno.
"Somos muchos los magistrados penales que nos preguntamos si las decenas de llamados absurdos de la Policía, cuando estamos de turno, es una especie de broma con la cual se divierten o es inidoneidad para el cargo que ocupan. O es una especie de artimaña para dejar mal parado al Ministro del Interior, que, como sabemos, siempre está muy mal asesorado por su personal. Muchísimas las preguntas, muchas", escribió en su cuenta de Facebook la jueza Ana de Salterain.
Por esa publicación la magistrada se ganó un rezongo de la Suprema Corte y tuvo que pedir disculpas a Bonomi. En un tono más amistoso aclaró: "Ante diversas y reiteradas carencias de los integrantes de diversas seccionales policiales –la mayoría no intencionales sin dudas, sino por falta de preparación y capacitación– vertí mi opinión personal en mi página de Facebook privada, lo que admito no fue la vía que correspondía".
Según admitieron varios magistrados penales a El Observador, frecuentemente reciben comunicaciones de situaciones sobre las que no tienen competencia. En algunos casos, les recomiendan llamar a un juez con competencia, si se trata de una falta por ejemplo, y en otro simplemente se dan por enterados ya que no existe acción judicial posible.
Sin embargo, los jueces reconocen que la Policía está obligada por protocolo a hacer ese tipo de reportes. El juez penal Ricardo Miguez contó que, por ejemplo, si un ciclista se lesiona en la calle o un móvil policial choca, se lo reportan, incluso cuando no es posible establecer responsabilidades penales. Explicó que la Policía tiene la obligación por protocolo de informarlo al juez, aunque este no pueda hacer nada al respecto.
Ante la pregunta de si es algo que se podría modificar, Míguez admitió: "Sí, pero no depende de nosotros".
Ese es otro punto que cambiará con la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal.
Cuando los fiscales estén a cargo de las investigaciones serán ellos quienes estén en contacto con la Policía y les den las órdenes a los uniformados. Las denuncias llegarán directamente al Sistema de Información de Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (Sippau), un software que opera la fiscalía junto al Ministerio del Interior y el Poder Judicial, en el que además centralizarán todas las actuaciones de la investigación.
Cortocircuitos entre el Ministerio del Interior y la Justicia
Homicidio de una testigo
El 9 de mayo una joven que había sido testigo en un caso de homicidio fue asesinada como represalia por dar su testimonio a la Justicia. El caso generó un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, quienes aportaron versiones opuestas sobre quién había decidido dar por finalizada la custodia policial que la joven había solicitado porque temía por su vida. Para el Ministerio del Interior, es claro que el juez Ricardo Míguez dio la orden para retirar la custodia debido a que la mujer se había mudado sin previo aviso. Sin embargo, el juez lo negó cuando la Suprema Corte le pidió que diera explicaciones sobre su actuación. Finalmente la Suprema Corte respaldó al magistrado, y el Ministerio del Interior respaldó la acción de la Policía.
Investigación por Facebook
Durante la investigación del caso de la muerte del policía Wilson Coronel, asesinado durante una rapiña a una pizzería en Pocitos, la Policía detuvo a un joven al cual vinculó con el caso luego de que este publicara en su cuenta de Facebook que había ganado una suma idéntica a la hurtada "en una sola noche". Después de pasar 48 horas detenido y sin que surgiera ninguna prueba que lo relacionara con el crimen, la Justica resolvió dejarlo en libertad. Además, el detenido logró demostrar que estaba trabajando en el momento en que se cometió el crimen. Finalmente la Policía dio con el verdadero asesino de Coronel y lo procesó con prisión como presunto autor penalmente responsable de tres delitos de homicidio.
Pruebas e impunidad
En 2016 la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio del Interior se enfrentaron por un caso de una rapiña en la que la jueza Beatriz Larrieu decidió dejar en libertad al conductor de un vehículo que usaron los delincuentes para fugar de la escena del crimen, a pesar de quedar grabado por las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior. La cartera criticó a la Justicia por no utilizar las imágenes proporcionadas por el sistema de videovigilancia, y por establecer un delito de "hurto especialmente agravado" a otro de los delincuentes, cuando a su entender hubo coautoría de la rapiña y asociación para delinquir. Para la jueza, las imágenes no permitían identificar al conductor del vehículo.
