Defensores de oficio fueron a pedir ayuda al Parlamento.

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Los pobres tienen un "servicio nefasto" en la Justicia: hay 285 defensores públicos para más de 200 mil consultas al año

Son 285 para más de 200 mil consultas al año, lo que deriva en un “servicio nefasto”; piden ayuda al Parlamento
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18 de julio de 2022 a las 05:00

En todo el país hay 285 defensores públicos. Por año, deben asistir más de 200 mil consultas legales por parte de personas que, sin recursos, no pueden afrontar el pago de un patrocinante privado. La cuenta es simple y se traduce en que cada abogado debería técnicamente afrontar poco más de 700 asuntos por si solo en ese período. Casi dos por día. Una situación que deriva en un servicio “nefasto” y que pone en estado “crítico” a la defensoría, que tiene el “casi monopolio” del patrocinio legal en materia penal y de familia, con el 90% de los casos totales. 

Así lo denunciaron ante el Parlamento los propios defensores de oficio, que fueron allí a pedir ayuda. Sobre todo, por un aspecto planteado por una de sus representantes, Carolina Camilo. “Teniendo a la vista el proyecto de Rendición de Cuentas, nuevamente tenemos que venir a sentarnos acá a decir que la defensa pública no tiene ningún artículo que refiera a sus recursos”, lamentó.  Para la abogada a los diputados no les puede resultar una novedad que una serie de leyes aprobadas en los últimos años han impactado en el sistema y en los procesos judiciales, sin que se hayan otorgado recursos para su implementación. 

Camilo puso como ejemplo el Código del Proceso Penal vigente desde fines de 2017, la ley sobre Violencia de Género, las modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia o la nueva ley de Salud Mental.  El pedido para esta Rendición de Cuentas, no contemplado por el Poder Ejecutivo, es claro: poder contar con más cargos. Según la abogada, al arranque del nuevo proceso se habían solicitado 116 nuevos funcionarios, pero solo se otorgaron poco más de 50. Para la implementación de las normas sobre género, solo se se pudo contar con tres defensores, cuando la misma ley señala que se debe contar con un patrocinante para la víctima, para el agresor y para los niños. 

Según Camilo, tres nuevos defensores fueron otorgados tras la reciente inauguración de las sedes de Género en la ciudad de San Carlos. Fueron los únicos, aclaró, desde 2018.  “Venimos a solicitar más cargos porque, obviamente, estamos brindando un servicio nefasto, y eso lo tienen que saber”, dijo. El impacto directo, apuntó, es sobre sus defendidos, que por no tener recursos no pueden acceder a un defensor que les dé el tiempo que merecen y que pueda ejercer un efectivo planteo ante el juez. En ese marco, Camilo exhortó a los diputados a comenzar a saldar la “deuda histórica” que el sistema político tiene con respecto al acceso a la Justicia para personas vulnerables. 

Castigados

El reclamo de los defensores de oficio pasa por la “discriminación” que sufren en términos presupuestales con respecto a los fiscales, sus “contrincantes” en el proceso adversarial. Camilo respaldó el fortalecimiento del Ministerio Público pero sostuvo que debe ir acompañado por el mismo fortalecimiento en “la otra pata del sistema”. 

Así, el artículo 373 de la Rendición de Cuentas crea, por ejemplo, una fiscalía especializada en Lavado de Activos. Camilo se preguntó cómo se piensa que funcionará esa sede si, en tres de cada nueve asuntos, el fiscal necesitará de un defensor público. La defensora también aseguró que sus colegas han sido “castigados” a nivel salarial con respecto a los magistrados y planteó su “sorpresa” ante el artículo 13 del mensaje presupuestal, que regula la certificaciones médicas de los funcionarios públicos. 

Camilo reparó al respecto que, a diferencia de jueces y fiscales, los defensores quedarán incluidos en el nuevo régimen, pese a no contar con suplentes ni licencias tan extendidas como el resto del sistema. "Se nos castiga por enfermarnos, porque nos enfrentamos muchas veces a  una sobrecarga de trabajo”, indicó.  Allí le pidió a los legisladores que el colectivo sea también incluido en la excepción prevista. 

El planteo fue refrendado por su colega Gabriela Machado. “Todo el mundo va a favor de una defensa pública independiente y fortalecida, porque es la única herramienta posible para acceder al ejercicio de un derecho”, señaló. “Podemos tener normas muy buenas y procesos excelentes, pero si no dotamos a las personas de los mecanismos para ejercer esos derechos, todo eso queda solo en el papel. No se puede hacer una consulta en cinco minutos, como está pasando”. Así, con un “montón de leyes” que piden la presencia de una defensor, dijo, no existen los recursos humanos suficientes para que los defendidos llegan ante un juez con el debido asesoramiento y estudio de cada caso. 

Entrevistado por En Perspectiva en marzo de este año el presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, Joaquín Gamba, había estimado que se necesitaban unos 112 nuevos funcionarios. Eso, indicó, representaría un costo de unos US$ 5,5 millones anuales. 

Gambia recordó que el pedido ya había sido efectuado en la pasada Rendición de Cuentas, pero el Poder Ejecutivo eludió otorgar ningún recurso. 

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