La confusión deriva en decisiones poco fundadas y peor, en desconfianza
Los miles de presos que van a salir al otro día del referéndum si se aprueba el Sí. La educación que se privatizará si gana el NO. La vuelta a una forma de gobernar la educación que no se ve desde la época soviética, si gana el Sí. ¿Y las comparsas que no podrán salir por las calles si gana el No?
Todo lo anterior no surge de afirmaciones de trolls en redes sociales. Parte de jerarcas y militantes que oficialmente hacen campaña por el Sí y por el No.
Las campañas electorales son tradicionalmente campos de batallas sangrientos, pero el de esta que desembocará en el referéndum del 27 de marzo -en el que se decidirá si se derogan o no 135 artículos de la Ley de Urgente de Consideración aprobada por el gobierno de coalición, con el apoyo de la oposición en ciertos artículos- es particularmente peligroso, plagado de minas que si no explotan ahora quedarán por ahí como un riesgo permanente, en este caso a la democracia y a la credibilidad de la clase política, que ya viene castigada.
En otras épocas, las mentiras, media verdades, manipulaciones y otras jugarretas también existían en campaña electoral, pero tenían mucho menos difusión que lo que ahora logran, sobre todo a través de redes sociales y sistemas de mensajería -como Whatsapp-, a través de las cuales se difunden sin explicaciones, sin contexto y sin ninguna información de calidad que ayude al ciudadano a decidir a conciencia lo que votará en pocos días. Parece una exageración comparar la desinformación que abunda sobre la invasión rusa a Ucrania con lo que está padeciendo en los días previos a un evento que siempre enriquece a una democracia. Pero los mecanismos son peligrosamente similares. Confundir para convencer, mentir para definir posturas, extrapolar para generar fundamentalismos. No importa qué papeleta votes, es casi seguro que considerás que la herramienta del referéndum es uno de los muchos puntales que fortalecen a nuestro sistema. Sin embargo, la (des)información que eligen algunos dirigentes y jerarcas de primer nivel tanto de la oposición como de la coalición, sumada a las mentiras y medias verdades de las publicidades, al griterío -orgánico y pago- de las redes sociales y a las interpretaciones de todo lo que podría pasar si gana el Sí o si gana el No, no hacen más que confundir a una población que en buena parte tiene enormes dudas sobre qué se está votando, para empezar.
“Señor, se acaba de derogar la LUC y la pena que lo llevaba a mantenerse preso para ser reinsertado en la sociedad, hoy cayó”. Eso fue lo que el ministro del Interior dijo que habría que decirle a los presos que quedarían libres si se vota el Sí. Era setiembre de 2021 y en un desayuno de una organización empresarial, agregó: “Si se llega a derogar, vamos a sacarle protección a la policía y vamos a tener que sacar presos”. Se refería al mecanismo de las salidas anticipadas, que ya existía antes de la LUC pero que no podía aplicarse para delitos graves como violación, abuso sexual y atentado violento al pudor u homicidio. La LUC suma la imposibilidad de salida anticipada para los delincuentes que cometan rapiña, copamiento y extorsión, entre otros delitos, pero en cualquier caso una decisión de este tipo la toma un juez y no suele ser analizada superficialmente. Los delitos no “caen”.
En el primer spot publicitario de la Comisión Pro Referéndum, que comienza con la frase “No voy a mentir para ganar un voto más”, también se afirma “No voy a dejar que privaticen la escuela pública a la que van mis hijos”. En ninguno de los 135 artículos que se pretenden derogar se establece la privatización de la educación y no hay interpretación posible, incluso tirada de los pelos, que lleve a esta conclusión.
En estos meses hubo demasiados tropezones, demasiados bolazos, demasiada zaraza y, lo peor, demasiada mentira de ambos bandos. Buena parte de lo que pasó o lo que no pasó en Uruguay en estos últimos meses es culpa de la LUC o gracias a la LUC. Así planteadas las cosas podría dar risa, pero -de nuevo- la confusión deriva en decisiones poco fundadas y, lo que podría ser peor, en desconfianza.
“Hay una parte de la campaña del No que es tratarnos de mentirosos y colocarnos en la duda. Eso lo tenemos que corregir y que ninguna placa nuestra se pueda prestar para doble interpretación”, dijo Fernando Pereira en febrero, luego de que el gobierno le reprochara a los promotores del referéndum por decir “mentiras”. En esos días la cuenta en Twitter de la Comisión por el Sí publicó este mensaje: “¿Sabías que con la LUC no podés protestar si te despiden injustamente, o si te bajan el sueldo? Las causas justas se defienden con la verdad”. El posteo luego fue borrado porque ese tema no está incluido en la ley ómnibus votada en 2021.
La Comisión Pro Referéndum también había manifestado su rechazo a los “argumentos falsos”, luego de las declaraciones de Heber. No es casualidad que haya un importante porcentaje de indecisos de cara a este referéndum. Una explicación razonable es que es una materia difícil de entender y demasiado amplia; en los 135 artículos de la LUC se abarcan temas de seguridad, de educación, de relaciones laborales y más, en un lenguaje jurídico difícil de digerir para la mayoría de los ciudadanos, más allá de su nivel de educación y análisis.
Los indecisos están entre 20 y el 18% de los votantes según las diferentes empresas de opinión pública, un porcentaje mayor que el que suele preceder instancias electorales (entre 10% y 15%).
La instalación de la mentira o de la media verdad también supone una subestimación del ciudadano. A juzgar por el nivel rastrero de debate al que estamos asistiendo, parecería que ni el Sí ni el No se puede ganar con la verdad.
De la mentira no se vuelve, sobre todo en una época en que lo se hizo “viral” se hace “verdad”, sólo porque alguna vez se dijo. Muchos no se enterarán que alguien explicó luego que no era tan así, o que borraron una placa con un mensaje errado o confuso. Y los que se enteren sumarán una cuota más de desconfianza.