Lust, Zubía, Colman: la fórmula para estudiar los problemas jurídicos que no abordó la LUC

Tienen interés en estudiar la expansión de los procesos abreviados y proponer que la Justicia tenga más protagonismo en ellos

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07 de abril de 2022 a las 05:01

"Antes había procesados sin condena y ahora hay procesados sin juicio", resumió el diputado del Partido Colorado Gustavo Zubía, haciendo suyas las palabras que pronunció el experto Eugenio Zaffaroni en un curso en la Suprema Corte de Justicia tiempo atrás.

Por eso, junto al nacionalista Mario Colman y el cabildante Eduardo Lust, decidieron instalar una comisión que aborde los aspectos judiciales que no abordó la ley de urgente consideración, legislación que según Zubía se abocó más a la parte policial.

La comisión, que decidieron formar cada uno a título personal, funcionará dos años. Este primer año abordarán los aspectos técnicos de la materia y citarán a actores judiciales para que den su parecer y hagan sugerencias, y el segundo año se dedicarán a buscar apoyos políticos para proponer las modificaciones necesarias.

Zubía destacó a El Observador que se enfocarán principalmente en el Código del Proceso Penal y puntualmente en la extensión de los acuerdos abreviados, que hoy significan un 85% de las condenas del país. "No es fácil de tocar porque articula el funcionamiento de la fiscalía y la fiscalía carece de recursos, pero al fin y al cabo es un regateo", señaló.

¿Cómo funciona el proceso abreviado?

Este procedimiento implica que el imputado acepta los hechos que se le imputan y los antecedentes de la investigación y puede aplicarse desde la formalización hasta el momento en el que el fiscal realiza la acusación o pide al juez el sobreseimiento. A raíz de esa aceptación, el fiscal calcula una pena que puede ser disminuida hasta en un tercio -aunque no menor a la mínima prevista por la ley para ese delito-. Puede utilizarse siempre y cuando se tipifique un delito con cuatro años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad, a excepción del homicidio con circunstancias agravantes especiales o agravantes muy especiales.

Luego ese acuerdo entre las dos partes -Fiscalía e imputado- se homologa ante el juez, que se cerciora que se hayan cumplido todas las garantías y que el imputado entienda que con este acuerdo está admitiendo su culpabilidad. Este proceso es irreversible, es decir, no tiene instancia apelatoria posible.

El juez dicta sentencia en esa misma audiencia y no puede imponer una pena mayor a la solicitada por Fiscalía. Si la víctima estuviera presente, sería oída en esa instancia. De no estarlo, sería luego notificada de lo resuelto

La propuesta que tienen los diputados es que haya mayor control de la sede judicial sobre el acuerdo y no sea un mero homologador de sentencias. "No es fácil tocar un método que, por ágil y no por bueno permite solventar a los fiscales el trabajo enorme que tienen", expuso el legislador y exfiscal de la Nación. Esto, advirtió, iría acompañado de un estudio de los recursos de la Fiscalía y la posibilidad de un aumento, puesto que la saturación de muchas sedes del país se encuentran en una situación de mucha exigencia.

Por otra parte, pretenden reformar las instrucciones generales de la Fiscalía (normativa que delimita sus cometidos). Principalmente un punto que refiere a una eventual "negociación" entre las partes.

Si bien inicialmente lo estudiarán Colman, Zubía y Lust, pretenden trasladar los planteos al Frente Amplio una vez hayan llegado a conclusiones preliminares.

El diputado colorado, aparte y en forma personal, pretende plantear sus reparos sobre otros aspectos como la valoración de la prueba en el proceso judicial, especialmente a la luz de la ley de violencia de género. Esta normativa, dice Zubía, insiste en utilizar para ello "la perspectiva de género" y se infiere que "unos testimonios valen más que otros".